Una región, todas las voces

Mi amigo no es corrupto

Como un padre cobija a un hijo, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibió con los brazos abiertos a la exprimera dama de Perú, Nadine Heredia, quien amparada en la figura del asilo logró fugar de su país natal para reubicarse en San Pablo, lejos del calabozo que le esperaba tras ser condenada a 15 años de cárcel por blanquear dinero.

Heredia no escuchó los argumentos judiciales que, tras un juicio de tres largos años, concluyeron que, junto con su esposo, el expresidente Ollanta Humala, recibió 3 millones de dólares de la Caja 2 de la empresa brasilera Odebrecht, la división financiera a través de la cual la compañía (hoy renombrada como Novonor tras el conocido escándalo regional Lava Jato) coimeaba a candidatos a cargos de elección popular para luego ver retribuida su colaboración en jugosos proyectos de inversión pública.

Quizá Lula da Silva sí escuchó los argumentos del tribunal que la condenó y justamente por eso gestionó en tiempo récord y consiguió que el gobierno peruano le otorgara un salvoconducto a Heredia para arribar a Brasil al día siguiente del fallo. El mandatario brasilero ha sido un actor presente en la vida política de Humala y Heredia. De hecho, según la Fiscalía y el Poder Judicial de Perú, Odebrecht entregó esos tres millones de dólares a la pareja Humala-Heredia en el año 2010, a través del Partido de los Trabajadores de Brasil, por orden de Lula da Silva quien por entonces ejercía su primer periodo presidencial.

¿Qué intereses hay detrás de la protección incondicional del presidente brasileño? El abogado de Humala, Wilfredo Pedraza, dijo que “la decisión del asilo se ha tomado en el minuto que el juzgado decidió ejecutar arbitrariamente esta condena”, lo cual resulta, por decir lo menos, inverosímil.

San Pablo fue, en gran parte, escenario de las negociaciones del caso Lava Jato. La condena a Humala y Heredia valida las declaraciones de Marcelo Odebrecht, CEO de la compañía, y de Jorge Barata, representante de esta en el Perú, quienes confirmaron la existencia de la Caja 2, una contabilidad paralela que corrompía funcionarios en la región.

En Brasil, Lula fue condenado por el mismo caso Lava Jato, acusado de cometer delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, fue enviado a prisión, pero en noviembre de 2019 salió en libertad porque no se respetaron sus derechos fundamentales durante el juicio. Es decir, no fue declarado inocente ni absuelto, pero sí se truncó el proceso en su contra por razones técnicas.

Años más tarde, también por una aparente vulneración de los derechos fundamentales pero esta vez de Marcelo Odebrecht, la justicia brasileña anuló todos los juicios del caso Lava Jato. Con ello, ante un eventual pedido de extradición de Heredia a Brasil, ¿cómo se resolverá esta contradicción jurídica entre ambos países?

La ideología con la que ciertos presidentes mueven los hilos de una nación los ha llevado a utilizar el asilo como mecanismo de impunidad. Por ejemplo, en 2022 el entonces presidente peruano Pedro Castillo solicitó asilo a México luego que fuera detenido tras intentar un autogolpe de Estado. El mandatario mexicano de entonces, Andrés Manuel López Obrador, estaba dispuesto a otorgarle asilo sin tomar en cuenta los evidentes delitos que había cometido. Ese despropósito no se consumó porque Castillo ya estaba bajo custodia policial.

En 2019 López Obrador concedió también asilo al entonces presidente de Bolivia Evo Morales, quien renunció a su cargo tras las acusaciones de fraude electoral. Y al mes, el líder boliviano se trasladó a Argentina en calidad de refugiado, dos días después que el presidente Alberto Fernández, también de izquierda, asumiera el cargo.

En 2018, el expresidente peruano Alan García también intentó lo propio en la embajada de Uruguay, quien le denegó el pedido. Pocos meses después se suicidó para no ser arrestado por la Policía. Antes, en 2002 el expresidente venezolano Pedro Carmona se asiló en Colombia tras encargarse de la presidencia de su país durante el golpe de Estado que sacó a Hugo Chávez del poder durante dos días; y en 1989, Brasil asiló al exdictador paraguayo Alfredo Stroessner, así como al expresidente del mismo país, Raúl Cubas Grau.

El asilo, una figura de relevancia mundial para proteger los derechos fundamentales de los perseguidos políticos, está siendo objeto de un abuso descarado por parte de la clase política que lo utilizan para proteger a amigos corruptos, guiados por afinidades ideológicas y conveniencias particulares.

Nuevos tiempos, más retos para la OEA

Albert Ramdin ha sido elegido por aclamación como nuevo secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el período 2025-2030. Su designación, el 10 de marzo de 2025, marca un cambio significativo en la organización, ya que se convierte en el primer representante del Caribe en ocupar este cargo. Su llegada genera expectativas sobre el rumbo que tomará la OEA en un momento en que enfrenta desafíos estructurales profundos, desde crisis democráticas hasta problemas de seguridad y migración masiva.

Nacido en 1958 en Surinam, Ramdin estudió geografía social en la Universidad de Ámsterdam y en la Universidad Libre de Ámsterdam. Su carrera diplomática se ha desarrollado principalmente en organismos multilaterales, donde ha destacado por su enfoque en la diplomacia regional y la construcción de consensos. Su vínculo con la OEA comenzó en 1997, cuando fue designado representante permanente de Surinam ante el organismo. Posteriormente, en 2001, asumió el cargo de asesor político del secretario general, lo que le permitió conocer a fondo el funcionamiento interno de la organización. En 2005 fue elegido secretario general adjunto, una posición que mantuvo hasta 2015. Durante ese período, trabajó estrechamente con José Miguel Insulza, secretario general de la OEA en ese entonces, con quien compartió el liderazgo de la organización en un momento clave para América Latina.

Ramdin regresa ahora a la OEA en una situación mucho más compleja. El clima de polarización ha generado dificultades en la interlocución con países como Venezuela, Nicaragua y El Salvador. La falta de consenso entre sus miembros ha debilitado su capacidad de acción, y muchos gobiernos han cuestionado su papel como mediador en conflictos regionales. Su principal desafío será restaurar la credibilidad de la OEA y demostrar que puede ser un organismo imparcial y efectivo en la promoción de la democracia y los derechos humanos.

Uno de los temas más urgentes que deberá abordar es la crisis migratoria. Más de 7,7 millones de venezolanos han abandonado su país en la última década, convirtiéndose en el mayor desplazamiento forzado en la historia de América Latina. Haití, por su parte, enfrenta un colapso político y humanitario que ha llevado a miles de personas a buscar refugio en otros países del continente. La OEA deberá desempeñar un papel más activo en la coordinación de esfuerzos para garantizar la protección de los migrantes y en la búsqueda de soluciones que ataquen las causas estructurales de estos movimientos masivos de población.

Otro problema clave es la creciente inseguridad en la región, agravada por la expansión del crimen organizado y el narcotráfico. Países como México, Colombia y Ecuador enfrentan niveles de violencia sin precedentes, lo que ha debilitado la estabilidad institucional y generado preocupación sobre el futuro de la seguridad en América Latina. Ramdin tendrá que impulsar una estrategia de cooperación regional que permita combatir la criminalidad de manera más efectiva, sin comprometer los derechos humanos ni erosionar las democracias de los países afectados.

