El Acuerdo entre el Mercosur y la UE entra en su recta final. Entre el 16 y el 19 de diciembre los Estados europeos votarán en Bruselas con las nuevas salvaguardas reforzadas y luego se prevé la aprobación en el Consejo de la Unión Europea por mayoría cualificada, pese a la oposición de Francia y Polonia. Si esto se cumple, el 20 de diciembre se realizará la firma oficial en la Cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú; y finalmente, en el primer trimestre de 2026, el Parlamento Europeo deberá ratificarlo. A su vez, los países del Mercosur —salvo Bolivia y Venezuela, que no integran la negociación— deberá enviarlo a sus respectivos parlamentos y a medida que cada Estado lo ratifique podrá activar el acuerdo. ¿Pero que beneficio traerá el acuerdo para los países sudamericanos?
El primer beneficio para el Mercosur es claro: mayor acceso y competitividad exportadora. El acuerdo reducirá de manera significativa los aranceles europeos para productos agroindustriales, alimentos procesados, carnes, frutas, aceites, café, etanol y biocombustibles. Muchos de esos aranceles llegarán a cero, lo que permitirá una expansión sustancial de las exportaciones de países que ya cuentan con ventajas comparativas consolidadas. Los consumidores europeos demandan productos de calidad, trazables y sostenibles, y allí los productores sudamericanos pueden posicionarse con fuerza.
En este contexto, el reforzamiento de controles sanitarios y fitosanitarios no debería interpretarse como un obstáculo insalvable. La agricultura sudamericana ha demostrado una notable capacidad de adaptación tecnológica, y estos requisitos pueden funcionar como estímulo para mejorar estándares y sistemas de trazabilidad. Brasil, Argentina y Uruguay, entre otros, ya incorporaron agricultura de precisión, manejo integrado de plagas y tecnologías de baja emisión. Cumplir con las exigencias europeas no solo abrirá puertas comerciales, sino que fortalecerá la reputación de la región en materia de sostenibilidad y calidad alimentaria. Y es que la diversificación de destinos de exportación es clave en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y disrupciones logísticas.
El segundo aspecto beneficioso es el impulso que el acuerdo puede dar a la competitividad industrial de los países del Mercosur. Si bien algunos sectores industriales temen que la apertura hacia Europa genere presiones competitivas, el acuerdo establece cronogramas de desgravación extensos que evitan grandes impactos. Este período de transición constituye una oportunidad para modernizar procesos productivos, incorporar nuevas tecnologías y atraer inversiones europeas interesadas en aprovechar las ventajas energéticas, logísticas y de recursos naturales de la región.
La industria automotriz, química, farmacéutica, metalmecánica y de bienes de capital podría verse revitalizada por la llegada de inversiones orientadas a integrar cadenas de valor transnacionales. Europa necesita proveedores confiables y mercados con estabilidad macroeconómica y regulatoria. Si el Mercosur logra consolidar un clima de negocios más previsible, el acuerdo puede convertirse en un motor de inversión extranjera directa que fomente empleos calificados y transferencia tecnológica.
El tercer beneficio —y quizás uno de los menos visibles en el debate público— es la modernización institucional que el acuerdo exige. La armonización con estándares europeos implica mejoras en áreas como normas técnicas, propiedad intelectual, comercio digital, logística, transparencia regulatoria y compras públicas. Estos cambios no son meros requisitos formales: pueden generar una mejora real en el funcionamiento del Mercosur al reducir la fragmentación normativa interna y disminuir los costos de hacer negocios. La estabilidad y previsibilidad que aporta el alineamiento regulatorio es un activo central para cualquier estrategia de desarrollo de largo plazo.
Un cuarto punto de relevancia es el reposicionamiento geopolítico del Mercosur. En las últimas décadas, el bloque sudamericano ha quedado rezagado, limitando su poder de influencia. El acuerdo con la Unión Europea permite romper este estancamiento y enviar al resto del mundo una señal de apertura y voluntad de integración. Para los países del bloque, es una forma de insertarse en un sistema comercial que se está reconfigurando a gran velocidad y donde quedarse al margen implica perder oportunidades irreversibles.
En este contexto, la cláusula de entrada en vigor bilateral introduce un dinamismo novedoso dentro del Mercosur. Ya no será necesario que todos los países avancen al mismo ritmo. Cada Estado podrá activar la parte comercial una vez que su parlamento lo ratifique. Esto evita que las dificultades políticas internas de un país paralicen al conjunto y, al mismo tiempo, incentiva a cada gobierno a acelerar sus procesos internos para no quedar rezagado frente a sus propios socios.
Un quinto beneficio aparece en la agenda ambiental. Aunque algunas críticas señalan que las exigencias europeas son demasiado estrictas, estas pueden convertirse en una ventaja estratégica. Los mercados internacionales avanzan rápidamente hacia regulaciones ambientales más rigurosas, y los países que logren adaptarse primero estarán mejor posicionados. El Mercosur podría mostrar liderazgo regional al demostrar que su producción es capaz de cumplir con estándares exigentes. Esto abriría también la puerta a financiamiento verde y a proyectos de innovación vinculados a bioeconomía, energías renovables y manejo sostenible de recursos naturales.
El acuerdo también puede contribuir a mejorar la cohesión política interna del Mercosur. Los últimos años estuvieron marcados por tensiones entre gobiernos sobre la apertura externa, la flexibilización del bloque y la coordinación de políticas internas. El hecho de que todos los presidentes hayan confirmado su asistencia a la firma del 20 de diciembre es una señal de que aún es posible construir consensos mínimos. La integración externa, si se gestiona adecuadamente, puede convertirse en un punto de unión en lugar de conflicto.
Finalmente, el acuerdo ofrece una oportunidad única para reactivar la integración intrarregional, que en las últimas décadas ha perdido dinamismo. El acceso preferencial a la UE puede incentivar la coordinación productiva entre los propios países del Mercosur, especialmente en sectores donde existe complementariedad natural. La industria automotriz entre Argentina y Brasil, la cadena cárnica y agrícola entre Uruguay y Paraguay, o la logística fluvial compartida son casos donde la integración regional puede fortalecerse si la demanda europea actúa como motor externo.
En resumen, aunque aún restan pasos formales decisivos —la votación europea, la firma en Foz de Iguazú y la ratificación parlamentaria en 2026— los beneficios potenciales para el Mercosur son demasiado significativos como para dejarlos pasar. El acuerdo no está exento de desafíos, pero ofrece una plataforma de modernización económica, institucional y geopolítica que puede definir el lugar de la región en las próximas décadas. En un escenario global en reordenamiento, el Mercosur necesita decisiones estratégicas que lo proyecten hacia el futuro. Este acuerdo, si finalmente se concreta, es una de ellas.
Autor
Economista y MBA por ICADE, Universidad Pontificia Comillas, España. Miembro del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT)-Universidad de Alcalá.
Director del Instituto de Negocios Internacionales de la Universidad Católica del Uruguay y coordenador del eje temático sobre Economía, Comercio e Inversión, de Redcaem. Doctor en relaciones internacionales por la Universidad Nacional de La Plata (Argentina).
