Una región, todas las voces

La minería está convirtiendo la Amazonía en un desierto

Imagina un paisaje árido, desolado y estéril, así se ve el planeta Marte. Para muchos científicos, y otros emprendedores como Elon Musk, Marte podría, en un futuro y con mucho esfuerzo, ser terraformado, tal como se denomina la acción de modificar un ambiente hostil para hacerlo habitable para los seres humanos. Ahora, ¿y si te dijera que, en este momento, estamos convirtiendo nuestra Amazonía, a través de una actividad como la minería de oro, en un paisaje marciano? Esto está pasando a gran velocidad en este mismo instante.

La Amazonía, el pulmón del mundo, se está convirtiendo en un desierto

La minería de oro en la Amazonía no es un fenómeno nuevo, pero su impacto ambiental se ha intensificado en las últimas dos décadas. Grandes áreas de selva amazónica han sido deforestadas y los suelos destruidos debido a la minería, dejando atrás un paisaje devastado que se asemeja a un desierto. Este proceso de terraformación inversa, no sólo elimina la biodiversidad, sino que también altera profundamente la estructura y fertilidad del suelo, casi en forma instantánea, haciéndolo incapaz de regenerarse de forma natural.

La minería degrada el suelo de múltiples maneras. Primero, se destruye la capa superficial rica en materia orgánica donde no existe el mineral, conocido también como “oro negro” o “topsoil”, que es crucial para la fertilidad del suelo, la capacidad de retención de agua y otros procesos esenciales para las plantas. Esta materia orgánica es un componente fundamental para el funcionamiento de los ecosistemas terrestres, ya que alimenta al microbioma del suelo, una comunidad compleja de microorganismos que incluye bacterias, hongos y otros organismos que descomponen la materia orgánica y reciclan los nutrientes. Sin estos procesos, los suelos pierden su capacidad de autorrepararse y se convierten en terrenos estériles, incapaces de sustentar la biodiversidad de flora y fauna.

Este proceso está dejando huellas imborrables en la región, alterando profundamente los hábitats, dando lugar a lo que los científicos llaman «ecosistemas nuevos». Un ecosistema nuevo es un ambiente profundamente modificado por la actividad humana, donde las especies de flora y fauna nativa están mayormente ausentes, mientras que el suelo y los ciclos naturales han sido profundamente perturbados. El impacto de la extracción de oro que ocurre actualmente en la región retrocede el estado de los ecosistemas amazónicos, tal como lo conocemos, a millones de años al pasado.

Muchos lugares impactados por la minería en la Amazonía están acumulando rápidamente montañas de piedras compactas y vastas extensiones de arena producto del lavado de los suelos. Se estima que al 2023 existían 1.3 millones de hectáreas―extensión similar a Puerto Rico― impactadas por la minería de oro en la cuenca amazónica. Además, el uso de mercurio y otros productos químicos en el proceso de extracción del codiciado mineral contamina el suelo y los cuerpos de agua cercanos, lo que agrava la crisis ecológica y la salud ambiental que ya afecta a 34.1 millones de personas, incluyendo 2.7 millones de indígenas distribuidos en 511 grupos indígenas que habitan la región. La minería ilegal ha invadido 370 territorios indígenas mientras que las concesiones legales abarcan 1131 territorios en seis países (Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela).

En un intento por regular la minería ilegal, los gobiernos de Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y Venezuela, han declarado vastas extensiones como “corredores” o “arcos” mineros, en las cuales se permite la minería formal de extracción del oro. El remedio sin embargo parece ser peor que la enfermedad, ya que los gobiernos de turno no han implementado monitoreos o legislaciones ambientales estrictas y menos aún la aplicación de metodologías adecuadas para su restauración. Dentro de este contexto de la legalización de la minería en la Amazonía, la superposición de concesiones mineras legales con territorios indígenas, reservas naturales, bosques nacionales y predios agrícolas ha fomentado los conflictos sociales, criminalidad y las invasiones producto de la minería ilegal. De esta manera, en lugar de crear condiciones necesarias para el desarrollo sostenible de la Amazonía, los gobiernos han facilitado el desarrollo de actividades destructivas para la vida y la biodiversidad.

Mitigación y soluciones: revertir la terraformación inversa

Aunque el daño causado por la minería de oro es considerable, aún hay esperanza. Existen diversas estrategias y tecnologías que pueden ayudar a mitigar los efectos de la desertificación y a restaurar la capacidad de los suelos para regenerarse. Una técnica es la restauración ecológica con un enfoque en recuperar la funcionalidad de los suelos a través del cultivo de especies nativas que absorben el nitrógeno del aire―conocido como leguminosas―, el uso de microorganismos para rehabilitar el microbioma del suelo y la incorporación de materia orgánica de otros sectores no impactados para mejorar la calidad del suelo. Las prácticas de restauración y rehabilitación deben tomar en cuenta las condiciones ecológicas de cada sector del paisaje impactado y las tecnologías mineras prevalentes en cada zona con el fin de adaptar los protocolos de restauración según los desechos mineros existentes.

Por otra parte, los avances en biotecnología podrían proveer soluciones más efectivas para restaurar los suelos y el microbioma. Utilizar técnicas de bioingeniería para diseñar soluciones específicas para recuperar suelos degradados es una opción que necesita explorarse. El desarrollo de especies de cobertura y microorganismos con capacidad para fijar metales pesados, restaurar la materia orgánica, fijar los nutrientes y mejorar la estructura del suelo puede acelerar el proceso de recuperación de los ecosistemas impactados.

Para que el problema no siga avanzando es fundamental la prevención de la minería ilegal y la aplicación de buenas prácticas de manejo de suelos. La regulación de esta actividad puede reducir significativamente el impacto ambiental con la implementación de métodos menos destructivos para la extracción de oro en zonas legalizadas, evitando así la desertificación. Por ejemplo, los concesionarios legales podrían implementar el almacenamiento del “topsoil” en sus prácticas de manejo, para su posterior reincorporación a las zonas impactadas una vez que se haya culminado con la actividad extractiva. La adopción de estas metodologías con responsabilidad ambiental puede ser incentivada con la reducción de impuestos y otras iniciativas legales y administrativas.

Sin embargo, la solución de fondo para combatir la desertificación y pérdida de servicios ecosistémicos ocasionados por la minería de oro se basa en un cambio hacia prácticas agroecológicas y al uso sostenible del bosque amazónico en pie. Los gobiernos deben prevenir la expansión de la minería en nuevas áreas de la Amazonía y en su lugar invertir en sistemas agrícolas sostenibles, como la agroecología y la agroforestería. Estos cambios incluyen fomentar el desarrollo de industrias y bioeconomías que usen la biodiversidad del bosque en pie y en cual las comunidades locales tengan un rol clave en las cadenas de valor.

Conclusión

Mientras que los científicos se esfuerzan por entender cómo podríamos terraformar Marte, la minería de oro en la Amazonía está creando desiertos biológicos, transformando ecosistemas fundamentales para el planeta. y las comunidades locales en paisajes inhóspitos. Este proceso de terraformación inversa nos debe hacer reflexionar sobre el impacto que nuestras acciones tienen sobre la Amazonía y la necesidad urgente de restaurar o rehabilitar lo que estamos destruyendo.

Si bien las tecnologías y estrategias para mitigar los efectos de la desertificación por minería de oro existen, o pueden desarrollarse, su implementación efectiva dependerá del compromiso regional y global para conservar estos ecosistemas. Al igual que con la terraformación de Marte, el desafío de restaurar la Amazonía requiere de un enfoque ambicioso y colaborativo. Pero, a diferencia del esfuerzo que llevaría transformar el planeta rojo, hoy mismo tenemos la capacidad de cambiar el rumbo y devolver la vida a la Amazonía en nuestro propio planeta.