El cambio climático también representa una amenaza urgente para la región, especialmente para los países del Caribe, que sufren con mayor intensidad los efectos de huracanes, sequías e inundaciones. La OEA deberá fomentar políticas de desarrollo sostenible y facilitar el acceso a financiamiento internacional para que los países más vulnerables puedan mitigar los efectos de la crisis climática y adaptarse a los nuevos desafíos medioambientales.

Además de estos desafíos, Ramdin deberá reformar la estructura interna de la OEA para hacerla más eficiente y menos dependiente del financiamiento de Estados Unidos, que sigue siendo su principal contribuyente. La crisis financiera del organismo ha limitado su capacidad operativa, y si bien Washington sigue siendo un actor clave dentro de la OEA, la dependencia excesiva de sus fondos ha generado tensiones con otros países miembros.

En este contexto, la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos para el periodo que recién inicia en 2025 añade un nuevo factor de incertidumbre. De regreso a la Casa Blanca, es probable que la relación entre Estados Unidos y la OEA se redefina, ya que en su primer mandato (2017-2021) mostró un interés limitado en los foros multilaterales, priorizando políticas unilaterales y presionando a organismos internacionales para alinearse con su visión. En el caso de la OEA, su administración utilizó la organización como un instrumento para presionar a Venezuela, Cuba y Nicaragua, enfocándose en aislar a los gobiernos de Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y Daniel Ortega. En contraste, se mantuvo más tolerante con otros gobiernos de la región, incluso aquellos con tendencias autoritarias, siempre que no desafiaran sus intereses estratégicos.

Si Trump adopta una política exterior más aislacionista y reduce el financiamiento de organismos multilaterales, la OEA podría enfrentar nuevos desafíos financieros, obligando a Ramdin a buscar apoyo en otros países miembros o en organismos internacionales. Además, con un Trump más enfocado en temas migratorios y de seguridad fronteriza, es probable que aumente la presión sobre países latinoamericanos para contener los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Esto podría generar diferencias entre Washington y la OEA, especialmente en cuanto a cómo abordar la crisis migratoria desde un enfoque de derechos humanos y desarrollo, en lugar de medidas estrictamente represivas.

En temas como Venezuela, la administración Trump podría endurecer aún más su postura, buscando que la OEA juegue un rol activo en la deslegitimación del régimen de Maduro. Por su parte, Ramdin ha enfatizado en la importancia del diálogo y la diplomacia.

Si bien Ramdin cuenta con una amplia experiencia en diplomacia interamericana, su éxito dependerá de su capacidad para restablecer la unidad dentro de la OEA. Su gestión tendrá que evitar los errores y enfocarse en la búsqueda de soluciones concretas para los problemas más urgentes del continente. Su relación con Insulza sugiere que podría adoptar un enfoque más equilibrado y menos confrontacional en estos tiempos donde el diálogo se vuelve esencial en la relación geopolítica; de ser así, podría facilitar la construcción de consensos en un organismo marcado por la polarización.

El reto es enorme: reposicionar a la OEA como un actor relevante en la región, fortalecer su legitimidad y garantizar que siga siendo un espacio efectivo para el diálogo y la cooperación. América Latina enfrenta una crisis institucional sin precedentes, y la necesidad de instituciones fuertes y funcionales es más urgente que nunca. Albert Ramdin tiene ante sí la monumental tarea de demostrar que la OEA puede recuperar su papel como un organismo clave en la defensa de la democracia, la seguridad y el desarrollo en el continente. Con Trump y un panorama político incierto, su liderazgo será determinante para definir el papel de la OEA en la próxima década.

Mario Vargas Llosa no se irá

Tuve la oportunidad de conocer personalmente a Mario Vargas Llosa en Caracas, en 1993, durante uno de los primeros congresos organizados por la Asociación Latinoamericana de Sociología. Un editor conocido invitó a un grupo de jóvenes a la presentación que el autor realizaría en la librería Planeta con motivo del lanzamiento de su novela “Lituma en los Andes”, obra que acababa de recibir el premio otorgado por dicha casa editorial.

En ese entonces, Perú se encontraba inmerso en un contexto marcado por la ruptura del orden democrático, tras el autogolpe de Alberto Fujimori —quien, por cierto, había derrotado a Vargas Llosa en una campaña electoral memorable. Tras aquella derrota, Vargas Llosa optó por abandonar la política y regresó a su territorio natural: la literatura. Ante la pregunta sobre la situación peruana, su respuesta fue generosa, optimista y marcada por una cortesía que aún recuerdo.

A medida que su obra se fue desarrollando, a diferencia de otros escritores latinoamericanos —como Gabriel García Márquez, Miguel Ángel Asturias o el propio Julio Cortázar—, Vargas Llosa no solo cultivó un estilo literario singular (como lo señala la crítica), sino que exploró el análisis del poder en sus múltiples manifestaciones.

Más allá de sus posiciones ideológicas, desde el campo de la sociología política puede advertirse un punto de convergencia con Michel Foucault: ambos comparten una profunda preocupación por el poder —por sus formas de ejercicio, reproducción, legitimación y resistencia—. En el caso de Vargas Llosa, esta inquietud se encuentra transversalmente presente en su narrativa, lo cual convierte a su obra en una fuente rica para la reflexión sobre lo político.

En sus primeros años, Vargas Llosa fue un entusiasta defensor de la Revolución Cubana. Sin embargo, rompió con el régimen a raíz del caso del poeta Heberto Padilla, arrestado en 1971 tras haber sido galardonado, apenas tres años antes, con el Premio Nacional de Poesía. Su obra fue denunciada como subversiva y contrarrevolucionaria, y su detención marcó un punto de inflexión. Los escritores intermediaron moderadamente por la libertad de Padilla y la respuesta del gobierno fue acusarlos de agentes de la CIA. La posterior y humillante autoinculpación pública a la que fue forzado Padilla, provocó una profunda conmoción en la intelectualidad internacional y un divisor de aguas.

Este episodio constituyó una fractura ética y simbólica entre el régimen cubano y un amplio sector de la comunidad intelectual. Figuras como Jean-Paul Sartre, Susan Sontag, Simone de Beauvoir, Italo Calvino o Carlos Fuentes, bajo la dirección de Vargas Llosa, manifestaron públicamente su desacuerdo. A partir de allí, su postura crítica lo fue alejando progresivamente de los círculos culturales hegemónicos latinoamericanos, dominados por una izquierda que muchas veces se mostraba indulgente frente al autoritarismo revolucionario.

La obra que más me impactó al establecerme en Brasil en el año 2000 fue “La guerra del fin del mundo”. Aunque publicada en 1981, sorprendentemente no tenía aún una gran presencia -y aún no la tiene por prejuicios ideológicos- en los círculos académicos brasileños. La obra, que inicialmente podría catalogarse -erroneamente- dentro del conjunto del realismo mágico, en la línea de «Cien años de soledad», es una novela histórica rigurosamente documentada que ha sido comparada con «Guerra y paz» de Tolstói por su ambición narrativa.

