En un tenso clima de convulsión política, Ecuador celebraba sus adelantadas elecciones presidenciales de 2023. Sin embargo, la atención del mundo estuvo enfocada en los chalecos antibalas que vestían los candidatos. De hecho, chalecos antibalas y custodias personales fueron el sello de la campaña electoral en un país asediado por el narcotráfico y la violencia.
Medidas similares debieron haber sido implementadas en países como México, Japón y Alemania, donde las últimas campañas electorales también exponen altos niveles de violencia. Podemos observar un preocupante incremento en el número de ataques, secuestros, asesinatos y amenazas sufridos por candidatos, simpatizantes políticos o familiares durante el desarrollo de campañas electorales ¿Estamos frente a una nueva tendencia que amenaza la democracia?
El 9 de agosto de 2023, el aspirante a la presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio fue asesinado a la salida de un acto político. Según el Informe de observación de violencia política elaborado por el Observatorio Ciudadano de Violencia Política (OCVP), la Asociación MEGA y la Friedrich-Ebert-Stiftung de Ecuador, entre 2022 y 2023 se produjeron 88 ataques contra personas vinculadas a la política. En Colombia se registraron 325 víctimas de violencia electoral durante el año de elecciones, según el informe sobre violencia político-electoral de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares).
En México, el periodo electoral abrió y cerró con asesinatos. El mismo día que iniciaban las campañas municipales en abril de 2024 fue acribillada la candidata a alcaldesa Gisela Gaytán. A horas del día de votación, el candidato a intendente del municipio de Cutzeo Israel Delgado Vega fue asesinado a balazos en la puerta de su hogar. Según la Consultora Integralia, desde septiembre de 2023 hasta el 1 de mayo de 2024 se registraron 208 aspirantes o candidatos víctimas de violencia en el país, incluyendo 29 asesinatos. Cuando se contempla a funcionarios, exfuncionarios, políticos, familiares o colaterales, la cifra se duplica holgadamente, alcanzando 560 agresiones y 195 asesinatos. El 28 de mayo, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que oficialmente se registró el asesinato de 8 candidatos, 4 precandidatos y 10 aspirantes a algún cargo hasta esa fecha. Sin embargo, consultoras privadas como Data Cívica han registrado 30 candidatos o precandidatos asesinados durante el 2024. Estas cifras confirman este proceso electoral como el más violento en la historia del país.
Sin embargo, es ingenuo pensar que estos niveles de violencia política-electoral están circunscritos solo a nuestra región: podemos encontrar diversos países que atraviesan esta problemática. En julio de 2022, el entonces primer ministro de Japón, Shinzō Abe, fue asesinado a tiros durante una campaña parlamentaria. A menos de un año, en abril de 2023, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, tuvo que ser evacuado de emergencia luego de una explosión provocada durante una actividad electoral. Este país, de hecho, cuenta con un historial apremiante de ataques y asesinatos a mandatarios y candidatos. En el mismo continente, en 2023, Filipinas atravesó las elecciones locales más violentas en la historia del país, con el asesinato de 19 militantes políticos durante el mes de campaña.
En Europa la violencia también está presente en la actual campaña electoral parlamentaria. En Alemania, el 3 de mayo, el principal candidato socialdemócrata, Matthias Ecke, fue atacado brutalmente mientras colgaba carteles electorales. Días después, la candidata Yvonne Mosler también fue agredida y amenazada. De hecho, la violencia física o verbal contra funcionarios o representantes electos se ha duplicado en cinco años en el país europeo y en estos meses del 2024 ya se han contabilizado 22 ataques a políticos. A esto se suma el intento de magnicidio contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, y múltiples ataques y amenazas a candidatos y simpatizantes políticos en Francia, España y Países Bajos.
Con este panorama, cabe preguntarnos qué hay detrás de estos niveles crecientes de violencia política-electoral, y si esto refleja una tendencia que se está naturalizado en el escenario internacional. En los países observados esta tendencia responde a diversos factores. En Latinoamérica podemos observar que estos hechos están vinculados principalmente a crisis de violencia e inseguridad desencadenadas por bandas narco-criminales, pandillas, cárteles y mafias. A esto se suman los crecientes niveles de clientelismo, corrupción y polarización política en la región.
Mientras tanto, en Europa, los ataques electorales están mayormente relacionados con la extrema polarización política y el resurgimiento de fanatismos y facciones extremas. Por su parte, en países asiáticos como Japón encontramos que la violencia política está vinculada a ataques aislados u orquestados por la mafia. En Filipinas, por su parte, es causada por los conflictos entre clanes rivales que dominan diferentes regiones del país.
Indudablemente, la violencia electoral responde a diversos factores, y aunque muchos de ellos son compartidos alrededor del mundo, no existe uno que por sí solo baste como causal para entender el auge de este fenómeno. Esta situación interpela a los gobiernos y al propio sistema democrático al obstaculizar los procesos electorales y cuestionar su capacidad de responder a las preocupaciones de la sociedad, muchas de ellas relacionadas con los desencadenantes de esta violencia política. La suspensión o aplazamiento de elecciones por los niveles de conflictividad y violencia política son una alarma.
¿Están en peligro los procesos electorales? ¿Pueden las democracias mantenerse estables en estas condiciones?
La realidad demuestra que la mayoría de las regiones del mundo enfrentan una escalada de violencia durante sus procesos electorales que pone en riesgo las cada vez más frágiles democracias. El desafío para la sociedad y el gobierno es identificar y potenciar las vías que permitan a la democracia lidiar y eliminar esta tendencia.
Autor
Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Católica de Salta. Asesora política del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Miembro Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales (CEERI).