*Un texto producido en conjunto con el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI). Las opiniones expresadas en esta publicación son las de los autores y no necesariamente las de sus organizaciones.

Transiciones desde un gobierno democrático

A finales del siglo XX y principios del XXI, los politólogos se dedicaron a estudiar los países que transitaban hacia la democracia. Muestra de ello son los cuatro volúmenes escritos por Guillermo O’Donnell, Philippe Schmitter y Laurence Whitehead en los años noventa, llamados Transiciones desde un gobierno autoritario, que analizan los momentos, factores y actores que dieron paso a la democratización en América Latina y la Europa postsoviética.

Ahora, durante la segunda década del siglo XXI, los cientistas sociales estamos interesados en entender los retrocesos, la erosión institucional y el ascenso de líderes autoritarios en varias partes del orbe. De ahí el título de este artículo, Transiciones desde un gobierno democrático, en alusión a los textos mencionados con antelación y al fenómeno autoritario que viven varias naciones actualmente.

Un argumento con el que se ha cuestionado mucho esos textos es que varios de los países que se analizaron en ese momento no necesariamente se encontraban en una transición democrática. La noción de democracia se redujo a elecciones libres y competidas y alternancias en la presidencia. Bajo estos criterios, muchos países como Polonia, El Salvador, Bolivia o Singapur serían considerados democracias.

La democracia va más allá de comicios: implica división de poderes, integridad electoral, respeto a la Constitución y cuidado de los derechos humanos. En los años noventa varios países habían implementado elecciones, los oficialismos perdieron el poder y adoptaron economías de libre mercado. La premisa era que la adopción de estas condiciones conllevaba la democratización, por lo que los países se encontraban en este punto medio del autoritarismo y la democracia.

Cabe destacar que el concepto de transición ha sido muy debatido por la comunidad científica y se ha llegado a un consenso en el que las transiciones son un largo proceso de avances y retrocesos que no tiene un final determinado. Es decir, dada la dificultad para analizar las transiciones a la democracia o el autoritarismo no establecen un punto de conclusión si un país ha alcanzado la plenitud democrática o ha llegado a un régimen totalitario.

Por eso actualmente, al analizar países como Rusia, Hungría, Polonia, México, El Salvador o Malasia, se menciona que son regímenes híbridos, que en los años noventa iniciaron sus procesos de democratización pero que en algún punto mostraron retrocesos. Sin embargo, tampoco pueden ser catalogados como dictaduras o regímenes totalitarios porque no muestran características para ser definidos como tal.

Por eso la categoría de regímenes híbridos ha sido utilizada para definir a países con tintes autoritarios y democráticos. El debate politológico ha estado marcado por conceptos que han surgido como una forma de estudiar las naciones. Por ejemplo, los autoritarismos competitivos acuñados por Steven Levitsky y Lucan Way; las democracias iliberales de Fareed Zakaria, los regímenes sultanísticos de Juan Linz, los autoritarismos electorales de Andreas Schedler o la democratura de Pierre Rosanvallon.

En pleno siglo XXI, las y los politólogos tenemos una paleta de regímenes ante nosotros que deben ser estudiados y analizados a fondo para entender el devenir de los países. Un factor relevante es que, a diferencia de los autoritarismos clásicos, ya no se hace un asalto al poder, sino que ahora se compite en elecciones. Cuando ganan el poder, el sistema y las reglas son demolidas o cambiadas desde adentro.

Liderazgos como el de Andrés Manuel López Obrador en México y el de Nayib Bukele en El Salvador debilitaron el sistema institucional y en algunos casos colonizaron los poderes del Estado para someterlos a su voluntad. En América Latina, estos dos casos son emblemáticos de lo que representa el ascenso de líderes carismáticos que incrustaron su proyecto político e ideológico en el Estado, no solo en el gobierno. Por lo tanto, estas naciones fueron concebidas como regímenes híbridos por diversos proyectos como V-DEM, Freedom House e IDEA Internacional.

En Europa, Rusia, Hungría y Polonia han sido catalogados como democracias iliberales, en las cuales su principal distintivo es que el liberalismo ha dejado de ser un pilar del Estado; luego entonces, este está regido por la ideología del líder que ocupa el poder, Vladimir Putin, Viktor Orbán y el Partido Ley y Justicia, respectivamente. Ejercen control sobre la oposición y la sociedad civil, pero no la hacen desaparecer en su totalidad y en algunos casos los opositores alcanzan puestos de poder.

En Asia existe una gama de países que tienen regímenes de partido hegemónico: Singapur, el ascenso de líderes autoritarios como Prabowo Subianto en Indonesia, la herencia autoritaria en Filipinas de Rodrigo Duterte, el régimen de partido único en la China de Xi Jing Ping o la dictadura de Kim Jong-un en Corea del Norte. Estos países no necesariamente emprendieron transiciones a la democracia o reformas liberalizadoras para dar paso al pluralismo; en algunos casos nunca llegaron, como China y Corea del Norte.

Por otro lado, la herencia de las tiranías como la dinastía Marcos y la mano dura de Rodrigo Duterte son elementos que hasta la fecha marcan el destino de Filipinas. En Singapur el hegemónico Partido Acción Popular gobierna desde la independencia y se mantiene como piedra central del sistema político. Mientras, países como Indonesia, que contaban con una frágil democracia, hoy son encabezadas por personajes fuertes como Subianto, que tienen un largo historial represivo y que se formaron durante la época de la descolonización en los años sesenta y setenta del siglo XX.

En el mundo están apareciendo personajes que desafían el statu quo, promueven agendas antisistema y prometen una verdadera democracia que está marcada por tintes autoritarios. Las ofertas políticas desafían el liberalismo y con ello llegan a los máximos espacios de dirección de las naciones; no es la primera vez que ocurre y tampoco será la última. La realidad nos está mostrando que las transiciones no solamente son hacia la democracia, sino que también pueden darse hacia el autoritarismo.

¿Serían las “notas comunitarias” una solución real para garantizar la libertad de expresión?

Apenas hemos comenzado el año 2025 y ya tenemos un tema muy importante en la agenda mundial. Meta anunció recientemente, a través de su CEO Mark Zuckerberg, que eliminaría el fact-checking de la plataforma para adoptar un sistema de moderación basado en las llamadas “Community Notes”, vigentes en X de Elon Musk.

El comunicado utilizó un lenguaje inusual, lleno de belicosidad y con contornos claros de una cosmovisión que ocupa la arena política más radical, más polarizada y que demuestra la posición de uno de los gigantes tecnológicos en el choque por la regulación de las redes sociales.

Comienza así otro capítulo de una disputa que divide al mundo y que se centra en la libertad de expresión, uno de los derechos más clásicos desde el siglo XVII.

Es desde este contexto que el debate sigue siendo candente, pues es conocida la resistencia de las plataformas digitales a someterse a controles externos (como la legislación, por ejemplo), así como la gran controversia conceptual en torno al significado de esta libertad de expresión, que se ha convertido en un mantra de la extrema derecha, que lo interpreta como algo que no se puede limitar, además de colocarlo como el núcleo de una vida que, según estos portavoces, debe ser vivida por individuos.

Con un poco más de racionalidad, sin embargo, uno se da cuenta de que toda esta discusión contaminada por la ideología carece del análisis más básico: después de todo, ¿Serían realmente las “Notas Comunitarias” una solución a los potenciales problemas que enfrentan los países al gestionar la libertad de expresión en el entorno virtual? ¿O se trata simplemente de un mero “canto de sirena” para que las plataformas eludan sus deberes de moderación, mientras que la sociedad en su conjunto se vuelve aún más conflictiva?

Para introducir este enfoque, es necesario entender cómo funcionará la nueva política de Meta, algo que aún no ha sido divulgado públicamente y que, en una reciente respuesta a la Procuraduría General de la República de Brasil, parece que ni siquiera existe una política claramente construida sobre cómo se adoptará esto. Lo único que se ha manifestado es que los cambios solo afectarán por el momento a Estados Unidos, para que se pueda probar el modelo. Algo que, debido a la falta de transparencia que ha venido imponiendo Meta en los últimos tiempos, no genera certeza de que vaya a ser realmente así.