Uno de los aspectos del libro que llaman la atención es que se enmarca en el debate latinoamericano sobre los desafíos de la modernidad y los dilemas de la modernización. La novela mencionada anticipa una tragedia de fanatismos enfrentados, en la que se confrontan el fundamentalismo religioso y el fundamentalismo modernizador del Estado republicano. Uno de sus mayores logros es, sin duda, haber otorgado voz a los marginados y que entre otros aspectos la convierten en una obra monumental.

Al recorrer su obra, con excepción de sus ensayos, se advierte una constante: la coherencia. Vargas Llosa emerge como una figura que irradia una perspectiva interdisciplinaria en permanente diálogo —y también en tensión— con campos como la historia, la ética, la ciencia política, la antropología, la sociología e incluso la psicología. De ahí que quizas su lecturas críticas incomodaran tanto a sectores de izquierda como de derecha, en un continente marcado por evidentes contradicciones. De ahí, que sus posicionamientos políticos hayan sido objeto de controversia.

Sus adversarios lo han etiquetado como conservador, aunque en América Latina se haya posicionado en contextos polarizados como un antipopulista. Pero fundamentalmente Vargas Llosa es un liberal clásico, tanto en lo económico como en lo político, y además crítico frente a ciertos progresismos contemporáneos. Un liberal al punto de condenar el dogmatismo de los economistas que creen que el mercado es la solución para todos los problemas en sus más diversas dimensiones y que sería el camino por el que también se llega al autoritarismo.

Otra acusación injusta por la que fue señalado el escritor peruano es de haber apoyado regímenes autoritarios. Lo que no es verdad. Al contrario, su posicionamiento político ha servido como catalizador para una autocrítica obligatoria dentro de la izquierda latinoamericana, en especial respecto al respaldo a regímenes autoritarios como el de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Quizás, su dominio preciso del lenguaje pueda haber provocado confuciones delante de adversarios menos calificados.

Vargas Llosa sin duda fue un adversario implacable. Tanto para la extrema derecha como para la izquierda. Pero quizá, en estos tiempos, haya sido el más inteligente, sofisticado y riguroso. Y por ello mismo, el más necesario. No reconocer las virtudes del adversario en el campo de las ideas, y limitarse a una suerte de descalificación panfletaria, no solo empobrece el debate: revela nuestra cerrazón, como si el pensamiento político fuera apenas una cuestión de hinchada en una tarde de fútbol.

Bukele en la encrucijada: ¿Washington o Pekín?

Recientemente, el partido oficialista salvadoreño, Nuevas Ideas, inauguró una escuela de formación política en Nuevo Cuscatlán. El evento tuvo como figuras principales a Félix Ulloa, vicepresidente del país centroamericano, y al embajador de China en El Salvador, Zhang Yanhui. De acuerdo con el portal centroamericano Expediente Público, el instituto habría sido patrocinado por el Partido Comunista Chino (PCCh), gracias a una visita previa de Ulloa y Xavier Zablah Bukele –dirigente de Nuevas Ideas y primo del mandatario salvadoreño– a Pekín, donde se concretaron varios acuerdos de cooperación interpartidista.

Este acontecimiento revela las estrategias diversificadas con que la China busca aumentar su influencia en el hemisferio. Mientras que la atención pública respecto al gigante asiático suele enfocarse en la diplomacia entre gobiernos, las relaciones comerciales o la Iniciativa de la Franja y la Ruta (IFR), poco se toman en cuenta las formas de cooperación que diferentes órganos de incidencia internacional ligados al PCCh despliegan en América Latina.

El centro checo Sinopsis, especializado en el estudio de China, menciona al respecto: “A diferencia de muchos otros países, los asuntos exteriores chinos se extienden más allá de la jurisdicción del Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA) y trascienden la diplomacia oficial de Estado a Estado […] Este sistema consta de varios órganos y opera bajo el concepto general de diplomacia total”.

El PCCh tras bambalinas

De acuerdo a la prensa centroamericana y medios en mandarín, Zablah Bukele y Félix Ulloa sostuvieron, en abril de 2024, una reunión con Liu Jianchao, ministro del Departamento de Enlace Internacional (ILD) del PCCh. En esa ocasión, los representantes del bukelismo firmaron un convenio con la escuela de cuadros del Partido Comunista, donde se acordó el patrocinio chino al recién inaugurado Instituto de Formación Política de Nuevas Ideas.

El ILD fue establecido en 1951, con el fin de promover los vínculos entre el PCCh y los partidos comunistas del resto de Asia, Medio Oriente, África y Europa del Este. Tras la ruptura sino-soviética de los 60, esta organización se dedicó a cultivar relaciones con agrupaciones izquierdistas de todo tipo, desde la socialdemocracia europea, hasta movimientos de liberación en el Sur Global.

Bajo el liderazgo de Hu Jintao, el ILD comenzó a asumir una postura pragmática de buenas relaciones con partidos políticos de izquierda y derecha. Así, organizaciones centroderechistas como Propuesta Republicana (PRO) de Argentina mantienen contactos con el PCCh desde 2009. Xi Jinping, al tiempo que conserva este enfoque, ha impreso un carácter más asertivo a las labores del ILD, convirtiéndolo en un importante instrumento de influencia china en el extranjero.

Diversos centros de pensamiento y estudiosos de la política exterior de China han señalado la diplomacia silenciosa que el gigante asiático ejerce a través del ILD y otros organismos. Por ejemplo, el Frente Unido del Departamento del Trabajo o la Asociación del Pueblo Chino para la Amistad con el Extranjero, que operan como burocracias paralelas al MoFA y se caracterizan por actividades opacas y una supuesta autonomía respecto de Pekín. Sin embargo, tales organizaciones tienen como objetivo vincular a diversos sectores de la política y sociedad civil de otros países con el PCCh.

En particular, el ILD crea redes de influencia formando a políticos extranjeros. Además de cursos de adiestramiento financiados en China, este órgano ha impulsado la construcción de centros de formación en naciones como Tanzania. Así, el ILD busca establecer vínculos cercanos con élites de otros países, quienes, además de promover narrativas del poder blando chino –como la superioridad del modelo de partido único o la primacía del desarrollo sobre la democracia y las libertades– pueden cabildear a favor de los intereses de Pekín en agencias, gabinetes y parlamentos. En este sentido, el respaldo chino al Instituto de Formación Política de Nuevas Ideas refleja un avance sustancial de la cooperación entre el PCCh y el oficialismo salvadoreño.

Los cursos de formación del ILD también se han consolidado como espacios de transmisión del saber hacer autoritario. Investigadoras como Lina Benabdallah y Christine Hackenesch destacan que el PCCh promueve entre élites extranjeras el modelo de gobernanza chino, basado en tecnologías de vigilancia masiva, almacenamiento de datos personales y censura del internet, generalmente provistas por empresas estatales como Huawei. Estas prácticas se presentan como alternativas para fortalecer la seguridad pública y la estabilidad interna, aunque, en los hechos, refuerzan el control estatal y limitan las libertades civiles en los países que las adoptan.

