En la historia de la humanidad, las pandemias no son un fenómeno nuevo. Las más letales han sido, en orden decreciente, la viruela, el sarampión, la gripe de 1918 (conocida como “gripe española”), la peste negra y el sida. Sin embargo, la pandemia de covid-19 ha resultado un fenómeno sin precedentes por su alcance e impacto, pero sobre todo por las respuestas para enfrentarlo. ¿Qué lo hace diferente de otras pandemias? ¿Cuáles son sus efectos en Latinoamérica? En enero de 2020, el covid-19 fue declarado emergencia de salud global, el nivel más alto de alerta de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional.
En marzo, tras su rápida expansión y la multiplicación de contagios y muertes en Asia, Europa, América y África, la Organización Mundial de la Salud (oms) decretó la primera pandemia por coronavirus. A finales de abril de 2020, el Centro de Recursos para el Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins informó que, oficialmente, había más de 3 millones de personas contagiadas y más de 230 000 muertes confirmadas en el mundo. Y más allá de los efectos en la salud, la pandemia tiene también consecuencias socioeconómicas y políticas cuyo alcance aún desconocemos.
El covid-19 se presentó en un entorno internacional caracterizado por la globalización, el libre comercio y el multilateralismo. Las actividades comerciales y laborales, las relaciones entre países y el desplazamiento de personas que producen estos fenómenos han servido como telón de fondo para la propagación del virus y para compartir los conocimientos adquiridos, pero también se han puesto en entredicho algunas certezas.
En efecto, los avances científicos, las nuevas tecnologías, la cooperación multilateral y el papel de organismos internacionales, como la oms, han permitido saber que el covid-19 implica mayores riesgos para determinados grupos de la población (ancianos, personas con problemas respiratorios, etc.), pero puede contagiar a todos sin distinciones. Se trata de un virus muy contagioso para el que no existe inmunidad ni vacuna, y cuya velocidad de difusión satura rápidamente las estructuras sanitarias, así como las sociales y económicas. Ante estos hechos, hemos asistido al retorno del protagonismo de los Estados. En diversos grados, las medidas adoptadas por los gobiernos afectados incluyen el distanciamiento social y el decreto de cuarentenas, el cierre de fronteras y la paralización de actividades productivas no esenciales. Como corolario, más de 3000 millones de personas han sido obligadas a permanecer en sus casas y se calcula que la economía mundial tendrá los peores resultados desde la Gran Depresión.
la pandemia del coronavirus está mostrando también otros problemas de nuestro tiempo, como las profundas desigualdades internacionales y las capacidades diferentes de los Estados para enfrentar la crisis.
Los efectos económicos, políticos y sociales de este fenómeno son inéditos y se acentúan por el escenario mundial en el que se registran. El covid-19 surgió en el contexto posterior a la crisis económica de 2008, que se caracteriza por disputas geopolíticas y una guerra comercial entre las dos mayores economías mundiales: China y Estados Unidos. Ambas superpotencias han agudizado sus tensiones y libran una batalla retórica que incluye el cruce de acusaciones sobre el origen del virus, además de la lucha por el liderazgo mundial. China practica una “diplomacia del coronavirus” o “diplomacia de las mascarillas”, es decir, envía personal médico y material sanitario para que los países más afectados enfrenten la crisis. Por su parte, Estados Unidos, al margen de crear algunos fondos de emergencia humanitaria y asistencia médica, ha cuestionado el papel de la OMS. Tales cuestionamientos, así como las “sentidas disculpas” ofrecidas por la Unión Europea por la falta de respuestas y solidaridad con países como Italia, son síntomas de la profunda crisis del multilateralismo. Asimismo, la ausencia de líderes que coordinen medidas comunes, la competencia por recursos y la formulación de respuestas nacionales a la pandemia pueden dar lugar a la proliferación de extremismos y nacionalismos. La pandemia del coronavirus está mostrando también otros problemas de nuestro tiempo, como las profundas desigualdades internacionales y las capacidades diferentes de los Estados para enfrentar la crisis. Además, factores como el miedo, la desconfianza, el uso reiterado de una retórica de tono belicista, así como las medidas restrictivas y de vigilancia impuestas por los gobiernos pueden favorecer el avance de autoritarismos que atenten contra la democracia y restrinjan los derechos de los ciudadanos.
