Las manifestaciones del mes de julio del año pasado en Cuba, una de las más importantes desde el inicio de la revolución de 1959, estallaron, en parte, debido a la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19, la escasez y el racionamiento de alimentos y medicamentos, y las restricciones a la libertad de expresión y de reunión. Estas movilizaciones, que tomaron por sorpresa al régimen, reabrieron una serie de expectativas en torno a las posibilidades de una transformación democrática del régimen cubano.

¿Pero cómo podríamos imaginar ese proceso de transición en la isla? ¿Cuáles serían las alternativas teniendo en cuenta las diversas experiencias de transiciones en regímenes no democráticos? Teniendo presente la centralidad de los procesos de liberalización económica y de democratización política, existen tres grandes escenarios alternativos: una democratización del régimen, una apertura económica sin democratización política al estilo de Vietnam o un cambio del liderazgo sin cambios estructurales que podríamos denominar como una “camporización/balaguerización” del régimen político cubano.

Una vía en clave de democratización significaría un cambio de régimen político que podría comprender —o no— una transformación de su modelo de organización productiva. Podría tratarse de una transición a la democracia sin una necesaria transición a una economía de mercado como aquellos procesos acontecidos en América Latina durante la década de los ochenta. Dentro de esta misma vía, la transición también podría implicar una doble transición como la que ocurrió en los países de Europa del Este en los noventa, de regímenes totalitarios a regímenes democráticos y de economías planificadas a economías de mercado.

La segunda vía, que podríamos denominar como una “vietnamización” del régimen cubano, implicaría una transición de una economía planificada a una descentralizada pero sin un cambio de régimen político. El proceso de liberalización económica en Vietnam comenzó con un proceso de reformas conocido como Do Moi en el año 1986. En este, el país del sudeste asiático legalizó la creación de empresas para luego incentivarlas expresamente con el objetivo de crear un régimen de libre mercado.

Esta transición comenzó con reformas de base en la agricultura colectivizada y se fue ampliando a diferentes sectores que diversificaron notablemente su economía. Vietnam estableció también una ley de inversión extranjera, normalizó su relación con el resto de los países del mundo —incluido su enemigo EE. UU. — y privatizó muchas de sus corporaciones estatales.

Este proceso de apertura en lo económico, sin embargo, no fue acompañado por un cambio de régimen político. El Partido Comunista llevó a cabo los cambios económicos, a la vez que reafirmaba su primacía política en el país y la mística en torno a su pasado heroico, aunque ya no con tintes prosoviéticos.

La última vía sería la “camporización/balaguerización” del régimen, que supondría un cambio en el liderazgo político, sea este sobre un “regente” bajo la tutela ideológica y política del líder, como fue en su oportunidad el caso del delegado personal del general Perón, es decir, Héctor J. Cámpora, en Argentina, o un sucesor que, ante la desaparición física o retiro del referente natural del antiguo régimen, asume una dirección tendiente a la autonomización, tal como ha sido el caso de Joaquín Balaguer, quien sucedió al asesinado Rafael Leónidas Trujillo y desplazó paulatinamente del poder a los herederos de este en República Dominicana: el proceso en curso no parece haber todavía resuelto por lo menos a corto plazo este dilema de encontrarnos con un mero delegado personal como Cámpora o un líder que va adquiriendo un mayor grado de autonomización como Balaguer. En cualquiera de estas situaciones están ausentes tanto la posibilidad de la liberalización económica como la democratización política.

Analizadas estas tres posibles vías de transición, ¿podría Cuba transitar su propia ruta hacia la democratización política? Esto dependerá de algunos factores fundamentales.

En primer lugar, del fortalecimiento de la sociedad civil y su correlato en la construcción de una sociedad política. En segundo lugar, de la disponibilidad de los actores sociales y políticos para la cooperación y el establecimiento de reglas mínimas de convivencia. Así, los acuerdos de Punto Fijo, Frente Nacional o Moncloa podrían servir como referencia aun en condiciones distintas. También dependerá de la relación futura que el sistema político establezca con las Fuerzas Armadas en una búsqueda por crear un ambiente de mutuas y generosas concesiones, siendo, quizás, la experiencia del proceso de paz en Colombia una referencia. Finalmente, es de vital importancia la reedición de un ambiente internacional más favorable a la democracia, en tela de juicio en la actualidad.

Si bien a lo largo de las últimas décadas hemos sido testigos de numerosas transiciones exitosas, el papel del Estado en la sociedad, el papel de las Fuerzas Armadas, la debilidad organizativa de la oposición, la ausencia (o debilidad) de una tradición democrática y el contexto internacional son aspectos que dificultan la posibilidad de cualquier transición. Por ello, la transición política y económica implica un enorme desafío para Cuba.

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