Las paradojas del bukelismo

El vínculo entre Nuevas Ideas y el PCCh pone en tela de juicio las preferencias ideológicas de Nayib Bukele. Hace apenas unas semanas, el presidente salvadoreño acogió en San Salvador al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para sellar, en palabras de este último, “un acuerdo sin precedentes, el más extraordinario del mundo” en migración. Si, con este hecho, el Gobierno salvadoreño prometía consolidarse como uno de los socios más importantes de Estados Unidos en la región, ¿cómo interpretar, ahora, el aumento de la cooperación política con China, principal competidor estratégico de los norteamericanos?

Por un lado, es comprensible que el oficialismo salvadoreño promueva la articulación de sus cuadros con el PCCh. La inauguración del Instituto de Formación Política de Nuevas Ideas, con la venia del ILD, no es otra cosa que un nuevo episodio de cooperación autoritaria en América Latina, donde un régimen experto en represión y control transfiere conocimientos y recursos a otro con los mismos fines. Ejercicios parecidos se han visto antes en la región para los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, quienes colaboran entre sí y con autocracias extrarregionales como Rusia, Irán y la propia China.

No resulta extraño, por lo anterior, que un régimen autodenominado socialista, y otro vinculado a la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), cooperen más allá de sus diferencias ideológicas. De hecho, esta ha sido la nota distintiva del ILD en lo que va del siglo: pragmatismo al relacionarse con partidos de todas las orientaciones, garantizando vínculos a largo plazo con distintos gobiernos. Semejante fenómeno expresa un rasgo central de nuestra época, es decir, la disolución del conflicto entre izquierdas y derechas en favor de una nueva tensión entre democracias y autocracias.

Por otra parte, el adoctrinamiento de los cuadros de Nuevas Ideas incluso podría ser tolerado por Trump, debido a que algunas perspectivas del PCCh coinciden con su agenda política. La búsqueda de un orden multipolar que asegure zonas de influencia para las grandes potencias –como el Mar del Sur de China o Groenlandia– así como la promoción de modelos iliberales de democracia –el chino de “proceso integral” o el ejecutivo unitario desprovisto de contrapesos– no son cuestiones ajenas al Make America Great Again.

Con base en ello, Bukele parecería tener luz verde para profundizar su proyecto autoritario con ayuda de Pekín. Mientras China no interfiera en asuntos estratégicos para EE. UU. en El Salvador, tales como la gestión migratoria o el control de infraestructura crítica, el 47º presidente norteamericano quizá permanezca conforme, sin importar el avance del poder blando chino en el hemisferio.

Noboa gana, y con él, el beneficio de la duda

La primera vuelta presidencial de Ecuador en 2025 marcó un hito sin precedentes: dos fuerzas concentraron casi el 90% de los votos, reflejo de un sistema político cada vez más polarizado. La definición fue milimétrica, pero la ventaja que se proyectaba para una eventual segunda vuelta terminó en una diferencia de 10 puntos. ¿Qué inclinó la balanza? ¿Qué explica esa brecha entre el presidente y su principal rival? ¿Fue el temor al regreso del correísmo lo que sostuvo a Daniel Noboa?

A diferencia de elecciones anteriores, esta vez el correísmo se enfrentó a un presidente en funciones, con el peso de un gobierno en marcha. Los resultados de Noboa en la primera vuelta mostraron un retroceso respecto a 2023, el mandatario pagó el precio de una gestión percibida como ineficaz: apagones de hasta 14 horas, una crisis de seguridad sin resultados visibles, y un deterioro económico sin rumbo. Aun así, en segunda vuelta, sus resultados fueron suficientes para imponerse con el 55% frente al 44% de la candidata de la Revolución Ciudadana, quien parece no haber crecido en la segunda vuelta.

1. El deseo de estabilidad y el miedo a la disrupción

La frase “más vale malo conocido que bueno por conocer” encapsula lo ocurrido. En un contexto de corrupción y violencia normalizadas, Ecuador prefirió la estabilidad, aunque mediocre, antes que arriesgarse a lo desconocido. Los votantes de Noboa son conscientes de las críticas hacia él. Sin embargo, muchos justifican su gestión, minimizan sus errores o desvían la responsabilidad a factores externos: “le dejaron un país destruido”, “tiene poco tiempo”, “la Asamblea y las mafias lo frenan”.

La gente teme que un cambio radical genere más caos e incertidumbre, especialmente en un contexto tan frágil. En lugar de apostar por una transformación incierta, muchos ecuatorianos prefirieron una gestión imperfecta, pero que ofreciera certezas mínimas. Hay elecciones que van de cambio, y otras que van de estabilidad. Y Ecuador decidió estabilidad.

Hay que recordar que en la primera vuelta de 2025, el electorado mantuvo en gran medida las preferencias de 2023. Tanto el correísmo como Noboa contaban con votos prestados, especialmente en ciudades como Quito. La polarización está en la oferta política, no en la demanda. La sociedad intercambia apoyos de una fuerza a otra con facilidad. El electorado blando, de un lado y del otro, evidencia una creciente volatilidad: los votantes cambian de elección en elección. La decisión de muchos no fue ideológica, sino pragmática: ¿quién puede traer estabilidad? ¿Quién puede resolver los problemas urgentes? Ecuador atraviesa una crisis estructural —económica, institucional, social— que empuja a los votantes a buscar certezas mínimas, no grandes promesas. Y ahí estaba Noboa. En el fondo, los ecuatorianos no piden milagros: piden resultados. Seguridad, estabilidad, paz. Noboa obtuvo el beneficio de la duda de que podría ofrecerlos.

A pesar de la falta de resultados concretos, su mandato breve, su imagen aún fresca en comparación a sus adversarios, y la percepción de que «no es tan malo» le dieron margen. Su narrativa de que “Ecuador va hacia adelante” le permitió no ser evaluado aún por la eficacia de sus decisiones, sino por su potencial. Ecuador  le otorgó una prórroga.

2. Las sombras del correísmo: Dolarización, narcotráfico y Venezuela

Noboa no necesariamente posee atributos propios que expliquen su apoyo, sino que su aceptación en ciertos sectores responde más a la necesidad de evitar un escenario aún más rechazado: el regreso del correísmo. Para muchos sectores, la continuidad del oficialismo resultaba menos temida que el regreso del correísmo.

No cometer errores es, a veces, más importante que acertar. Y eso le ocurrió al correísmo. Aunque Luisa González no propuso explícitamente modificar el régimen de dolarización, el tema dominó el debate en la segunda vuelta debido a declaraciones ambiguas de voceros de su espacio. Desmovilizar a los votantes de Luisa fue tan importante como movilizar a los propios, y en el tema de la dolarización Noboa encontró una gran oportunidad para sembrar dudas sobre el futuro económico del país.

Otro eje clave fue la seguridad. Está instalada en el imaginario ecuatoriano la idea de que la paz durante el gobierno de Correa se logró gracias a pactos con el narcotráfico. Aunque esta idea no se sustenta en evidencia sólida —los expertos hablan de una combinación de políticas públicas, condiciones materiales y factores externos—, la narrativa del “pacto” se ha vuelto dominante.

La campaña de González no logró desmontar esa percepción. Se limitó a denunciar presuntas vinculaciones de Noboa con ese mismo mundo, pero sin pruebas convincentes ni una estrategia narrativa alternativa. Además, el correísmo —como muchos proyectos de izquierda— plantea que la seguridad debe tratarse junto con la pobreza como dos caras de la misma moneda. Esa postura, aunque válida, es difícil de explicar a un electorado que quiere “mano dura” y admira a figuras como Bukele (Latinobarometro, 2024).

