Estamos a días de que inicien las campañas electorales de lo que se ha denominado las elecciones más grandes de la historia de México por el enorme número de cargos que están en disputa. Más de 21,000 puestos para renovar completamente la Cámara de Diputados a nivel nacional, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y 1900 ayuntamientos y juntas municipales en el plano subnacional. Se espera que durante los dos meses de campañas la actual polarización política, creada y alimentado con los discursos y conductas, tanto de los líderes del partido en el gobierno como los de oposición, se profundice y termine trasladándose a las urnas.
Desde el 15 de enero, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el registro de dos coaliciones parciales denominadas Juntos haremos historia y Va por México. La primera, es la coalición oficialista encabezada por Morena, misma fórmula que logró la abrumadora mayoría en las elecciones federales del 2018. Y la segunda, está conformada por los tres partidos más importantes que rivalizaron durante las últimas dos décadas en la transición a la democracia: PAN, PRD y PRI. Esta coalición, que no deja de ser inquietante, buscará arrebatar la mayoría de escaños a Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.
No obstante, en México la política a nivel subnacional, frecuentemente desarrolla dinámicas de competencia electoral diferenciadas del ámbito nacional. Muestra de ello son las diversas combinaciones de coaliciones para las 15 gubernaturas en juego. De acuerdo a las encuestas de Massivecaller elaboradas el 28 de marzo, en 12 entidades se observa una competencia bipartidista con coaliciones, y en tres entidades; Campeche, Nuevo León y San Luis Potosí la competencia se fragmenta en tres fuerzas políticas, en los dos primeros con la presencia competitiva de Movimiento Ciudadano y en el tercero de la coalición PVEM y PT.
Según la misma encuestadora, Morena y sus aliados arrancan las campañas con una intención de voto mayoritaria en 10 de las 15 entidades en juego, en 7 de ellas con un amplio margen de apoyo. Por su parte, el PAN tiene ventaja en Querétaro, la coalición PAN-PRD en Chihuahua, la coalición PAN-PRD-PRI muestra una reducida ventaja en Baja California Sur y San Luis Potosí, y por último Movimiento Ciudadano, que ha ido incrementando su apoyo aventaja por un punto en una competencia sumamente cerrada con las coaliciones PRI-PRD y MORENA-PT-PVEM y PANAL en Nuevo León.
Ahora bien, en la arena electoral los partidos suelen ser sumamente pragmáticos y la estrategia de conformación de coaliciones busca sumar la mayor cantidad de votos posible, sobre todo en contextos de cambio en la competencia. Sin duda, los resultados de las elecciones del 2018 consolidaron a Morena y sus aliados como el bloque oficial dominante al contar con la mayoría en ambas Cámaras del Poder Legislativo y con una fuerte presencia en la mayoría de las entidades.
La polarización política de cara a las elecciones
Los discursos y conductas hostiles hacia las “otras” alternativas políticas que han fomentado, tanto los líderes del bloque oficialista como los liderazgos de oposición y los medios de comunicación —tradicionales o redes sociales—, generan un clima de polarización política que en nada favorece a la democracia. Ante una situación de desgaste democrático, lo que se precisa es el reconocimiento del otro como ciudadano para entablar algún tipo de negociación o acuerdo que facilite y fortalezca la estabilidad del sistema político.
Además de los liderazgos políticos ya mencionados, aparecen —o reaparecen— nuevos actores que a través de sus discursos amplifican los antagonismos. Esta semana, el empresario Ricardo Salinas Pliego declaró que “el INE debe morir o desaparecer”. Esto, tras una serie de acuerdos por parte del órgano de administración electoral que afectaron, al menos de manera temporal mientras la autoridad encargada de la justicia electoral resuelve, las candidaturas de algunos partidos. La medida afectó especialmente a dos candidatos a gobernador de Morena y sus aliados, que mantienen la ventaja en las intenciones del voto para Michoacán y Guerrero, así como cambios en la designación de curules de representación.
Sin duda, los acuerdos del Consejo General del INE han causado molestias y reacciones preocupantes. Y aunque la decisión está apegada a la legalidad, no es del todo oportuna ya que trastoca los acuerdos y negociaciones formales e informales que los partidos realizaron para ir en coaliciones.
Si bien los ataques a la autoridad electoral son preocupantes —como los fuertes recortes en el presupuesto para cumplir con sus funciones—, también hay que señalar que desde hace tiempo, desde el órgano directivo del INE se ha venido fomentado una narrativa de confrontación con el Ejecutivo, cayendo en el juego que el presidente domina a la perfección y que al INE no le corresponde, ni le favorece.
De seguir por este camino, las consecuencias de la polarización en la arena electoral podrían producir dudas sobre la representatividad y la legitimidad de los ganadores, así como la aparición de una oposición desleal que genere dificultades para lograr los consensos necesarios para gobernar. Y finalmente, aunque no menos importante, la convivencia social, pacífica y civilizada podría ser alterada ante visiones simplificadoras que dividan a la sociedad entre “buenos y malos”.
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Autor
Profesora e investigadora de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Univ. Autónoma de Baja California, campus Tijuana. Master y candidata a Doctora en Estudios Sociales por la Univ. Autónoma Metropolitana (UAM), campus Iztapalapa.