Los vínculos del covid-19 con el modelo de producción capitalista y fenómenos como el cambio climático han puesto también en evidencia el carácter multidimensional de esta crisis que no es solo sanitaria, sino también económica, política, social, ambiental y ética. Ante la certeza de que el mundo no será el mismo después del coronavirus, estudiosos de todos los campos intentan comprender el fenómeno, considerado la “guerra de nuestro tiempo”, y ofrecer explicaciones de distinta naturaleza que imaginan un mundo mejor o peor. En este contexto, es primordial reflexionar sobre la realidad latinoamericana, y analizar los efectos de la pandemia en la región, así como las lecciones que se pueden extraer de esta experiencia y algunos de los principales desafíos que sobrevendrán a la pandemia.
LATINOAMÉRICA ANTE LA PANDEMIA
El primer caso de covid-19 en Latinoamérica se registró en Brasil el 26 de febrero de 2020, mientras que la primera muerte ocurrió en Argentina el 7 de marzo. A finales de abril, la mayor parte de la región se encontraba en la fase de transmisión comunitaria de la pandemia, con más de 200 000 infectados y más de 10 000 muertes. Al margen de las cifras, la pandemia ha traído consecuencias dramáticas, como en Ecuador, con el colapso del sistema sanitario y funerario de Guayaquil. Sin embargo, el escenario regional es diversificado en varios sentidos. Si bien la mayor parte de los gobiernos de la región, salvo Nicaragua, ha seguido las recomendaciones de la OMS, ha decretado el estado de emergencia y ha impuesto reglas como el distanciamiento social, la suspensión de actividades no esenciales y el cierre de fronteras, la adhesión a estas medidas no ha estado exenta de conflictos. En México, pese a que la OMS elogió la adopción de medidas preventivas, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó en un primer momento la gravedad de la situación y decretó la emergencia sanitaria apenas a finales de marzo de 2020, tras el avance de la pandemia y por las fuertes críticas de la oposición. Por otro lado, el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, cuestionó las medidas de excepción decretadas por las autoridades locales y ha descalificado reiteradamente la gravedad del coronavirus, al tiempo que participa en manifestaciones y realiza llamados públicos a romper la cuarentena en nombre de la economía. Las posiciones de ambos mandatarios han generado disputas internas con las autoridades locales y otros efectos políticos como, por ejemplo, la ruptura con una parte de sus bases de apoyo o la división de la opinión pública, también estimulada por la diseminación de noticias falsas en las redes sociales. En Chile, en un contexto muy polarizado, el gobierno trasladó a octubre de 2020 el plebiscito nacional para iniciar un proceso constituyente, inicialmente previsto para abril de 2020. Entre tanto, Bolivia aplazó las elecciones presidenciales previstas para mayo, luego de la repentina renuncia y salida del país de Evo Morales en noviembre de 2019.
Las relativamente recientes y aún frágiles democracias latinoamericanas tampoco están libres de las amenazas que la pandemia supone para este sistema. En medio de la expansión del coronavirus, países como Bolivia, Chile, Ecuador y El Salvador adoptaron la retórica belicista en uso y aprobaron estados de excepción o medidas que suspenden temporalmente la protección constitucional de algunos derechos fundamentales. Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch, han denunciado la violación de libertades y garantías constitucionales. Al mismo tiempo, países como Perú o Ecuador optaron por la militarización de la respuesta al covid-19, y establecieron políticas de control y vigilancia por geolocalización. Si bien algunas de estas medidas se entienden en el contexto excepcional de la pandemia, su continuidad supone serias amenazas a la vigencia del Estado de derecho.
En términos regionales, la discrepancia de visiones frente a la pandemia y la crisis del multilateralismo latinoamericano, acentuada desde 2016, han impedido el diseño de una estrategia conjunta. No obstante, ha habido esfuerzos notables, como los realizados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que diseñó una estrategia de respuesta y un fondo que recibe donaciones; el Mercado Común del Sur, que asignó 6 millones de dólares de su fondo de desarrollo para la iniciativa de lucha contra el covid-19 en los cuatro países del bloque, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que adoptó la Resolución 01/20 Pandemia y Derechos Humanos en las Américas. Además, otras organizaciones internacionales y espacios de integración regional, con cooperación específica en el área de la salud, han promovido reuniones virtuales, redes de expertos y declaraciones conjuntas que han permitido la creación de observatorios regionales sobre el covid-19 y el intercambio de experiencias. Es el caso, por ejemplo, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el Foro para el Progreso de América del Sur y la Comunidad Andina.