3. Base heterogénea: Un apoyo que trasciende el anticorreísmo

El respaldo a Noboa es heterogéneo: mujeres, jóvenes, clases medias y bajas, sectores populares empobrecidos que buscan algo de estabilidad en medio del caos. En 2023, provincias empobrecidas de la Sierra Central votaron por él. En la primera vuelta de 2025, esos votos fueron absorbidos por Iza, pero en la segunda vuelta volvieron a Noboa.

Las clases medias —que en realidad son clases populares con aspiraciones— desconfían de proyectos como el de la Revolución Ciudadana. Encuentran en Noboa una figura personalizada, un empresario joven, con proyección internacional (relación con Trump, imagen global), esposo de una figura pública percibida como cercana y altruista. No es ADN como proyecto ideológico de derecha: es el poder de la personalización en un país donde se ha roto la confianza en las instituciones.

La figura del self-made man, padre de familia, joven, empresario, le otorga una capa adicional de confianza emocional. Y ese apoyo se ve en zonas empobrecidas, como la Sierra Central. El apoyo a Iza no fue suficientemente sólido como para consolidar un frente único contra Noboa. Su liderazgo, aunque simbólicamente potente, no logró una visión unificada ni orgánica. Muchos que lo apoyaron en 2023, volvieron a Noboa sin conflicto ideológico.

Maquiavelo decía que un gobernante exitoso no depende solo de la fortuna, sino de su capacidad de dominar el azar con audacia, virtud y preparación. También advertía que el secreto del poder está en el timing. Noboa aprovechó su momento: puso la agenda en el miedo al pasado, no en su propio proyecto. Porque la historia no siempre premia al mejor, pero sí al que sabe aprovechar su oportunidad. Y Noboa, esta vez, lo hizo.

Las elecciones de 2026 y las memorias democráticas en Brasil y Estados Unidos

Hace un año, Joe Biden era el presidente de los Estados Unidos y enfrentaba altos niveles de desaprobación por parte de la mayoría de la sociedad. Con un 38 % de aprobación entre los votantes, su desastrosa actuación en el debate presidencial de junio fue el punto de quiebre para el Partido Demócrata, que forzó su retiro en plena campaña presidencial.

Kamala Harris lanzó su candidatura presidencial con el respaldo del presidente apenas un mes después de asumir el liderazgo de la campaña, convirtiéndose en la candidata con menos tiempo en la historia de EE. UU. para conquistar al electorado —poco más de cien días de campaña. Diversos analistas señalaron que el carácter abrupto de la decisión, que la posicionó casi como una segunda opción o un reemplazo de emergencia, hacía razonable suponer que no tendría posibilidades reales de victoria frente a los enormes desafíos que enfrentaba.

Hoy, al reflexionar sobre su derrota, es posible considerar que este escenario podría haberse evitado. Durante tres años, periodistas y analistas alertaron sobre la edad avanzada de Joe Biden y sus bajos niveles de aprobación. Si el partido y el propio Biden hubieran acogido esas advertencias, la izquierda estadounidense podría haber organizado unas primarias más sólidas, quizás evitando así el regreso de Donald Trump.

Actualmente, Brasil vive un escenario político con paralelismos importantes respecto a las elecciones estadounidenses de 2024, marcado por la caída de popularidad y la figura de un líder ampliamente conocido: Lula. Con más de 40 años de trayectoria política, Lula dejó un legado significativo, especialmente a través de políticas como el programa Bolsa Familia, con impactos duraderos en áreas como asistencia social, salud, educación y vivienda. Su regreso a la presidencia, tras haber sido encarcelado y luego de la derrota de su partido en 2018, refuerza su relevancia como la principal figura política y electoral del país en la actualidad.

Antes del inicio formal de las campañas presidenciales de 2026, es fundamental que la izquierda brasileña preste atención tanto al contexto político nacional como a las tendencias internacionales y a las nuevas demandas del electorado. Este es un momento estratégico para acumular masa crítica y extraer lecciones de las derrotas recientes sufridas por la izquierda en países como Estados Unidos, Argentina e Italia. La candidatura de Lula en 2026 estará marcada por desafíos distintos a los de sus victorias anteriores, lo que exigirá nuevas estrategias y una lectura refinada del contexto. Es probable que el actual presidente —que ganó las elecciones de 2022 por apenas dos puntos porcentuales en la contienda más reñida de la historia democrática del país— se enfrente en 2026 a su momento de mayor vulnerabilidad frente a una posible derrota en lo que va del siglo.

Según datos de la encuesta de PoderData, en marzo la desaprobación del gobierno de Lula alcanzó el 53 % y un 44 % de los votantes considera que su gobierno es peor que el de Bolsonaro. La confianza en el presidente también ha caído, y casi un 60 % de los votantes afirma no confiar en él. Además, los electores desaprueban la actuación del gobierno en todas las áreas de la administración federal. Particularmente, existe un amplio descontento con el combate a la inflación: solo un 17 % evalúa la economía como buena o muy buena, mientras que un 23 % la considera regular. Estos datos son muy similares a los niveles de aprobación que tenía la gestión económica de Biden un año antes de las elecciones en EE. UU.

Por otro lado, el gobierno de Lula ha prometido que la inflación bajará antes de fin de año. No obstante, es necesario considerar si esta expectativa oficial se traducirá en una percepción positiva por parte de la población. Sin duda, la derecha explotará este tema durante toda la campaña, al igual que lo hará con la difusión de desinformaciones, como la supuesta creación de un impuesto sobre el uso del sistema de transferencias Pix.

La derecha, de hecho, recurre sistemáticamente a las fake news como arma política para avanzar con su agenda, incluso en lo referente al estado de salud del presidente. La ministra de Relaciones Institucionales, presidenta del PT y diputada federal Gleisi Hoffmann, argumentó recientemente que “la mayor fake news de todos los tiempos” sería una de las principales razones de la caída de popularidad del gobierno. No hay indicios de que esta ola de desinformación se detenga en el próximo año; al contrario, durante las elecciones estadounidenses se intensificó notablemente. Por ello, aunque la salud del presidente Lula se mantenga en excelente estado, este aspecto será uno de los flancos abiertos que serán explotados en la campaña.

El momento para evitar que todas estas vulnerabilidades del actual presidente desemboquen en una derrota en las urnas ya ha comenzado. Si se toma como ejemplo la derrota de Joe Biden, una posibilidad en el horizonte sería la de seleccionar a tiempo a una figura alternativa y apoyar una renovación política desde los inicios del proceso electoral. Debatir la renovación de la izquierda resulta crucial para enfrentar a la extrema derecha. Es una lección que las derrotas recientes de la izquierda internacional pueden enseñar a Brasil. El pueblo brasileño —y en particular la coalición democrática que respalda la agenda política del gobierno de Lula— merece participar activamente en la decisión sobre quién puede dar continuidad a ese proyecto en un nuevo mandato presidencial.

