Exploremos el siguiente argumento: la maquinaria morenista ganó la presidencia de la República en mucho gracias a una elección en la que no se escatimaron los recursos para obtener un triunfo que no dejara asomo de dudas. Lograron un triunfo legislativo por debajo de lo que marca la ley, pero la coacción de consejeros y magistrados electorales lo convirtieron en una mayoría calificada que ha permitido a Morena y sus aliados hacer reformas constitucionales y reglamentarias que posibilitarán un cambio de régimen que habrá de permitir, si otra cosa no sucede, conservar el poder ad infinitum. Además, esa mayoría legislativa ha echado a un lado a la oposición, pese a que obtuvo el 44 % de la votación emitida y está subrepresentada en el Congreso de la Unión; lo mismo sucede en los estados y municipios, donde la oposición en la mayoría de ellos tiene un carácter testimonial que nos regresa de facto a la etapa lejana del partido hegemónico sin oposición del PRI (Sartori dixit).
Y está por ver hasta dónde puede servir este dominio ganado a pulso con las malas artes de la política, si no se convierte en un problema al extrapolarse tarde o temprano al ámbito de las relaciones internacionales, especialmente con las democracias consolidadas occidentales.
Está visto que en el sector de la izquierda latinoamericana más atrasada, autocrática y autoritaria se relamen los labios de que en México haya salido “todo tan perfecto”. En cambio, lo vimos en contrario en Venezuela, donde el “progresista” Nicolás Maduro no pudo acreditar, aun con todos los recursos del gobierno, las actas que le hubieran dado voto por voto el triunfo, cosa que sí pudieron hacer contundentemente la dupla Edmundo González-María Corina Machado.
O sea, ante países y organismos internacionales, la habilitación de Maduro como presidente de Venezuela corresponde a una dictadura de izquierda y eso, ipso facto, ha significado el desconocimiento de la Unión Europea y de Estados Unidos, que incluso ofrece una recompensa de 25 millones de dólares a quien aporte información (o, mejor dicho, a quien lo entregue) para la captura de quien ocupa la residencia oficial de Miraflores.
Y el primer golpe mediático ya está dado contra México. Donald Trump ha dicho que el país está “gobernado por los cárteles” y amenaza diciendo que, cuando tome posesión del cargo de presidente, los combatirá en nuestro territorio. Esto, más allá de lo que la presidenta Sheinbaum llama “un estilo de comunicación”, es una definición política.
Basta darle le vuelta a la expresión “gobernado por los cárteles” para concluir que, en la visión dominante de los Estados Unidos, quienes gobiernan México son parte de la lógica de la cartelización de la vida política del país. Dicho de paso, sobran las evidencias incluso reconocidas oficialmente por el propio gobierno en niveles municipales.
Y el refrendo será si la presidenta Sheinbaum fue invitada o no a la toma de posesión del presidente Trump. Si la invita, como debiera ser como vecinos y socios comerciales, será visto como que Trump ha dado un paso atrás en la caracterización del sistema político mexicano; si no, representa una mala señal para las relaciones bilaterales.
O sea, ¿de qué servirá tener la presidencia de la República, el Congreso de la Unión, los tres poderes, la amplia mayoría de estados y municipios, si el presidente, el Congreso, gobernadores y las agencias estadounidenses están en sintonía con la caracterización narca de la política mexicana?
Sé que se dirá que es una estrategia para hincar al contrario y obtener beneficios en una eventual negociación bilateral —yo lo mismo lo he escrito ex ante—; sin embargo, si eso se convierte en una política que estará martillándose a través del ejecutivo, el Departamento de Estado, la embajada estadounidense, la patrulla fronteriza (Border Patrol), la DEA y otras agencias de seguridad estadounidenses, estaremos hablando de otra cosa, no de la campaña por los votos.
Y en ese punto, donde la campaña se convirtió en gobierno, habría que preguntarnos si esa gran conquista lograda a golpe de malas artes será una fortaleza o una debilidad de nuestro país. Eso me remite a la experiencia de Canadá, donde Justin Tradeau, el primer ministro, renunció al cargo sin que esto signifique una convulsión que ponga en entredicho el sistema político, sino una fortaleza, porque, de acuerdo con su sistema parlamentario, él seguirá en el cargo hasta que su partido, el Liberal, nombre a un nuevo primer ministro que gobernará hasta las elecciones de octubre próximo. Y la oposición conservadora canadiense, aunque pide elecciones anticipadas, no tiene problemas para ajustarse a las reglas establecidas.
El problema es que, tras el abuso que se ha cometido en México, la oposición, pese haber obtenido el 44 % de los votos legislativos, está subrepresentada, y eso es una debilidad de la presidenta y su equipo de gobierno. Los gringos conocen el proceso de captura de las instituciones republicanas y su efecto en la representación política, como también saben que fortalecer a esta mayoría significa conceder, y en la lógica imperial, si se quiere, Trump sabe que no debe ceder un centímetro porque está destinado al fortalecimiento de los “enemigos”.
Claudia Sheinbaum ha sido imprudente en el manejo de la situación de Venezuela, pues si bien pasó de caracterizar a Maduro como un “progresista” equiparándolo con Lula y Boric, incluso con Petro, lo rechaza por no poder demostrar su triunfo con las actas de cómputo, y ha terminado hablando de la “autodeterminación de los pueblos”, como si la Constitución no hablara de salvaguardar principios de convivencia democrática.
En definitiva, un poder que hacia adentro es absoluto, hacia afuera cruje, porque la legitimidad está en entredicho en la narrativa dominante estadounidense. No solo es rollo, sino parte de una combinación de animadversión y realidades que el equipo de Trump conoce. Y no les temblará el pulso para utilizarla en su beneficio.