Pese a los avances, la falta de una estrategia regional ha sido evidente, especialmente en el ámbito comercial. En un momento de disputa universal por los materiales médicos y sanitarios, los países de la región no han podido organizarse para realizar compras conjuntas. Por la falta de líderes regionales, la descoordinación de los organismos latinoamericanos y la ausencia de Estados Unidos, todos los países han recurrido por separado a China, la cual, ejerciendo la diplomacia del coronavirus, incrementa su poder blando en la región.
Desde el punto de vista de la economía, ya es claro que la crisis causada por el coronavirus será la peor desde la Gran Depresión de 1929. Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el pib mundial caerá alrededor de un 3% en 2020. Y en un mundo globalizado, económica y viralmente, Latinoamérica no escapará. De hecho, las previsiones para la región son peores: una caída del 5% según el FMI.
Varios son los factores de esta caída en Latinoamérica, como se explica en el Informe Especial Covid-19 de la CEPAL. En primer lugar, el freno de la producción como consecuencia del confinamiento y la interrupción de las cadenas globales de valor, más diversos factores internacionales, como el desplome de los principales socios comerciales, China y Estados Unidos. También, el derrumbe del precio del petróleo y otras materias primas, que son de las principales fuentes de divisas de la región y que afectará principalmente a países exportadores como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. La disminución del turismo perjudicará a todo el subcontinente, pero en particular a los países del Caribe, muy dependientes del sector. Y con todo esto, una devaluación de las monedas acompañada de fuga de capitales encarecerá la deuda y las importaciones.
Más allá de los efectos políticos y económicos, el covid-19 está dando lugar también a un panorama social desolador. Latinoamérica es la región más desigual del mundo y más del 30% de su población vive debajo de la línea de la pobreza, según la CEPAL. A pesar de los avances sociales y económicos alcanzados a principios del siglo xxi, es este el contexto estructural en el que debemos analizar las consecuencias de la pandemia. En la región, la pobreza y la desigualdad son más evidentes en los sectores rurales y periféricos de las grandes ciudades, en las poblaciones indígenas, afrodescendientes y en las mujeres, lo que determina divisiones internas, baja cohesión social y secuelas diferenciadas según la clase, etnia, género o lugar de residencia. Además, el neoliberalismo, primero de los regímenes militares del Cono Sur y más tarde de las democracias seguidoras de las premisas del Consenso de Washington, contribuyó a agravar la de por sí insuficiente presencia del Estado. La desprotección social, la debilidad institucional y la falta de políticas públicas son la norma en la región.
En tales condiciones, Latinoamérica no posee la capacidad de dar una buena respuesta sanitaria. Según la OPS, la inversión promedio para el sector es del 3.8% del PIB regional, con las excepciones de Costa Rica, Cuba o Uruguay, que invierten más de la meta regional en salud, es decir, más del 6%. En la gran mayoría de los Estados de la región, los sistemas de salud son de tipo privado y muy desigual, pues amplios segmentos pobres de la población no tienen acceso o tienen un acceso limitado. Como explica Adolfo Martínez Valle para l21, los países latinoamericanos tienen bajos índices de seguridad en salud. Un caso extremo es Colombia, que tiene el peor índice regional, equivalente a 44.2 en una escala de 0 a 100. Sin embargo, en la actual coyuntura, los casos de Cuba y Venezuela son aún más preocupantes debido a las sanciones económicas y comerciales que enfrentan.
La pandemia exacerba las desigualdades sociales, la pobreza y la exclusión de las sociedades latinoamericanas, al paso que la escasa cohesión social, la falta de capacidad de los Estados nacionales e infraestructuras deficientes agravan cualquier crisis, en un círculo vicioso y peligroso en tiempos inestables como el actual. Se prevé que la pandemia y sus efectos aumenten los conflictos sociales y políticos. Sin embargo, el impacto socioeconómico de la crisis se profundiza si consideramos los efectos de la pandemia sobre el empleo. La Organización Internacional del Trabajo estima que hasta 14 millones de puestos de trabajo formales se perderán en la región. Pero el problema laboral en Latinoamérica se amplifica debido a la alta informalidad, que ronda el 50% del empleo total. En consecuencia, millones de trabajadores informales, lo mismo vendedores ambulantes que limpiadores o rebuscadores, de por sí con ingresos bajos y casi sin redes de seguridad, están viendo desaparecer su fuente principal de ingresos y sufrirán graves consecuencias.