Por tanto, comenzaremos con un breve análisis de las “Notas Comunitarias” aplicadas en X, ya que en teoría serían la base para el modelo Meta.

Según información de X e investigaciones sobre el tema, cualquier persona que tenga un número de teléfono válido y una cuenta X por más de 6 meses puede registrarse en “Notas de la comunidad”. Se pensaba que sólo sería gente que pagara por el perfil verificado, pero no, es algo más general. Sin embargo, la aceptación de la persona registrada no es automática y no fue posible obtener mayor información sobre este proceso de admisión.

Una vez aceptada, la persona puede sugerir notas sobre contenido que considere que contiene desinformación o noticias falsas, pero esta nota aún no se hace pública. Una vez sugerida una nota, se envía a otras personas de la comunidad, quienes verifican su contenido y votan si es relevante o no. Hay un punto importante aquí: es el algoritmo el que decide quién revisa la nota, pues se dice que la muestra de revisores debe ser diversa, al igual que los votos. Si no hay consenso sobre la nota, no se publica. El algoritmo también comprueba si realmente hay diversidad en la muestra de revisores, pero no ofrece información sobre cómo ocurre esto realmente. Mientras tanto, la nota permanece inédita, pero el contenido engañoso o falso continúa circulando con normalidad.

Según datos de dos encuestas, Center for Countering Digital Hate y The Washington Post, ambas de 2024, aunque la propuesta es inspiradora porque apuesta por una gran arena de debate público, no funciona en la práctica y, especialmente, en los momentos clave como las elecciones.

En la primera encuesta se encontró que las notas sugeridas que realmente corrigieron afirmaciones falsas y engañosas sobre las elecciones estadounidenses no se mostraron en 209 casos, de una muestra de 283 publicaciones consideradas engañosas, es decir, el 74%.

En la segunda encuesta, los datos son aún más preocupantes. Incluso cuando se publica una nota, el proceso suele tardar más de 11 horas, tiempo suficiente para que el contenido cuestionado circule libremente por la red entre millones de personas. Aun así, solo el 7,4% de los proyectos de ley propuestos para 2024 relacionados con las elecciones estadounidenses se hicieron públicos, un porcentaje que cayó aún más en octubre a solo el 5,7%.

Pero pensemos en la comunidad misma. Según estos estudios, los voluntarios no tienen grandes incentivos para permanecer en la moderación, reduciendo aún más las posibilidades de obtener el consenso buscado por el algoritmo al votar la calificación sugerida. Como la naturaleza de las notas es sugerente, puede haber un sesgo hacia posiciones políticas, llegando a desequilibrar el contenido que es más “monitoreado”. Por otro lado, para quienes están allí con espíritu de colaboración, puede ser frustrante que el contenido que niega la efectividad de una vacuna, por ejemplo, circule con normalidad mientras que la nota sugerida, apoyada en fuentes confiables, que denuncia la noticia falsa, está sujeto a una intensa disputa por su voto.

Además de requerir una dedicación importante a este trabajo voluntario, que puede ser intenso para la moderación de contenidos, al final también puede ser real la sensación de que no estás aportando nada. En una investigación realizada por Agência Lupa en asociación con Lagom Data, de 16.800 sugerencias de notas en portugués realizadas en noviembre de 2023, solo 1.352 fueron publicadas en el feed de X, lo que significa que el 92% de todas las «Notas de la Comunidad» en portugués permanecieron en el feed de X., el 89% estaban pendientes de evaluación y aún no habían sido mostrados a los usuarios; y el 3% ya había sido rechazado, quedando sólo el 8% disponible.

Ya sea por la falta de transparencia de cómo funciona realmente este modelo, o por los datos descritos anteriormente, es difícil asumir que las “Notas Comunitarias” sean más democráticas que el sistema de verificación profesional de datos, en el que las personas se dedican exclusivamente a esto y donde las pautas de clasificación de contenidos son más claras y accesibles. Es posible que las valoraciones de la comunidad mejoren, pero hasta entonces, no apostaría por una solución milagrosa al enfrentamiento sobre la verdad que circula en las redes sociales.

Los nuevos bárbaros

La disputa de Inglaterra y Francia por el dominio de los mares, durante todo el siglo XVIII, es uno de los epígrafes imprescindibles en toda Historia Universal escrita, según el discurso hegemónico de los centros de poder global, incontrastables hasta hace muy poco. Según tal discurso, ese diferendo centenario, que venía desde las postrimerías del siglo XVII, terminó con la derrota definitiva de Napoleón en Waterloo, su posterior confinamiento en la Isla de Santa Elena y la conversión de los océanos y mares del planeta en un mare nostrum británico, durante todo el siglo XIX y hasta bien entrado el XX. Sin embargo, si se es respetuoso con la verdad histórica y no solo nos dejamos llevar por la narrativa del vencedor, se debe admitir que ese dominio británico de los mares se consiguió una década antes, en Trafalgar, donde no solo se enfrentaron las marinas francesa e inglesa, sino también la del Imperio Español, la cual en la segunda mitad del siglo XVIII, y hasta Trafalgar, fue comparable a la francesa y solo cedía a la inglesa a nivel global.

En verdad la disputa anglo-francesa por el control de los mares, y consecuentemente del mundo, desde fines del siglo XVII, se superpuso a una anterior, que la precedía un siglo, entre Londres y el Imperio Español. No puedo aquí abundar en detalles, dadas las características del lugar desde donde escribo este trabajo, pero la realidad histórica es que el dominio anglosajón del mundo, desde principios del siglo XIX hasta todavía hoy, no se consiguió solo al derrotar a Francia, en la llamada Segunda Guerra de los Cien Años, sino sobre todo al lograr desintegrar al Imperio Español en un conglomerado de entidades políticas en teoría independientes (aquí incluyo a España misma), altamente inestables, que Londres y más tarde Washington convirtieron en dependencias económicas suyas, o, como se decía hace algunos años, en neocolonias. Fue en gran medida sobre esas dependencias que el mundo anglosajón pudo reordenar el Sistema Mundo a su favor, y convertirse en su Centro indisputado, al acarrear tras de sí a los restos del Imperio Español, y aportarlos como Periferia.

Hoy, por cierto, somos todavía dependencias de ese mundo anglosajón, incluso en casos extremos como Cuba, que se ha propuesto dejar de serlo, pero al precio de renunciar a vivir como una nación de su tiempo según los estándares de vida del mismo. En un final no puede interpretarse de otro modo el continuo lamento del régimen cubano de que sin relaciones económicas normales con los Estados Unidos (a pesar de mantenerlas con todo el resto del planeta) el país no podrá acceder al desarrollo, y su destino es necesariamente el presente proceso de haitianización en que vivimos.

No obstante, hay que reconocer que los tiempos han cambiado, sobre todo a partir del salto al desarrollo de China en los últimos 40 años. Aunque el mundo hispano, sobre todo el de este lado del Atlántico, continúa en el papel de dependencia, de periferia del Sistema Mundo nacido en las ciudades italianas del Renacimiento, el resurgimiento de China ha permitido cierta libertad de movimientos a las naciones hispanas, al poder aprovechar a su favor las diferencias entre las grandes potencias que se diputan la hegemonía del mundo. Pero esa mínima ventaja solo existirá mientras la disputa se mantenga. Los hispanos debemos preguntarnos qué sucederá con nosotros, y nuestro lugar en el mundo, si, como parece, China termina por desplazar a EE. UU. como hegemón global.