A pesar de no haber definido aún una figura sucesora evidente, la izquierda brasileña necesita pensar a largo plazo, en las próximas cuatro décadas de democracia en el país. Existen nombres con potencial para liderar Brasil hacia el futuro. Si se consideran los éxitos electorales recientes, así como las posibles alianzas para conformar una fórmula presidencial, surgen en el horizonte figuras como Marina Silva (REDE-AC), João Campos (PSB-PE), Geraldo Alckmin (PSB), Simone Tebet (MDB-MS), Eduardo Paes (PSD-RJ) e incluso el ministro del Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Una nueva generación de líderes de izquierda —incluyendo nombres provenientes de la centroizquierda— comienza a emerger en el escenario político. Uno de los principales aciertos de las elecciones de 2022 fue precisamente la conformación de una amplia coalición en defensa de la democracia. Para evitar repetir los errores de 2018, es esencial que el PT considere alianzas más amplias y no se repliegue sobre sus propias idiosincrasias.

El presidente Lula ha declarado que aún está considerando si se postulará a la reelección. Sin embargo, esta decisión no concierne únicamente a su voluntad personal. Debatirla implica una elección profunda sobre el futuro del país. Las lecciones del caso Biden y las propias memorias de 2018 en Brasil deben servirnos como advertencia sobre el futuro que deseamos construir, tanto a corto como a largo plazo. El actual presidente Donald Trump —con una agenda abiertamente antidemocrática y autoritaria en curso— sigue siendo idolatrado por sectores de la derecha y la extrema derecha brasileña. No hay escenario más perjudicial para la agenda de equidad económica, justicia social, derechos humanos y fortalecimiento de la democracia que el que podría surgir del regreso de la extrema derecha al poder en Brasil.

Daniel Noboa se impone al correísmo en Ecuador

Todo pronóstico fue equivocado, ya que en días anteriores las encuestas establecían un margen muy pequeño de ganancia para cualquiera de los dos candidatos, Daniel Noboa y Luisa González. Los resultados finales evidencian un clivaje regional que se repite en las tres últimas contiendas electorales. Parecería que la Costa, la Sierra y el Oriente viven la política y sus preferencias de manera distinta. No hay equilibrio regional y eso supone un problema para la gobernabilidad y la interlocución entre las regiones.

En este proceso, Ecuador tuvo el mayor número de observadores internacionales como la Misión Electoral de la Unión Europea (UE), Naciones Unidas, Parlatino, entre los más sobresalientes, además de que cada partido tuvo veedores en las urnas con un número cercano a los 40 mil, cifra que es inédita desde la transición a la democracia en 1979. Por otra parte, el Ejército convocó por primera vez a los reservistas para precautelar el orden y la seguridad.

El presidente candidato, Daniel Noboa se hizo con la victoria por una diferencia de aproximadamente 10 puntos con más del 90% de los votos escrutados. Es la tercera vez y además consecutiva que el correísmo pierde una elección presidencial, a pesar de obtener una importante representación en la Asamblea, lo que le ubica como la principal fuerza opositora. El Consejo Nacional Electoral (CNE) felicitó al binomio ganador ya que la tendencia es irreversible al 90% de escrutinio de las urnas.

La candidata del correísmo, Luisa González, no reconoció su derrota en estos términos: “Gracias por la fuerza y la lealtad… Aquí estoy frente a mi pueblo… Quiero ser muy clara: la RC ha reconocido una derrota, hoy no reconocemos los resultados… En nombre del pueblo al que representamos no reconocemos los resultados del CNE (Consejo Nacional Electoral)… Me niego a creer que el pueblo prefiera la violencia a la mentira. Vamos a pedir el reconteo y que se abran las urnas”.

Como antecedente, agrupaciones de izquierda, partidos, movimientos y colectivos, respaldaron la candidatura de Luisa González, heredera de la Revolución Ciudadana, pero no le alcanzó para ganar; mientras que Daniel Noboa capitalizó el anticorreísmo histórico y su idea de la nueva política por su juventud, así como la de su gabinete. Estos enfoques hicieron de la campaña una lucha narrativa entre la prosperidad de los viejos tiempos promovida por Rafael Correa y un nuevo Ecuador que enfrenta el crimen organizado con mano dura, así como a la vieja política. 

Con las elecciones terminó una campaña electoral marcada por el ataque, la escasa deliberación pública y el volcamiento de mensajes efímeros en las redes sociales que convirtieron la política en espectáculo. El debate no esclareció dudas, más bien generó rechazo en los indecisos por la falta de claridad de las propuestas. El escaso margen de distancia inoculó el ambiente de especulaciones promovidas por las dos candidaturas. No faltaron insinuaciones de un probable fraude e, incluso, de defensa de la democracia por cualquier medio.

En este contexto, el nuevo gobierno enfrenta problemas severos, unos y otros se concatenan: polarización política, escasa confianza interpersonal e institucional, inseguridad y violencia, mal desempeño de la economía, desempleo y corrupción. Y ahora también tendrá que navegar la reconfiguración de las fuerzas internacionales, debido a las medidas tomadas por Donald Trump en lo comercial, la lucha contra el terrorismo y el tema migratorio, y en consecuencia, las respuestas y repercusiones de la comunidad en general.

La recomposición del tejido social es uno de los retos más importantes para el nuevo gobierno. Apenas una de cada 10 personas tiene confianza en su conciudadano, según el Latinobarómetro. Las elecciones abonaron aún más este fenómeno con una polarización política inédita. En ese sentido, la construcción de un sentido de país demandará tiempo y cortocircuitos en los intentos. Lo propio sucede con las instituciones, pues su calificación es mala y en los últimos años la tendencia es a la baja para el sistema de justicia, la Asamblea y los partidos políticos.

La necesidad de reconciliar los ánimos del nuevo gobierno le podría otorgar capital político para la implementación de una política de Estado contra el crimen transnacional organizado que opera en el país y controla las bandas de delito común. Sin embargo, la solo aceptación de la gente no será suficiente, pues las grandes negociaciones están en la Asamblea, en donde los dos bloques, Revolución Ciudadana del correísmo y ADN del actual Presidente, tienen el mismo número de legisladores. Hacerse camino en este contexto será una prueba de fuego para el nuevo gobierno.

En lo económico, los dos principales desafíos son la generación de empleo y el fortalecimiento de la dolarización. La relación con el sector empresarial será determinante en cuanto a las reglas del juego para la contratación laboral, esto dependerá de las exportaciones, el incremento de la inversión extranjera directa -ahora mismo es la más baja de la región-, las remesas de los emigrantes que tienen un efecto inmediato por las medidas de Donald Trump y los préstamos de los multilaterales de crédito.   

A esto se suma la atención urgente que demandan las provincias de la Costa y la Sierra debido a uno de los inviernos más devastadores en los últimos 10 años, además del proceso de remediación ambiental en la provincia de Esmeraldas por causa del derrame de petróleo sin que hasta ahora se conozcan a los responsables.  

Inicia un nuevo ciclo político para Ecuador con la expectativa de que el Presidente seguirá en funciones y sin la presión de una campaña encima.

Del calendario gregoriano al bitcoin: cómo se moldean los consensos globales

Estamos entrando en la primavera en el hemisferio norte y en el otoño en el sur. A pesar de que la hora parece de las convenciones más estables, la historia del estándar para medir el tiempo no es lineal, sino que está atravesada por intereses políticos, necesidades prácticas y una constante tensión entre poder y conveniencia. En un momento en que muchos de los consensos internacionales parecen resquebrajarse —desde acuerdos comerciales hasta principios de cooperación multilateral—, vale la pena detenerse a observar cómo y por qué ciertas normas universales lograron consolidarse.