Sin alternativas laborales y sin políticas públicas adecuadas, el crimen organizado y los grupos armados podrían fortalecerse y acrecentar los problemas de seguridad pública. En países como Brasil, por ejemplo, la gestión de la pandemia hizo que las autoridades de salud dialogaran con grupos de narcotraficantes y milicias, reconociendo implícitamente que controlan porciones del territorio estatal. Además, mientras que los enfrentamientos por recursos y territorios aumentan, en México grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel del Golfo han intentado reforzar su papel durante la pandemia y han buscado el apoyo de la población mediante la distribución de alimentos y bienes de primera necesidad. Igualmente, la pandemia y las restricciones presupuestarias que impone podrían comprometer aún más la ejecución del acuerdo de paz en Colombia, en dificultades por el rezago en el cumplimiento de sus promesas o el asesinato de líderes sociales y excombatientes, que no han cesado ni siquiera durante la pandemia.
Debido a las desigualdades socioeconómicas y la urbanización de la región, los contagios y las secuelas del coronavirus son mucho mayores entre los sectores populares, sobre todo entre los millones de personas que viven en los suburbios marginados (favelas, villas miserias, barriadas) de las principales ciudades de la región como Buenos Aires, Ciudad de México y São Paulo. Estas poblaciones no pueden darse el lujo de “quedarse en casa”, porque no tienen recursos para ellos ni para sus familias. Las respuestas y la ayuda de urgencia ofrecidas por los gobiernos han sido insuficientes. Aunque hay redes de solidaridad y el papel de los movimientos y las organizaciones sociales es fundamental para la seguridad alimentaria, el hambre en los sectores populares es cada vez más visible. En Bogotá, los habitantes han llegado a exhibir trapos rojos para denunciar este flagelo durante la pandemia.
Si bien hay diversos grupos sumamente vulnerables a la pandemia (trabajadores informales, adultos mayores, población sin hogar, pueblos indígenas, niños y otros) y cada uno presenta especificidades, destacamos en particular la situación de las mujeres y de los migrantes y sus familias. En el caso de las mujeres, a la vulnerabilidad que enfrentan por trabajar principalmente en el sector informal y estar excluidas de los esquemas de protección social, se suman también adversidades como la sobrecarga de trabajo, la violencia de género y los feminicidios exacerbados durante la pandemia. Las latinoamericanas realizan tareas esenciales para el mantenimiento de la vida y cada día dedican al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados el triple del tiempo que dedican los hombres. Durante la pandemia estas desigualdades de género se han agudizado, sobre todo en los hogares con menores ingresos y mayores demandas de cuidados. Además, según la Entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, en países como Brasil, Colombia y México, con la pandemia se ha registrado un aumento de más del 50% de denuncias de violencia familiar, así como un incremento significativo del número de denuncias de violaciones y feminicidios.
Por otro lado, el cierre de las fronteras nacionales o la militarización y el refuerzo de los controles migratorios han reducido de forma radical los desplazamientos, pero no los han detenido completamente, sino que han obligado a los migrantes, en particular de Centroamérica, a buscar rutas alternativas e irregulares, lo que aumenta su vulnerabilidad y los peligros a los que se exponen. Durante la pandemia, la situación es más grave para los migrantes en tránsito en las estaciones migratorias y centros de detención de países como México, así como para los indocumentados en movilidad humana, quienes se encuentran desprotegidos por trabajar sobre todo en el sector informal, y no pueden utilizar los servicios médicos locales, carecen de redes de apoyo, enfrentan problemas de acceso a la información o son excluidos de las ayudas sociales para los nacionales. Un ejemplo relevante de la desprotección de los migrantes y los refugiados es el caso de la población venezolana sin recursos y desalojada de sus viviendas en países como Colombia y Perú. Esta población ha emprendido el retorno a Venezuela sin asistencia sanitaria y en condiciones de extrema vulnerabilidad. Los migrantes están sujetos también a deportaciones y expulsiones, así como a crecientes formas de estigmatización, discriminación y xenofobia. Además, la crisis mundial determinará una fuerte caída de las remesas, lo que repercutirá en la pobreza y en el nivel de vida de las familias de los migrantes. La cepal prevé una contracción de entre el 10% y el 15% de este rubro, con graves efectos en los países más dependientes, como Haití y los Estados del Triángulo Norte de Centroamérica.