Lo ocurrido desde la primera década de este siglo, cuando el boom de las materias primas trajo a América Latina una era de relativa prosperidad, hasta la actualidad, con industrias como la acerera latinoamericana a punto de desaparecer ante su incapacidad de competir con las gigantescas capacidades industriales chinas, nos da una visión poco favorable. En sus relaciones con China, las naciones hispanas han retomado su viejo papel de dependencias económicas, de suministradoras de productos de bajo valor agregado.

Algo más ha cambiado: la demografía. Si en la época en la que se escribió el ensayo Nuestra América al sur del Río Bravo habitaban menos personas que en la Francia de entonces, y mucho menos de la mitad de la población de los Estados Unidos contemporáneos de José Martí, hoy el potencial humano de los remanentes del Imperio Español es claramente superior al de los anglosajones en nuestro hemisferio. Si hacia 1889 la población de los EE. UU., casi diez veces superior a la mexicana, hacía creíble la posibilidad de que los anglosajones desplazaran de México al tipo hispano al inundar a la antigua “Nueva España” con “viejos americanos” e inmigrantes europeos anglicanizados, hoy, si pretendiéramos representar al humano típico del Hemisferio Occidental, el tipo humano más habitual en él, la selección justa y apegada a la realidad sería producto del primer melting pot de la modernidad, esa mezcla de indígena, africano y europeo, sobre todo meridional, que nació en las tierras americanas, y hasta españolas del Imperio Español. Tierras virreinales, o de Capitanías Generales y Presidios, en las que, a diferencia del mundo colonial anglosajón o francés, la mezcla fue la norma.

Al presente el “americano”, el emigrante o descendiente de los emigrantes anglosajones originales, y el emigrante europeo continental convertido a los valores y a la cultura anglosajona, no representan un peligro real para el mundo hispano, y es ya poco creíble que lleguen alguna vez a desplazar de Quito, Ciudad de México o incluso Buenos Aires al hispano, como era potencialmente posible en tiempos de José Martí. Es el hispano quien amenaza con desplazar a aquel de la parte norteña de nuestro hemisferio, sobre todo de los EE. UU., en donde se ha convertido nada menos que en la primera minoría nacional.

Si la pervivencia de alguna cultura está hoy amenazada en el Hemisferio Occidental no es la hispana, sino la anglosajona. Los intentos actuales de los EE. UU. de regresar al aislacionismo decimonónico, para mantener la pureza de lo anglosajón fronteras adentro, y con el fin de evitar en lo concreto la creciente influencia de lo hispano, están condenados al fracaso. Al menos si no ocurriese un giro dramático de las circunstancias presentes, o mediatas, como por ejemplo un inesperado incremento de los índices de natalidad entre la comunidad “blanca” de los EE. UU.

Esa constatación de la irrealidad de regresar al aislacionismo decimonónico ha motivado que dentro del republicanismo estadounidense hayan surgido otras visiones del asunto, que proponen no la exclusión de los hispanos, sino más bien ganarlos a su cultura y valores, por lo menos en cuanto al minarquismo y al conservadurismo. Propuesta no tan irreal en lo segundo, dada la natural tendencia de nosotros los hispanos a lo conservador, aunque un tanto más difícil en lo del minarquismo, dada nuestra inclinación más bien hacia el paternalismo y el clientelismo político. En todo caso, el avance de las Iglesias protestantes en el tradicionalmente católico mundo hispano, durante los últimos cien años, demuestra que la transculturación de lo hispano hacia lo anglosajón no es imposible. Difícil, sin duda, pero no irreal.

Pero independientemente de que sea posible, o no, convertir al hispano a los valores de la libertad de los anglosajones, en el mundo presente, a menos que se dé un cambio radical de las circunstancias presentes, los aislacionismos y la pretensión a mantener la pureza étnica no llevan a ninguna parte. El mundo de hoy, aunque no abandone del todo la anterior tendencia globalizadora, se dirige, en el contexto de la lucha por la hegemonía del mundo, hacia la integración de bloques económicos supranacionales y el mantenimiento de zonas de influencia bastante exclusivas por las tres o cuatro grandes potencias que se disputan la hegemonía global (China y EE. UU.), o por lo menos pretenden mantener su soberanía al mayor nivel posible (Rusia).

A esta imposibilidad de los EE. UU. de replegarse sobre sí mismos, y de conservar la pureza étnico-cultural anglosajona, se suma la imposibilidad de los pueblos hispanos de alcanzar una unión política o económica mínimamente efectiva. Ni los sueños de hacer resurgir al Imperio Español, desde la derecha, sin sentido después de que España prefiriera hacerse europea, y muchísimo menos los de la izquierda, de unir a la América Latina en el bolivariano, tienen realidad en el presente y en el futuro inmediato.

Como más de un observador atento de la realidad ha escrito desde fines del siglo XIX, existen “Américas Latinas”, pero no algo como una América Latina. Desengañémonos, lo que unía al mundo hispano era su pertenencia al Imperio Español. Originado el mundo hispanoamericano en la voluntad de un lugar ajeno, la España de Isabel y de Fernando, y establecido sobre una variedad de realidades geográficas y culturales previas, tras su separación de España el mundo hispano solo podía avanzar hacia la disgregación, y en general hacia una evolución divergente. Concebido como unidad económica el Imperio Español, a sus partes, convertidas de la noche a la mañana en unidades “independientes”, solo les quedaba buscarse otro supra sistema nacional al cual integrarse y subordinarse, al llegar de últimas y sin mucho que ofrecer.

Incluso hoy no hay mucho de común entre un boliviano del altiplano, un uruguayo o un dominicano. Lo que hay de común entre ellos procede de su pertenencia previa al Imperio Español, pero también, por qué negarlo, de la influencia uniformadora del mundo anglosajón, en especial de los EE. UU., sobre todo a partir de los años 50 del pasado siglo.

No existe algo así como una “civilización latinoamericana”. Esa octava civilización, criatura de Huntington, solo cumple un objetivo: justificar la posición aislacionista del autor de Conflicto de civilizaciones, al menos con respecto al sur del hemisferio. De haber sido consecuente con su interpretación, Huntington, que reconoce la religión como factor fundamental al delimitar las civilizaciones, habría tenido que hablar de cristiandad, tal civilización incluiría a su Occidente, a su América Latina, y a la cristiandad ortodoxa, como no tiene problemas en hacer con el mundo islámico, en cuya civilización reúne sin escrúpulos a sunitas y chiitas. Es más que evidente la intención de Huntington de reservar a Occidente como una civilización hecha a la medida de los EE. UU., en la cual se ha incluido a las naciones que no representan un peligro migratorio para su país, no tanto a las que con ellos comparten (como afirma Huntington), desde hace mucho, ciertos valores y caracteres comunes. Si eso fuera cierto, si por ejemplo fuesen los valores comunes de gobierno democrático los que han trazado la delimitación de Occidente, Costa Rica, con más de 80 años sin autoritarismo, merecería pertenecer a él con mucha más razón que España, o Portugal, donde la democracia no alcanza todavía la media centuria. No hablemos de lo forzado de incluir en Occidente a los EE. UU. o Gran Bretaña, con siglos de tradición democrática establecida, junto a Alemania o Austria, donde todavía esta no llega al siglo, y de hecho fue impuesta desde afuera, tras la derrota de la Alemania Nacional Socialista en 1945.

