El estallido social que afecta a la sociedad panameña es producto de tres factores acumulados que han interactuado para provocar una tormenta perfecta: elevación brusca del coste de la vida, evidencia descarnada de la desigualdad social y recorte de la credibilidad del gobierno en ejercicio, tanto por muestras de corrupción como por torpe manejo de la crisis.

Los sindicatos y las organizaciones sociales han sido el cauce de un malestar social provocado directamente por el elevado nivel de los combustibles y los productos básicos, que constituyeron el inicio de las reivindicaciones fundamentales de las protestas sociales. Desde el comienzo del año, los precios han ido aumentando, hasta que, por ejemplo, el galón de gasolina llegara en junio a 5,17 dólares. Puede que no parezca un precio tan alto en el panorama internacional, pero resulta un salto inasequible para buena parte de la población panameña.

El problema del brusco aumento del costo de la vida se agrava seriamente en medio de una desigualdad social rampante. Panamá sufre de la disociación de dos esferas de consumo. La procedente de los altos salarios que obtienen los profesionales de los dos enclaves económicos principales (el manejo del canal y los servicios bancarios internacionales) y la formada por los trabajadores que mantienen bajos los costos de esos servicios y del resto de la población rural y, sobre todo hacia el Darién, indígena. La ciudad de Panamá tiene los restaurantes más caros de la región, al lado de los carritos de comidas callejeras más humildes. Y esta desigualdad se extiende a la mayoría de los otros ramos del consumo del país. Con el agravante de que es el nivel superior de consumo el que exponen preferentemente los medios de comunicación. 

Y en este contexto, aparecen escándalos de corrupción en un gobierno que no adoptó medida alguna para paliar el brusco salto de la inflación, hasta que la protesta irrumpió explosivamente en las calles. Ante la avalancha social, el presidente Laurentino Cortizo se avino a impulsar medidas de urgencia, comenzando por rebajar el precio de la gasolina de los 5,17 vigentes a los 3,95 dólares el galón. Pero la protesta ya había adquirido una dimensión y una dinámica difíciles de contener.

De hecho, el acuerdo logrado entre el gobierno y las coordinadoras sociales más relevantes, la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (ANADEPO) y la Alianza Pueblo Unido por la Vida, no ha conseguido detener las protestas. Representantes de ANADEPO se vieron forzados a deshacer el acuerdo alegando que “la gente en la calle no acepta lo acordado”. Mejor suerte ha corrido la negociación con la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá (COONAPIP), que ha aceptado levantar el bloqueo de las autovías, mientras sesiona una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para la atención prioritaria de las diversas demandas de los pueblos originarios del país, constituida a tal efecto.

Por el contrario, en ciudad de Panamá y otras capitales de provincia, varias organizaciones han mantenido las movilizaciones, incluyendo el poderoso sindicato de la construcción (SUNTRACS), que ha bloqueado las principales arterias de la capital del país.

El gobierno de Cortizo y otros sectores sociales y económicos han emprendido nuevas iniciativas de negociación, ahora empleando como mediadora la Iglesia Católica y con el apoyo del Defensor del Pueblo. Pero las coordinadoras sociales son conscientes de que los segmentos más radicales de la protesta no desean una pronta negociación y que el inicio de los asaltos a los comercios pueden dar lugar a un enfrentamiento abierto con las fuerzas de seguridad, que ya se han empleado para despejar algunas calles principales.

En estas condiciones, todo indica que esta explosión social, que nació de forma bastante espontanea, difícilmente podrá tener cauces en el sistema político y que es altamente probable que su final producirá dolorosas rupturas en el tejido social panameño.

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