Más allá de las especificidades de cada grupo, los sectores más vulnerables de la población latinoamericana no solo están desprotegidos social y económicamente, sino que tampoco tienen acceso a la salud y, cuando lo tienen, la atención no suele ser de calidad y mucho menos comparable a la que reciben los miembros de las clases sociales altas. Por la falta generalizada de pruebas de covid-19 y la precaria infraestructura sanitaria, hay en la región un amplio subregistro de casos de contagio y muertes que disminuye artificialmente los impactos de la enfermedad. Como resultado, la pandemia de covid-19 afecta con mayor fuerza a las poblaciones más pobres y tradicionalmente excluidas y deja en evidencia los problemas estructurales y las desiguales capacidades de respuesta de los Estados latinoamericanos.
LECCIONES Y RETOS DESPUÉS DEL CORONAVIRUS
Pese a que la crisis actual se caracteriza por un alto grado de incertidumbre, una de las lecciones más importantes es que no estamos preparados para enfrentar pandemias y que necesitamos tomar más en serio las amenazas y los desafíos que representan. La falta de preparación no se deriva de la escasez de conocimientos o tecnología, sino sobre todo, de la forma de organización de nuestras sociedades, así como de la falta de voluntad política. La primacía y la fe ciega en el mercado, el retroceso del Estado, el equilibrio de las cuentas fiscales, la privatización y la desregulación han sido insuficientes para tener sociedades más justas y equitativas, además de que son muy ineficaces frente a fenómenos como las pandemias. En consecuencia, para hacer frente a los múltiples desafíos planteados por el covid-19, así como otros desafíos comunes, los países de Latinoamérica deben fortalecer el papel de los Estados nacionales.
Al igual que Estados Unidos y los países de la Unión Europea, los Estados latinoamericanos requieren ambiciosos planes de recuperación económica. En este proceso, organismos financieros internacionales y bancos de desarrollo regionales, como el Banco de Desarrollo de América Latina, pueden ejercer un papel central, mediante créditos y cooperación técnica que complementen las medidas aplicadas por los gobiernos. Más allá de la coyuntura, se deben retomar proyectos nacionales de desarrollo que, con políticas públicas y medidas de protección social, sean capaces de garantizar una vida digna para las mayorías. Para ello, es imperativo promover reformas fiscales que refuercen las arcas públicas, mejoren la redistribución y permitan renegociaciones de deudas. Según el Latinobarómetro de 2018, el apoyo a la democracia alcanza solo el 48% de la población y hay una desconfianza generalizada hacia la política y las instituciones, de modo que es necesario que el retorno del Estado implique más Estado social y no se traduzca en más represión, vigilancia y control, que luego debilitarían a los regímenes democráticos.
Por otra parte, si hay algo que ha demostrado la pandemia es la importancia de la salud como un derecho humano y un bien público, lo mismo que la necesidad de garantizar el acceso universal a la atención sanitaria, sin distinciones de clase, nacionalidad o estatus migratorio. En Latinoamérica, el replanteamiento del modelo sanitario es urgente. De acuerdo con la Estrategia Regional y Plan de Acción sobre las Enfermedades Crónicas de la ops, esto implica que los países de la región garanticen una inversión de más del 6% de su pib, sin menoscabo de la inversión en otros campos, como la educación o la seguridad social. Un reto central es revalorar y elevar la inversión en los sectores de ciencia y tecnología, además de reforzar la autonomía productiva de sectores estratégicos, como el de la salud. La llegada del covid-19 y la disputa internacional por los materiales sanitarios han revelado que no basta abogar por transformar las leyes de producción intelectual o apelar al retiro de las patentes sobre medicamentos, sino que es necesario dotarse de parques industriales autónomos, capaces de producir los insumos que se requieren en la región.