Los EE. UU., sobre todo los conservadores, están obligados por la necesidad histórica a mirar hacia la América hispana, que a su vez lo está a mirar hacia los EE. UU. Estos últimos porque, en el “brave new world” que parece estar conformándose, ya no peligraría su idiosincrasia, su ser, a nivel más o menos superficial, como hoy ocurre ante el hispano, aunque tan cristiano como ellos, y con el cual comparte tantos otros valores, costumbres o interpretaciones de la realidad, como por ejemplo el conservadurismo o la escasa afinidad por el wokismo, sino de una manera fundamental, al amenazar con convertirlos en una potencia secundaria, y hasta penetrada de una manera radical por la muy diferente civilización extremo-oriental, hasta los niveles imaginados en Blade Runner o El hombre del castillo de la colina. Por su parte, la América hispana necesita mirar hacia EE. UU. porque solo al convertirse en los pueblos bárbaros del siglo XXI que vienen a traer sangre nueva al viejo Imperio “Americano” podrán aspirar con realismo a superar el estado de dependencia crónica, y consecuente limitación de sus capacidades, que les dejó su desconexión apresurada al sistema político y económico, en el cual en todo caso se constituyeron en unidades: el Imperio Español.

A los hispanoamericanos solo nos queda penetrar y fundirnos con la cultura estadounidense para crear un nuevo humano que con mayor propiedad merezca ser llamado “americano”, aunque con sus variaciones naturales según la latitud o el devenir histórico de su particular ubicación geográfica. Un americano cristiano, bilingüe, que adopte como suyas muchas de las virtudes y valores de lo anglosajón que a nosotros nos faltan, como ante la política o el trabajo, pero sin perder lo mejor y esencial de la cultura de nuestros mayores.

Ya ha sucedido: así fue como los germanos se situaron y ascendieron en las jerarquías de poder global, hasta incluso dominar el Sistema Mundo, siglos después de fundirse con los remanentes del Imperio Romano de Occidente. ¿Qué hubiera pasado con esa colección de tribus y hordas de humanos rubios y ojiclaros de no haber entrado en contacto con el Imperio en decadencia al sur, y con la religión en ascenso en él, el cristianismo? Muy difícil definirlo, pero en todo caso sus probabilidades de llegar a la posición que como europeos occidentales han llegado a disfrutar habrían sido definitivamente mucho menores.

La última guerra abierta entre anglosajones e hispanos, la de las Malvinas, o islas Falkland, terminó hace más de cuarenta años. Es cierto que se mantienen abiertos frentes de conflicto, de media o baja intensidad, como es el caso de Cuba, donde una casposa clase política se aferra al irredentismo, porque sabe que solo así puede sobrevivir, y que del lado estadunidense todavía es popular la vieja idea del aislacionismo. Mas los vientos soplan en dirección contraria a las pretensiones de las élites aislacionistas, bolivarianas y de quienes sueñan con restituir el Imperio Español. No en balde, desde la izquierda, los dos últimos presidentes mexicanos han elevado al inmigrante al estatus de héroe, al nivel del viejo luchador o guerrillero antimperialista de décadas pasadas, gracias a quien México recupera, para el tipo hispano, las tierras que los EE. UU. le arrebataron a ese país a mediados del siglo XIX.

La “crisis de los aviones” tensa las relaciones entre Colombia y Estados Unidos

El pasado 26 de enero, las relaciones diplomáticas entre Colombia y los Estados Unidos, o entre Gustavo Petro y Donald Trump, tuvieron su primera crisis. Y aunque hoy se dan por normalizadas las relaciones bilaterales, lo cierto es que este “impase” ha dejado mucho de qué hablar. Durante casi doce horas, los canales oficiales de discusión fueron las cuentas de la plataforma “X” de los dos mandatarios. Ello puso de manifiesto que las crisis ya no son manejadas por expertos en la materia, sino que estos apagan los incendios causados por las decisiones y comunicados precipitados de los mandatarios en redes.

A 6 días de su posesión, Donald Trump empieza a mostrar lo que, en materia de política exterior, será el tono de su mandato. Durante algunas horas, las relaciones entre Estados Unidos y su histórico aliado en la región, Colombia, se vieron ensombrecidas por una serie de comunicados personales de los mandatarios de ambos países, que a través de trinos en la plataforma “X”, hacían en nombre de sus naciones.

Todo empezó en la madrugada del domingo 26 de enero, cuando Petro escribió en su cuenta personal de “X” que daba la orden de que los aviones provenientes de los Estados Unidos, con casi 200 colombianos, no podían aterrizar. Uno de estos aviones no despegó y el otro debió regresar. La principal razón que aludía el mandatario colombiano era el trato indigno que se le daba a los connacionales y su denominación de “criminales”. A esto le siguió una serie de trinos que, más que justificar su decisión, expresaba un discurso alrededor del “enemigo externo”.

La respuesta del gobierno de Trump llegó rápidamente. Entre los anuncios, el que mayor preocupación causó entre los colombianos, fue el de que, a partir del lunes 27 de enero, la oficina de visas de la embajada de Colombia no iba a prestar servicio. En respuesta, el presidente colombiano señaló que cerca de 15 mil estadounidenses deberían regularizar su situación en el país. Minutos después, Trump amenazaba con “que nadie se burla de los Estados Unidos”, y anunciaba que el gobierno colombiano ya había autorizado el arribo de los aviones.

¿Una discusión vacía?

Según cifras de migración de Colombia, 14.199 colombianos fueron deportados de los Estados Unidos en 124 vuelos en 2024 y de hecho, ya existía un acuerdo entre los gobiernos que se venía ejecutando. No obstante, en esta ocasión al parecer las condiciones en la que eran tratados los colombianos deportados cambió, y fue esto lo que dio inició a la corta, pero intensa crisis.

Una de las medidas que tomó Trump ante la negativa del gobierno colombiano de recibir a los deportados, fue la de incrementar los aranceles un 25% para todos los productos colombianos que entraran a los Estados Unidos, y que en una semana subirían al 50%. La respuesta colombiana no se hizo esperar y el presidente Petro anunció, nuevamente por “X”, que le daba la orden a su ministro de comercio de elevar los aranceles de las importaciones de los Estados Unidos un 25%. Decisiones, que por supuesto afectarían mucho más a la economía colombiana que a la norteamericana.

De haberse implementado las medidas, esto habría causado una potencial crisis económica y fiscal para Colombia. Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, señaló en su que en 2024 las exportaciones de Colombia a los Estados Unidos representaron el 29% de las exportaciones totales del país. Esto llevaría a un escenario inflacionario sin precedentes en el país, a un aumento del riesgo país y a la depreciación del peso. Así que por donde se mire, las implicaciones serían mayores para el pueblo colombiano.

Diplomacia del siglo XXI

Académicos, gremios, ex embajadores, alcaldes y parlamentarios hacían un llamado al presidente Petro a la calma, aunque a lo largo de la tarde del domingo, la crisis parecía continuar subiendo su tono. No obstante, sobre las diez de la noche, el saliente ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, informó que la crisis se había superado y que se mantendrían abiertos los canales diplomáticos que, por demás, durante toda la crisis jamás se abrieron.

Más allá de los graves hechos detrás de las masivas deportaciones y de la forma como el gobierno de Trump pretende impulsarlas, este episodio nos plantea no sólo interrogantes, sino también nos llama a reflexionar sobre el quehacer diplomático. Por medio de redes sociales, los mandatarios de un lado y del otro enviaron mensajes confusos, mal escritos, con diatribas y analogías sobre el lugar del uno y del otro en el mundo. A través de X dieron órdenes y, más allá de exponer sus egos, reanimaron discursos que creíamos olvidados desde el fin de la guerra fría, con una marcada polarización ideológica centradas en ideas como la del enemigo externo y la soberanía.

Pero la crisis del pasado 26 de enero, también nos mostró que la diplomacia, ese llamado arte y oficio, fue quien finalmente logró frenar una situación que habría continuado en una cadena de absurdas decisiones, que en nada benefician a los ciudadanos, y menos a los repatriados, cuya suerte sigue siendo incierta.

Ahora, el presidente Petro dispone del avión presidencial para el “retorno digno de connacionales” y la presidenta de Honduras Xiomara Castro ha convocado a una reunión, en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), para abordar el tema de la cooperación regional en materia migratoria y la protección de los derechos humanos.