Históricamente, el ferrocarril desempeñó un papel clave en la estandarización del tiempo, al transportar un horario unificado a cada destino para mejorar la previsibilidad del transporte y las comunicaciones. Antes de esto, cada ciudad determinaba su horario a partir del mediodía solar. Con el tiempo, los países adoptaron distintos husos horarios, en parte por conveniencia, necesidad y también por razones políticas.

El impacto de la política en la adopción de estándares es evidente en la historia. España, por ejemplo, adoptó la hora central de Europa en 1940 por decisión de Franco para alinearse con Alemania, a pesar de que geográficamente debería estar en otro huso. China, aunque casi tan extensa como Estados Unidos, opera con un solo huso horario para homogeneizar su vasto territorio.  Las crisis energéticas, por ejemplo, han provocado cambios en el horario en diversas naciones para aprovechar mejor la luz solar. En Argentina, esto ocurrió durante el gobierno de Alfonsín y nuevamente con la crisis del gas bajo la presidencia de Néstor Kirchner, cuando la Provincia de Mendoza cambió su horario.

La búsqueda de estándares y consensos globales

A lo largo de la historia, la humanidad ha desarrollado mecanismos para facilitar la convivencia y la cooperación. La estandarización de sistemas y medidas ha sido clave en la evolución de sociedades complejas, permitiendo una comunicación más eficiente y reduciendo costos y conflictos.

Muchos de los estándares actuales —como el calendario, los pesos y medidas o las monedas— surgieron de procesos de cooperación prolongados. En algunos casos, estos acuerdos fueron explícitos entre países e instituciones; en otros, se impusieron por imperios o gobiernos, o simplemente fueron adoptados en forma capilar por conveniencia.

El caso del esperanto es un ejemplo de un intento fallido de estandarización. Diseñado como un idioma universal neutral, no prosperó debido a la falta de adopción masiva. En contraste, ciertos sistemas han logrado convertirse en estándares globales. Un ejemplo claro son los semáforos: aunque las reglas de tránsito varían, el código de colores es casi universal, lo que evita la necesidad de negociar en cada intersección. No obstante, aún no existe un registro de conducir internacional válido en todo el mundo, solo algunos se reconocen en ciertos países a través de un trámite.

En algunos casos, se han diseñado mecanismos para permitir la compatibilidad entre distintos sistemas. Por ejemplo, los módulos de acoplamiento de la Estación Espacial Internacional están diseñados para conectar naves de distintos países, y las redes ferroviarias han desarrollado soluciones para operar en regiones con diferentes anchos de trocha. 

La estandarización de pesos, medidas y calendarios

En la antigüedad, cada región tenía sus propias unidades de medida, lo que dificultaba el comercio y la comunicación. La longitud del pie o el peso de la libra variaban significativamente entre culturas. La necesidad de unificar estas medidas llevó al desarrollo de sistemas más coherentes, como el Sistema Métrico Decimal en el siglo XVIII, que facilitó el comercio internacional y la cooperación científica. En la actualidad, se han implementado conversiones entre sistemas métricos e imperiales, como en el etiquetado de productos en Europa.

Uno de los estándares más ampliamente adoptados es el calendario gregoriano que corregía un desfasaje del calendario juliano de aproximadamente 11 minutos por año Aunque su adopción no fue simultánea en todo el mundo, con el tiempo se convirtió en el estándar global, reflejando el impacto de las decisiones centralizadas en la estandarización.

Estándares en la tecnología, la música y la navegación

La música también ofrece ejemplos de estandarización. La afinación del La a 440 Hz se estableció en 1939 como un estándar internacional, facilitando la colaboración entre músicos de distintas regiones.

En la navegación, el sistema de balizamiento marítimo IALA, establecido en 1957, buscó unificar los criterios de señalización. Sin embargo, todavía existen dos sistemas: el A, utilizado en Europa, África y Asia (excepto Japón, Corea y Filipinas), y el B, adoptado en América.

La tecnología ha vivido sus propias batallas por la estandarización, con ejemplos como los sistemas de televisión PAL y NTSC, las diferencias entre voltajes eléctricos (110V vs. 220V), y las distintas clavijas y conectores para dispositivos electrónicos. Sin embargo, algunos estándares han logrado una adopción global, como el protocolo de Internet (IP) y el sistema GSM en las telecomunicaciones móviles.

Bitcoin: ¿Una estandarización monetaria descentralizada?

La estandarización ha sido una herramienta clave para resolver problemas prácticos y facilitar la cooperación internacional. Hemos visto algunos estándares que han surgido por decisiones centralizadas. Otros han evolucionado de manera descentralizada a partir de su utilidad y conveniencia. 

Desde su aparición en 2009, Bitcoin se ha planteado como una alternativa a las monedas tradicionales, ofreciendo una red descentralizada sin control de una autoridad central. Su potencial para convertirse en una moneda universal dependerá de su capacidad para lograr un consenso similar al del calendario gregoriano o el sistema métrico. Sin embargo, enfrenta desafíos como la volatilidad, la política que puede restringir su utilización a través de regulaciones gubernamentales, y la infraestructura tecnológica.

El futuro de los consensos

Si bien la historia muestra que la política ha sido un factor determinante en la adopción de estándares, la tecnología y la comunicación moderna permiten una mayor transparencia y flexibilidad en la toma de decisiones. En el caso de los husos horarios, cualquier decisión arbitraria puede generar problemas prácticos, como errores en los horarios de vuelos o en la programación de dispositivos. Del mismo modo, la adopción de una moneda descentralizada como Bitcoin podría redefinir los consensos monetarios globales, siempre que logre superar los obstáculos que enfrenta.

Del mismo modo que hoy se reabren debates en torno al comercio internacional, con la reaparición de aranceles impulsado por los anuncios de Trump—, se pone en evidencia la fragilidad de ciertos consensos que dábamos por sentados. En este contexto, repensar cómo se forman y sostienen los estándares globales cobra nueva relevancia.

El futuro de la estandarización y los consensos globales sigue abierto. Lo que es seguro es que, como en el pasado, la combinación de política interna y estrategia global, cooperación y tecnología seguirán moldeando la forma en que organizamos nuestro mundo, tal vez con nuestros relojes sincronizados en lograr mayor transparencia y control.

Empate técnico en las elecciones de Ecuador

Es la conclusión a la que han llegado las distintas encuestadoras que siguen el proceso electoral. Un escenario de alta confrontación entre la candidatura de Luisa González, de la Revolución ciudadana (RC) , movimiento político al que pertenece el expresidente Rafael Correa; y Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional (ADN) , actual presidente, que pugna por su reelección. Un enfrentamiento cuyo desenlace lo conoceremos el próximo domingo 13 de abril.

La confrontación refleja la alta polarización política que divide al país. Ambos candidatos acumularon el 80 % de la votación válida en la primera vuelta entre 16 candidaturas, escenificando una segunda vuelta adelantada. La polarización del voto en dos candidaturas contrasta con la alta fragmentación de la base social, que se expresa en la cantidad de organizaciones políticas (16 candidaturas en la primera vuelta, 232 organizaciones entre partidos y movimientos nacionales y locales).