La pandemia también ha evidenciado que la crisis no es solamente sanitaria, sino multidimensional: se trata también de una crisis económica, política, social, ambiental y ética vinculada a nuestro modo de producción y consumo, así como a sus secuelas en fenómenos como el cambio climático. Maristella Svampa, socióloga y profesora de la Universidad Nacional de La Plata, sostiene que los países de la región pueden extraer valiosas enseñanzas para repensar por completo su modelo de desarrollo y superar el carácter extractivista, primario y antiecológico de sus economías. Al mismo tiempo, en pleno proceso de reorganización y deslocalización económica, la fase posterior a la pandemia puede ser una oportunidad para que los países latinoamericanos disminuyan su dependencia de las manufacturas importadas y opten por procesos de producción y comercio de carácter más regional.
La pandemia también puso sobre la mesa la necesidad de mostrar más transparencia en la distribución de la riqueza, los privilegios de las minorías y los problemas como la evasión fiscal y la corrupción. La crisis obliga a observar de cerca otras tragedias presentes en la “normalidad” de nuestra región. El hambre, la pobreza y las desigualdades con las que convivimos diariamente se han intensificado y exigen nuevos pactos sociales con otras formas de redistribución de la riqueza y mayor justicia social. Estas transformaciones son retos irrenunciables, sobre todo si pensamos que 2019 fue un año de amplias movilizaciones en la región y que, en la medida en que aumenten la pobreza, la miseria y la falta de trabajo, se multiplicarán los conflictos y los estallidos sociales, lo que puede dar lugar a nuevas regresiones autoritarias, así como a nuevas amenazas a la paz y a la seguridad regional. El covid-19 ha sacado a relucir la importancia de los cuidados y la asistencia, así como del papel central que desempeñan las mujeres, generalmente sin reconocimiento ni protección social. Mejorar la justicia social requiere adoptar un enfoque de género que supere las inequidades y la violencia que viven las latinoamericanas.
En un contexto de interdependencia global, la pandemia también ha demostrado que, a pesar de estar en crisis, la cooperación y el multilateralismo funcionan, y que opciones individualistas que abogan por medidas unilaterales son ineficaces y contraproducentes. No es la primera ni será la última pandemia que enfrente Latinoamérica, así que los países de la región pueden responder mejor de forma coordinada, diseñando estrategias colectivas y solidarias que valoricen tanto las experiencias como los espacios y mecanismos de cooperación. Los avances que fueron alcanzados en el ámbito de la salud en espacios como el Consejo Suramericano de Salud de la Unión de Naciones Suramericanas, merecerían ser debidamente reconocidos e integrados en una estrategia de cooperación de largo plazo. Las perspectivas críticas sobre el modelo de salud hegemónico y la necesidad de impulsar procesos de soberanía sanitaria y alimentaria que propugnan desde hace décadas movimientos, organizaciones sociales y académicos deberían también ser valoradas como alternativas regionales necesarias.
En relación con las transformaciones tecnológicas y la virtualización de las relaciones sociales y económicas, los desafíos que la región deberá enfrentar al terminar la pandemia también son enormes. La automatización de los procesos de producción amenaza los empleos de millones de personas y puede precarizar aún más la vida de los trabajadores. Entre tanto, la virtualización de la educación puede ampliar las desigualdades y las brechas educativas y tecnológicas, especialmente en las zonas rurales y sectores populares de las grandes ciudades. ¿Optarán los líderes políticos por enfrentar con decisión la tragedia que viven los latinoamericanos, y en especial los más necesitados, o se concentrarán en preservar sus intereses políticos o en salvar los intereses económicos de unos pocos? La historia, por desgracia, nos da pistas sobre la posible respuesta. Esperemos que esta vez sea diferente.
Texto publicado originalmente en Foreign Affairs Latinoamérica (puedes descargarlo aquí: http://revistafal.com/fal-20-3/)
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Foto de Tim Dennell em Foter.com / CC BY-NC
Autor
Cientista política. Profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro (UFRRJ) y del Postgrado en Ciencia Política de la UNIRIO. Doctora en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid.
Profesor de la Univ. Autónoma de Barcelona. Doctor en Economía por la Univ. de Barcelona. Master en Desarrollo del Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona (CIDOB). Especializado en econ. internacional y econ. urbana.