Pero lo que es realmente urgente, es entender cómo se toman las decisiones en momentos de crisis. ¿Son las redes sociales el nuevo instrumento de la diplomacia?, y en el caso de Estados unidos y Colombia, ¿se ha superado el impasse, o este es el comienzo de un tire y afloje que nos mantendrá en una constante incertidumbre?

El mundo debe tomar nota de la política de Brasil en materia de refugiados

Estados Unidos se está preparando para que la administración entrante de Trump cambie drásticamente sus políticas hacia los migrantes y refugiados. Si se lleva a cabo incluso una fracción de lo que se ha propuesto –incluidos recortes drásticos al acceso al asilo, deportaciones masivas y posible internamiento de varios grupos de migrantes–, un gran número de refugiados y migrantes en Estados Unidos estarán en riesgo. Estas políticas sin duda tendrán efectos dominó en toda la región. Ahora más que nunca, los Estados necesitan consolidar leyes y políticas efectivas que protejan los derechos de los refugiados. La respuesta de Brasil a los refugiados venezolanos es un ejemplo que debe mantenerse y copiarse.

Brasil acoge a un gran número de refugiados y migrantes de Venezuela, y es posible que vea llegar a más personas como consecuencia de la reciente crisis electoral en Venezuela. El modelo de Brasil para responder a la migración venezolana ofrece lecciones importantes para otros países del hemisferio. A diferencia de muchos otros países que establecen políticas restrictivas diseñadas para mantener a los migrantes fuera, Brasil ha mantenido una política de puertas abiertas desde 2017, facilitando la recepción de migrantes en ciudades fronterizas y permitiendo su regularización y, en el caso de algunos, la reubicación en otras partes del país.

En lugar de obligar a las personas desplazadas a permanecer en las zonas fronterizas por las que ingresan (que a menudo carecen de recursos e infraestructuras para dar respuesta a la situación), Brasil ha creado una estrategia en el marco de su programa Operação Acolhida (Operación Acogida) para reubicar a los migrantes y refugiados venezolanos en partes del país donde puedan trabajar y reconstruir sus vidas. Esto significa que estos refugiados tienen más probabilidades de mantenerse a sí mismos y contribuir a las economías locales. De hecho, la política de puertas abiertas de Brasil ha permitido que el 98% de los ciudadanos venezolanos tengan un estatus migratorio regular o garantías de protección internacional. Sobre todo, el enfoque de Brasil ha asegurado una migración más ordenada, con menores riesgos para los migrantes y refugiados.

Brasil debería mantener, ampliar y perfeccionar este programa, y ​​el resto del mundo debería tomar nota. Los países que reciben refugiados pueden inspirarse en este enfoque para materializar una solución «win-win», en la que la inclusión económica de las personas desplazadas beneficie tanto a los refugiados como a las comunidades de acogida.

De los aproximadamente 7,7 millones de venezolanos que han huido en los últimos años, casi medio millón han buscado refugio en Brasil. Han huido de la inestabilidad política y económica generalizada, la corrupción, la persecución y el colapso institucional. Los disidentes políticos han sido encarcelados y han sufrido violaciones generalizadas de sus derechos, y muchas familias no pueden acceder a alimentos, medicamentos o educación adecuados. De quienes van a Brasil, la mayoría ingresa por el estado norteño de Roraima, una región aislada, ubicada en plena Amazonia. En muchas áreas de acogida de refugiados, las comunidades con menos recursos para responder y apoyar a los migrantes suelen recibir el mayor flujo de personas. Este es el caso de Roraima, una de las regiones más pobres de Brasil.

A diferencia de muchos países que optan por establecer campamentos cerrados que limitan la libertad de movimiento y el acceso al trabajo para los refugiados, Brasil ha adoptado un enfoque innovador y positivo. A través del «programa de interiorización» de la Operación Acolhida, ha reubicado a refugiados y migrantes venezolanos en otras ciudades del país, donde pueden encontrar redes de apoyo y mayores oportunidades laborales. Esta estrategia no solo ha aliviado la presión sobre Roraima, sino que también ha contribuido a reducir las tensiones con la comunidad local.

El programa ha demostrado ser exitoso. Aproximadamente una cuarta parte de los venezolanos en Brasil han sido reubicados, en colaboración con actores del sector privado, en más de 930 ciudades del país. Alrededor de dos tercios de los venezolanos en el marco de la Operación Acolhida han podido reunirse con amigos o familiares que pueden proporcionar alojamiento y apoyo en sus nuevas localidades. Otro 12% ha sido reubicado mediante la modalidad institucional, que consiste en transferir a migrantes desde albergues en Roraima a otros gestionados por agencias públicas o ONG en distintas ciudades. Además, el 15,2% de los beneficiarios del programa ha sido reasentado para acceder a oportunidades laborales, con empresas asociadas que ofrecen puestos de trabajo y apoyo para el transporte hacia sus nuevos destinos.

La Operación Acolhida asegura un proceso riguroso para evitar la explotación laboral mediante la verificación de antecedentes de las empresas participantes. Además, brinda apoyo social a los beneficiarios durante un período de hasta tres meses, en colaboración con las empresas, agencias de la ONU y organizaciones de la sociedad civil. Los participantes también reciben la documentación necesaria, como permisos de trabajo nacionales y la inscripción en el Registro de Contribuyentes Individuales, así como las vacunas correspondientes.

Es cierto que no todos los refugiados y migrantes quieren ser reubicados. Algunos optan por quedarse en Roraima, tal vez con la esperanza de regresar a casa o quedarse cerca para poder controlar las propiedades o a sus seres queridos que aún están en Venezuela. No obstante, su presencia también ha supuesto un crecimiento para esa economía local.

No obstante, la Operación Acolhida tiene áreas que requieren mejoras. Los refugiados venezolanos que llegan a Brasil enfrentan riesgos significativos y pueden quedar en situaciones de vulnerabilidad. Es fundamental reforzar las salvaguardas del programa para proteger sus derechos y minimizar el riesgo de explotación. Esto incluye un mayor monitoreo del trato que reciben en todas las etapas, especialmente considerando que los militares que lideran la operación podrían carecer de formación específica en derechos humanos y asistencia humanitaria. Asimismo, se necesita fortalecer la seguridad en los refugios y realizar evaluaciones exhaustivas de los socios involucrados en la estrategia de reasentamiento. Un seguimiento y evaluación posterior a la reubicación de los beneficiarios en otras ciudades del país también resultan esenciales para garantizar su bienestar y éxito a largo plazo.

Sin embargo, otros países que reciben refugiados deberían tomar ejemplo del modelo brasileño. Brasil ha demostrado cómo es posible aliviar la presión sobre las comunidades receptoras y, al mismo tiempo, aprovechar las habilidades, conocimientos y contribuciones de los refugiados y migrantes en beneficio del país. En lugar de considerarlos una carga o una amenaza, Brasil está adoptando un enfoque que reconoce que cumplir con sus obligaciones nacionales e internacionales en defensa de los derechos de los refugiados puede generar beneficios tanto para ellos como para el conjunto de la sociedad.

Este modelo ofrece una solución prometedora para la situación de los refugiados en las Américas y a nivel global, donde la presión sobre las comunidades anfitrionas a menudo genera escenarios de marginación, negación de derechos e incluso devoluciones a lugares peligrosos. Apostar por un enfoque que garantice a los refugiados acceso a oportunidades laborales y el pleno ejercicio de sus derechos debería ser el futuro de la respuesta humanitaria.

Zuckerberg y la percepción de los brasileños sobre la regulación de contenidos online

El 7 de enero, Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, anunció que la empresa dejará de realizar verificaciones de datos por parte de terceros en Facebook e Instagram y, en su lugar, adoptará «calificaciones de la comunidad», dejando la verificación de la precisión de la información en manos de los propios revisores, los usuarios. El hecho tomó por sorpresa a los usuarios de la plataforma, a los expertos y a los tomadores de decisiones.

