Cientista Político. Profesor e investigador asociado de la Universidad Federal de Goiás (Brasil). Doctor en Sociología por la Univ. de Brasilia (UnB). Postdoctorado en la Univ. de LUISS (Italia). Especializado en estudios comparados sobre América Latina.
El silencio de la presidenta Dina Boluarte frente a las investigaciones sobre las masacres ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, evidencian el aislamiento de las instituciones frente a las demandas de la ciudadanía.
En Perú, las protestas ya llevan más de dos meses con un saldo de más de 60 muertos y, sin embargo, las fuerzas conservadoras no han mostrado interés por el diálogo.
Cuando la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, asumió la Presidencia para sustituir a Pedro Castillo, se esperaba que vinieran meses de tranquilidad. Sin embargo, a los pocos días, en casi todo el país las movilizaciones que inundaron las calles.
La invasión y destrucción de las sedes institucionales de los tres poderes del Estado brasileño, que residen en la capital Brasilia, es la reproducción de lo sucedido en Washington dos años atrás.
Lo que Pedro Castillo provocó fue juntar a todos los actores políticos en su contra y con ello tornar inviable cualquier movimiento progresista en el Perú.
El presidente Pedro Castillo se libró de ser destituido por el Congreso de la República del Perú, lo que constituye una derrota para la oposición de centro-derecha arrastrada por una radicalizada minoría de extrema derecha.
Recientemente el presidente peruano aceptó la renuncia —solicitada— de su Primer Ministro, el radical de izquierda Guido Bellido que en apenas tres meses colmó la paciencia de la oposición y un gran sector del propio oficialismo.
De momento, no existe ninguna tentativa para llevar al Perú al populismo o a la irresponsabilidad fiscal. Lo que sí se se han visto son acciones de sectores políticos que buscan paralizar el gobierno con el objetivo de obtener ventajas personales.
Las protestas son el resultado de un conjunto de variables que trascienden el embargo económico de Estados Unidos y están más vinculadas a la estructura económica, el contexto autoritario y a las decisiones tomadas por el gobierno de Miguel Díaz-Canel.