En contextos normales, la segunda vuelta refuerza la polarización. En este caso, estamos frente a una polarización recargada. Al menos es esa la conclusión a la que se arriba luego del debate que los enfrentó el pasado 23 de marzo, donde la presentación de planes y programas se subordinó a la exaltación de sus egos personales magnificados previamente por las redes sociales. Una perfecta performance en la cual la banalidad y el espectáculo sustituyeron a la discursividad política.

Pero si hurgamos en las respuestas más allá del enfrentamiento pueril y superficial, la polarización nos permite también observar con más claridad sus diferencias.

En los 5 ejes temáticos: educación, salud, criminalidad y seguridad, economía y empleo y gobernabilidad, los contrastes se vuelven evidentes. Si para Noboa en salud y educación se trata de transferir bonos y becas para jóvenes y población vulnerable, para González, se trata de “recuperar” infraestructuras e inyectar más recursos para estos sectores.  

La diferenciación se vuelve más clara en los restantes tres ejes temáticos. En seguridad, la visión de Noboa privilegia el enfrentamiento sin concesiones a la delincuencia y al narcotráfico; insiste en la necesidad de financiamiento para dotar de equipo a las fuerzas armadas y policía y contar con una intensa cooperación internacional que suponga incluso la presencia de bases militares extranjeras. La perspectiva belicista de esta postura deja abiertas dudas sobre posibles excesos que pudieran atentar con la vigencia de los derechos fundamentales. La visión de González enfatiza en la ausencia del estado y sus políticas públicas en los territorios; su poco énfasis en la línea belicista parecería confinar con la idea de llegar a acuerdos de pacificación con las organizaciones narcodelictivas, bajo premisas como las del gobierno mexicano: ‘abrazos y no balazos’; o reeditar la política inicial de Rafael Correa de negociar con las bandas delincuenciales.

En economía y empleo, la visión es más distante. Para Noboa, el empleo es tarea del mercado y del sector privado, depende del crecimiento de la economía, y el sector privado es su gran dinamizador; el Estado debe crear las condiciones para que ello acontezca (visión liberal con orientación socialdemócrata), para lo cual la educación debería promover la innovación tecnológica empresarial mediante la transferencia de bonos e incentivos como becas estudiantiles.  Para González, el modelo gira en torno al protagonismo del Estado y a la capacidad que este tendría de incentivar el crecimiento económico mediante el gasto público; una visión con rasgos neo keynesianos en la política económica.

En materia de gobernabilidad las diferencias seguramente son más claras. Para Noboa es necesario caminar hacia una reforma de la Constitución que recupere las instituciones básicas del estado de derecho conculcadas por la ‘Constitución de Montecristi’, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS), que sustituyó al legislativo en la nominación de autoridades de los órganos de control, en particular la Contraloría y la Fiscalía; reinstaurar el principio de la división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) recuperando la vigencia del imperio de la Ley frente al discrecionalismo jurídico, que ha permitido la penetración de las mafias en la administración de justicia y por esa vía la generalización de la narcopolítica. Para González se trata de afianzar el modelo de Montecristi con reformas legales que refuercen dicha institucionalidad o con una Constituyente, pero ‘más adelante’.

En los tres ejes temáticos, pero en particular en los dos primeros, el nudo gordiano es el financiamiento: en el caso de Noboa, se lo conseguiría mediante inversión extranjera (y nacional), para lo cual la estabilidad macro fiscal es la clave, un escenario en el cual los multilaterales aparecen como garantes de la estabilidad macroeconómica. En el caso de González, el modelo, al ser pro-Estado, podría aparecer como anti mercado y dirigido a reducir inequidades afectando al sector empresarial, al cual lo ve bajo la figura de oligarquías no comprometidas con el desarrollo del país.

La acusación de Noboa a González se centró en los afanes desdolarizadores de su propuesta y de su modelo. Una inversión pública que no cuente con líneas de financiamiento vía mercado, necesariamente deberá acudir a recursos propios o a endeudamiento, lo cual significaría acudir al uso de las reservas internacionales y a la emisión de Ecua dólares, como lo sugirieran dos de sus legisladoras recién elegidas, lo cual debilitaría estructuralmente a la dolarización. Para la postura de Noboa, la dolarización no se la mantiene con proclamas o expedientes jurídicos, sino garantizando la estabilidad macro fiscal.

En esta última semana el enfrentamiento será más duro y agresivo en la disputa por conquistar el 9% del electorado que no tomó posición en la primera vuelta (nulos y blancos) así como el 6,57% de los que se decantaron por alguna de las 13 candidaturas marginales. Será decisivo, en particular, el destino de la votación del Movimiento Pachakutik, cuyo candidato Leonidas Iza alcanzó el tercer lugar con el 5.34% de la votación, y cuyo apoyo formal a la Revolución Ciudadana ha abierto serias fisuras en la organización indígena de la cual es su expresión política. Los resultados son impredecibles.

El déficit comercial de USA y la queja de Donald Trump

Adam Smith iluminó la ciencia de la economía cuando descubrió que la división del trabajo y la cooperación eran las fuentes de la riqueza de las naciones. Smith utilizó el ejemplo del taller de artesanos que fabricaban alfileres: unos cortando el alambre, otros limando las puntas, otros más torneando las cabezas y los últimos pegándolas para producir miles de alfileres, mientras un artesano solo en su taller no alcanzaba a fabricar una fracción de las piezas que se lograban hacer mediante la división del trabajo.

Así mismo, pero a una escala mayor, la división del trabajo entre naciones, cada una dedicándose a las tareas en las que era más diestra e intercambiando con las demás el resto de sus necesidades garantizaban el desarrollo más profundo de la riqueza de todas ellas. Esto era posible si se fomentaba el comercio dentro de cada país y entre países. La mayor productividad alcanzada por la división del trabajo abarataba las mercancías, aumentaba los consumos y así la riqueza se compartía entre más poblaciones.

Esta visión fue rechazada por el pensador alemán Friedrich List, quien defendió el proteccionismo como una política apropiada para los que llegaron tarde a la industrialización, como fuera el caso de Alemania, acusando a Inglaterra de explotar al resto de Europa. Tenemos ahí el origen de las visiones contrapuestas entre liberalismo y conservadurismo en materia de comercio, que fuera bandera del nacionalismo económico por doquier.

Es obvio que el nuevo proteccionismo de Donald Trump bebe, sin saberlo, de las fuentes del pensamiento de List y es aún más reaccionario al defender prerrogativas de un país imperial. Trump aduce ser explotado por el resto del mundo, cuando los Estados Unidos han sido arquitectos y beneficiarios de la globalización de la que ahora se declara víctima su presidente.

La “explotación” de Trump consiste en sostener una balanza comercial negativa con el resto del mundo, la que se desprende de ser un país que consume más de lo que produce, con el agravante de ser menos productivo que Europa y el Japón, lo que explica sus sendos déficits comerciales. La explotación es al revés: déficits comerciales de Estados Unidos con el resto del mundo que son financiados con excesos de emisión de su moneda que todavía es la divisa internacional por excelencia.