Brasil se encuentra sumergido en diversas crisis. La primera y más importante es la crisis de la democracia. Después de décadas de exitosa construcción democrática, generada por el consenso en torno a los resultados electorales, la capacidad de implementar políticas sociales exitosas y una mayor confianza en la democracia. Todos estos elementos se desintegraron rápidamente tras el proceso de destitución de la expresidenta Dilma Rousseff, cuyo punto de partida fue el no reconocimiento de los resultados de las elecciones de 2014.

El proceso de erosión de la confianza en la democracia fue también un proceso de hiperexpansión de las prerrogativas del sistema judicial y de las instituciones de control, mucho más allá de la autonomía deseada y necesaria para la democracia. Especialmente, la Corte Suprema acumuló prerrogativas a partir de 2012 y comenzó a utilizar estas prerrogativas políticamente. Mientras tanto, la operación Lava Jato, inicialmente una operación anticorrupción, se convirtió en una operación fuertemente politizada. En las dos elecciones presidenciales de 2014 y 2018 el juez Sérgio Moro actuó políticamente.

El problema militar

Finalmente, resurge el problema militar. Brasil dejó sin resolver el problema de la injerencia militar en la política durante su transición a la democracia. El artículo 142 de la Constitución permite la intervención de los militares para garantizar la ley y el orden. Desde la desastrosa misión en Haití, se ha fortalecido el liderazgo de un sector antidemocrático en las Fuerzas Armadas. Los generales Braga Netto y Augusto Heleno (este último acusado de graves violaciones de los derechos humanos en Haití) ganaron preeminencia en el liderazgo de las Fuerzas Armadas, que hoy en día ingresa en la arena política y presiona a las instituciones democráticas.

Jair Bolsonaro y su gobierno son el resultado de estas formas de relativización de la democracia por parte de las élites políticas, judiciales y militares en Brasil. Bolsonaro fue una figura política inexpresiva hasta 2017. Hasta entonces, el bolsonarismo era más un movimiento que una forma de gobierno y la candidatura del capitán retirado era vista como una candidatura de protesta.

Bolsonaro se catapultó al centro de la escena política en algunos episodios: en el juicio político de la expresidenta Dilma ganó destaque defendiendo la memoria del torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra; en el episodio del juicio del hábeas corpus del expresidente Lula da Silva formó parte de la articulación del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas que presionó a la Corte Suprema. Finalmente, Bolsonaro y su séquito Se beneficiaron de la intervención militar de Río de Janeiro y del gran impulso a las políticas de las milicias que él hizo posible.

El problema de Jair Bolsonaro desde el inicio de su gobierno ha sido establecer alguna relación entre el movimiento de ataque al sistema político que él encabezaba y algo que mínimamente expresara una cierta capacidad de gobernar. Bolsonaro trajo pocos políticos con alguna capacidad de gestión para su ministerio como Sérgio Moro, Onix Lorenzoni o Luís Henrique Mandetta, pero casi de inmediato el centro de acción gubernamental se centró en ministros fuertemente ideológicos como el ex ministro de Educación Abraham Weintraub o en el ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles.

La política de Bolsonaro durante la pandemia

Desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, la idea de sustituir las políticas públicas metódicas por formas ideológicas de gestión ha impactado al Ministerio de Salud con resultados trágicos para la población brasileña. Bolsonaro había designado para el Ministerio de Salud a Luiz Henrique Mandetta, un ministro con un perfil centrista y una formación técnica en el área, en absoluta disonancia con casi todos los demás miembros de su ministerio. Así, la crisis del coronavirus cayó en manos de un ministro centrista, en un gobierno que casi no tiene centristas, y de un ministro con capacidad técnica.

Jair Bolsonaro invirtió en desorganizar la respuesta brasileña a la pandemia. Primero, invirtió en contra de la política de aislamiento social y el 16 de abril del 2020 el capitán logró implementar su política anti-vida con la destitución del ministro de salud Luiz Henrique Mandetta.

Después de la toma de posesión del nuevo ministro, general Eduardo Pazuello, el gobierno desactivó las interrelaciones federales en el momento decisivo de la lucha contra el Covid-19, luego acordó prescribir a la población remedios de eficacia no comprobada y finalmente desorganizó por completo la campaña de vacunación en el país. El resultado, o las muertes, no tardaron mucho en aparecer y hasta este momento Brasil vive su mayor crisis de salud, que también es una crisis política.

El gobierno Bolsonaro enfrenta dos conflictos que ya sellaron su destino como un gobierno débil: un conflicto con el Congreso y un conflicto con la Corte Suprema. Bolsonaro tuvo episodios diferentes con el Congreso durante sus dos años en el cargo. Al inicio de la administración del capitán, la tensión entre el gobierno y el Congreso se produjo en torno a agendas relacionadas con las armas y la educación superior, al mismo tiempo que el presidente de la Cámara viabilizaba la agenda económica del bolsonarismo.

En este momento estamos viviendo una confrontación de dimensiones mucho mayores: con la apertura de una comisión de investigación en el Senado, la oposición y los miembros independientes de la Cámara asumen el protagonismo de las investigaciones sobre el desempeño del presidente y sus ministros en la pandemia.

El segundo conflicto del presidente es con la Corte Suprema. En el primer año de gobierno la Corte Suprema se mantuvo en una posición de equidistancia del gobierno, interviniendo puntualmente en algunos conflictos. Con el inicio de la pandemia los conflictos entre la Corte Suprema y el gobierno de Bolsonaro se intensificaron especialmente a partir de la decisión del tribunal a favor de la autonomía de gobernadores y alcaldes para hacer frente a la pandemia. La relación se volvió aún más tensa con las acciones del decano de la corte en relación a la interferencia política del presidente.

Estos dos conflictos que enfrenta el presidente Jair Bolsonaro no son habituales en una democracia funcional. Son expresión de un populismo autoritario que trata de reforzar las acciones de un presidente que no tiene preocupación por la gobernabilidad o que la ha transformado en opiniones sobre la pandemia, la vacunación y el pacto federal.

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