La regulación de los medios digitales se ha convertido en uno de los temas más urgentes del debate público –ya sea en debates especializados en diversas áreas de investigación, o en enfrentamientos entre autoridades estatales y agentes del sistema político– cuando el tema son los desafíos que plantean las grandes transformaciones de la política y las interacciones sociales en la era de la comunicación digital.

Son muchas las razones enumeradas y debatidas por diferentes actores sociales y políticos para que esta agenda haya ganado fuerza en la opinión pública. Entre ellas, se pueden destacar (a) la falta de transparencia respecto de las decisiones internas sobre el funcionamiento de los mecanismos de visibilidad de contenidos en las plataformas digitales; (b) la opacidad respecto de los montos recaudados y distribuidos por las empresas que administran plataformas que albergan distintas cuentas y canales en redes digitales; (c) la falta de mayor apertura de las plataformas a la labor de inspección y control por parte del Estado, ya sea para garantizar acciones de sanción y corrección, ya sea para producir igualdad en los períodos oficiales de campaña electoral; (d) y la falta de transparencia respecto de los mecanismos y decisiones que afectan el funcionamiento de los algoritmos como mecanismos de curación y sistemas de producción de visibilidad.

La cuestión de la regulación de los medios digitales genera ansiedad en la opinión pública. Si, por un lado, las personas perciben que la desinformación es o puede ser una amenaza para la sociedad, por otro lado, temen la pérdida de su libertad de expresión (Jhaver y Zhang, 2023; Kozyreva et al, 2023; Innes e Innes , 2023; Wihbey y col., 2020). Dicho esto, lo que vemos es que la gente comienza a combinar estos dos factores a la hora de desarrollar su posición respecto al nivel deseable de control sobre los medios digitales. (Jhaver y Zhang, 2023)

Con base en datos de una investigación nacional con 1.722 encuestados, una investigación realizada por FGV (Fundación Getulio Vargas) Comunicação-Rio en agosto de 2023 analizó la percepción de los brasileños sobre las políticas de regulación de contenidos en línea como herramienta de defensa de los valores e instituciones democráticas. Los resultados mostraron que el 34,9% de los entrevistados dijo estar completamente de acuerdo con la afirmación de que la defensa de los valores e instituciones democráticas justifica la regulación de los contenidos compartidos en las redes sociales y el 29,3% de los brasileños estuvo completamente en desacuerdo con la afirmación. También hay un grupo de brasileños con posiciones no tan claramente definidas. El 19% de los encuestados está parcialmente de acuerdo con la regulación de los contenidos online para defender la democracia, el 11,5% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 5,4% dice estar parcialmente en desacuerdo.

Además de destacar la disidencia sobre el tema, el estudio profundiza en el análisis e identifica que las percepciones sobre la regulación de los contenidos en línea están influenciadas por factores ideológicos y políticos. Por un lado, los votantes de izquierda tienden a apoyar la regulación del contenido en línea como una herramienta de protección, pero también tienden a considerar la desinformación como una seria amenaza a la democracia. En contraste, los votantes de derecha y centroderecha muestran mayor resistencia a las iniciativas regulatorias, relativizando los impactos de la desinformación en los regímenes democráticos. Entre estos grupos en posiciones opuestas, las investigaciones muestran que una parte de la población, que no se identifica claramente con una ideología política, tiende a adoptar posiciones más neutrales.

En cuanto a la segunda vuelta electoral de 2022, se observa que entre los entrevistados que manifestaron total desacuerdo con la regulación del contenido, el 89,52% eligió a Bolsonaro y sólo el 4,5% eligió a Lula. Por el contrario, entre los que están totalmente de acuerdo con la regulación de contenidos, el 82,9% dijo haber votado por Lula y el 11,8% por Bolsonaro.

En términos comparativos, si la discusión sobre la precisión del diagnóstico sobre la polarización de las disputas políticas ordinarias puede sufrir de muchas debilidades conceptuales, no hay duda de que, si el tema es la regulación de los medios digitales, tenemos una polarización efectiva en la sociedad brasileña.

Así, cuando Zuckerberg anuncia su nueva postura respecto a la relajación de las prácticas de moderación de contenidos y critíca abiertamente los esfuerzos del gobierno por responsabilizar a las plataformas por el contenido que publican, el CEO de Meta está dando una señal directa a la derecha estadounidense, que prioriza la libertad de expresión como un valor que prevalece sobre otros derechos fundamentales. La regulación del contenido en línea se considera ahora una amenaza a los principios fundamentales de la sociedad estadounidense. Además, el posicionamiento del representante del Meta ofrece pistas de una menor comprensión de los riesgos de la desinformación para la democracia.

Trump 2.0 y el ascenso del cripto-nacionalismo estadounidense

Los partidarios de bitcoin y los entusiastas de las criptomonedas, aunque ostensiblemente libertarios y antiestatales, han buscado influir de manera directa en los aparatos estatales. Los promotores de criptomonedas aprovechan los vacíos regulatorios y obtienen beneficios de la regulación gubernamental existente.

Estas movidas son conocidas en América Latina. En El Salvador, un presidente cripto-entusiasta legalizó el uso de bitcoin como moneda de curso legal y destinó ingentes fondos públicos para -fallidamente- expandir su uso. En Puerto Rico, los inversionistas cripto buscaron un esquema regulatorio que aprovechara la condición colonial del archipiélago con respecto a EE. UU. para liberar de impuestos sus ganancias de capitales.

En Estados Unidos, los entusiastas de las criptomonedas están entre las comunidades más propensas a ser beneficiarias del segundo mandato de Donald Trump. La coalición de Trump ha logrado el apoyo de la mayoría de los hombres votantes de todas las generaciones y de la mayoría de los orígenes raciales y étnicos. Diversos analistas han señalado el éxito de la irrupción de Trump en ambientes hegemónicos masculinos, gracias en parte a librar una más viciosa “guerra cultural” contra las personas transgénero y otras minorías. En ese contexto, destaca el respaldo de espacios masculinos jóvenes, incluidos los denominados “crypto-bros”.

El Partido Republicano emergió como el partido favorito para aquellos que tienen interés en un ecosistema de criptomonedas próspero, comenzando con el compañero de fórmula de Trump. El senador JD Vance ha sido un entusiasta de las criptomonedas durante mucho tiempo, posee bitcoins y es una figura vinculada a la línea conservadora-libertaria de Silicon Valley, habiendo recibido enormes fondos del inversionista Peter Thiel a lo largo de su carrera política.

La administración Trump empoderaría a las empresas de criptomonedas y sus mercados mediante un masivo realineamiento de la política económica de EE. UU. para servir a los ideales del cripto-nacionalismo, los intereses de los combustibles fósiles y una agenda nativista.

Una reserva estratégica de bitcoin

Los cripto-entusiastas en EE. UU. proponen un conjunto de políticas que podrían transformar el sistema monetario del país. Una de ellas tiene como objetivo convertir enormes reservas de oro en bitcoin, y volver la tendencia del “hodl” una política gubernamental. La senadora republicana Cynthia Lummis propuso que la Reserva Federal utilizara su reserva de oro para emitir certificados para adquirir bitcoins, alcanzando eventualmente una reserva estratégica de un millón de bitcoins en cinco años.

En una entrevista, Jack Mallers comparó la idea de una reserva estratégica de bitcoin con los cambios monumentales en la historia monetaria de EE. UU. y del mundo, como la desvinculación del patrón oro en 1971. Esta aparentemente visionaria idea, según Mallers, “actúa en el mejor interés del público. Es pro-empleos, pro-energía, pro-industria, pro-crecimiento”.

Una reserva estratégica de bitcoin mediante un mandato del gobierno federal produciría efectos en cadena en el sistema monetario y podría reforzar aún más la valoración del bitcoin. La idea busca elevar el bitcoin a un recurso militar-estratégico, al igual que el petróleo lo es actualmente. Esto no debería sorprender, ya que los promotores del bitcoin ven el activo como “oro digital”.

Aprovechando lagunas de regulación

La nueva política económica de la administración Trump se alinea alrededor del proteccionismo comercial (aranceles), la desregulación, los recortes de impuestos y un rediseño de la burocracia gubernamental para aumentar su eficiencia, compensar los ingresos perdidos y eliminar lo que la extrema derecha llama el “deep state”.

Los anuncios recientes del presidente electo señalan un enfoque pro-cripto y ligero en regulaciones. Trump nominó a Howard Lutnick para encabezar el Departamento de Comercio y a Paul Atkins como presidente de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), y creó un púlpito para que David Sacks abogara por la industria desde la posición de “zar de la Inteligencia Artificial y las criptomonedas”. Todos estos son evangelistas de las criptomonedas que han abogado por marcos regulatorios laxos y por tratar al bitcoin como “cualquier otra mercancía” que debería ser libremente comerciada, y no estar sujeta a una supervisión regulatoria más estricta, similar a la de los bonos y acciones.

Lutnick, CEO de la firma de Wall Street Cantor Fitzgerald, es un ferviente entusiasta de las criptomonedas y su firma es garante de Tether. Trump es él mismo activo en el mercado cripto a través del proyecto de finanzas descentralizadas World Liberty Financial. El proyecto vende un token que no es transferible, sino que ofrece una participación en la gobernanza del proyecto. Aunque Trump y sus hijos no figuran como fundadores, se espera que reciban el 75% de los ingresos netos por ventas de tokens durante los próximos cinco años.

Parasitismo energético

Un componente importante de la agenda de Trump es su firme apoyo a los combustibles fósiles tradicionales. Su nominado para Secretario de Energía, Chris Wright, es un defensor de la industria de los hidrocarburos, además de un negacionista del cambio climático. En un discurso pronunciado en la Bitcoin Conference 2024 en Nashville, Trump dijo que quería que las criptomonedas “se minaran, acuñaran y produjeran en EE. UU.”

Ya en 2021, Estados Unidos era responsable de más del 37% de la tasa de hash global de la minería de bitcoin. EE. UU. se convirtió en un punto de atracción para las inversiones en minería después de que China comenzara a reprimirla.

Las instalaciones de bitcoin requieren un aumento constante en la provisión de energía al tiempo que ofrecen poco en términos de empleos. Los costos suelen sentirse en las comunidades cuya infraestructura energética es consumida por almacenes ruidosos que no solo extraen energía sino también enormes cantidades de agua.

Si bien la provisión de energía se regula a nivel estatal, un marco regulatorio federal de puertas abiertas probablemente promoverá la expansión de las disposiciones contractuales para los grandes productores de criptomonedas en varios estados. Texas, Georgia y Kentucky ya son las principales jurisdicciones mineras en el país. Aumentar la capacidad minera puede convertirse en un punto de interés para el gobierno federal si la reserva estratégica de bitcoin se convierte en una realidad, sumando demanda a una industria que en 2022 se estimó que representaba hasta el 2.3% del consumo de electricidad del país.

Una propuesta de este tipo podría beneficiar a los productores de energía con marcos de generación y distribución desregulados, como los operadores de Texas. Un cambio masivo en la política del gobierno de EE. UU. buscando acumular un millón de BTC en cinco años podría aumentar drásticamente la minería doméstica y constituir el mayor retraso hasta la fecha en el movimiento hacia una transición energética alejada de los combustibles fósiles.

Conclusiones

El segundo mandato de Donald Trump probablemente genere cambios aún más profundos en la política y economía que su mandato anterior. El mundo de las criptomonedas será beneficiario central de su política. De hecho, ya están cosechando los beneficios, con el bitcoin superando los 100,000 dólares por primera vez en su historia solo semanas después de su elección.

Una administración Trump 2.0 podría engendrar una forma de nacionalismo económico caracterizado por el proteccionismo comercial, una desregulación masiva de los sectores de finanzas digitales y IA y un apoyo inquebrantable a los productores tradicionales de energía a base de combustibles fósiles que las impulsan.

*Este artículo es una versión resumida del post en inglés publicado por el LSE Business Review https://blogs.lse.ac.uk/businessreview/2024/12/19/trump-2-0-and-the-rise-of-crypto-economic-nationalism/

Ruido, manipulación y desinformación: el dilema de las redes sociales para los medios de comunicación

Han pasado poco más de dos meses desde que en Latinoamérica21 decidimos suspender la publicación de contenidos en X (antes Twitter). Lo hicimos convencidos de que esta plataforma ya no garantiza los estándares de fiabilidad, veracidad y libertad de expresión que consideramos esenciales para nuestra misión. 

Desde su compra por Musk, X ha cambiado radicalmente. La reinstalación de cuentas sancionadas por difundir noticias falsas, la eliminación de mecanismos de verificación y el debilitamiento de la moderación de contenido han convertido a esta red en un entorno hostil para el periodismo riguroso. 

Pero lo que hasta hace pocos meses parecía un fenómeno aislado, ahora es un patrón que se extiende a otras plataformas, que consolida un ecosistema digital que cada vez más prioriza la viralidad sobre la verdad, la confrontación sobre el diálogo y la impunidad sobre la responsabilidad. 

Meta ha anunciado que relajará sus filtros de moderación en Facebook, Instagram y Threads, eliminando a los verificadores de hechos y permitiendo publicaciones que en el pasado habrían sido catalogadas como desinformación o discurso de odio.  

Con Trump de vuelta en el poder, el panorama digital se complica aún más. Musk ya ha expresado su intención de «trabajar con el presidente Trump para combatir la censura» y ha convertido a X en una plataforma donde la narrativa ultraconservadora e incluso antidemocrática gana terreno sin restricciones. El riesgo de que en los próximos meses se utilicen estas plataformas para erosionar la confianza en las instituciones democráticas, amplificar teorías conspirativas y manipular el debate público es cada vez más evidente.  

En este contexto, nuestra decisión de abandonar X no solo se mantiene, sino que cobra más sentido que nunca. Sabemos que dejar una plataforma con un alcance masivo no es una decisión menor. Significa renunciar a una audiencia potencial, replantear nuestras estrategias de difusión y adaptarnos a nuevos espacios. Pero no podemos defender la democracia en un entorno que la socava. No podemos promover el pensamiento crítico en plataformas donde la verdad se diluye entre el ruido y la manipulación.  

En Latinoamérica21 seguimos apostando por un periodismo serio, plural y fundamentado.  Seguimos creyendo que la información rigurosa y el análisis crítico no pueden ser rehenes de algoritmos diseñados para maximizar la indignación y la polarización. Seguimos pensando que no se trata solo de dónde publicamos, sino de qué valores defendemos al hacerlo. 

Nuestro compromiso sigue intacto: la democracia y el periodismo independiente no pueden construirse sobre terrenos contaminados de ruido y manipulación. Por eso, hoy más que nunca, reafirmamos nuestra decisión. Seguiremos informando y analizando con rigor, apostando por espacios que garanticen la calidad del debate público. Permaneceremos en los espacios donde el debate sea posible sin caer en la manipulación, y donde el rigor periodístico siga siendo una prioridad, no una excepción.

Y estaremos alerta: si detectamos que otras plataformas también ceden ante la desinformación, la impunidad y la erosión de los valores democráticos, tomaremos las medidas necesarias para defender aquello en lo que creemos y por lo que trabajamos.

Cuauhtémoc Cárdenas: «En este primer cuarto de siglo, México ha estado ausente de todos los foros internacionales»

Cárdenas fue jefe de gobierno del Distrito Federal en México. Varias veces candidato a la presidencia de la República, gobernador de Michoacán y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) una referencia política de resistencia frente a la hegemonía del PRI.