Coautora María del Carmen L. Miranda
En los primeros meses de 2021 el frio, la lluvia y los fuertes vientos se entrelazan con las miradas perdidas, el cansancio, las tiendas de acampar, los cantos religiosos y los bolsos de los migrantes llenos de ilusiones que se amontonan a unos cuantos metros de “El Chaparral”. Así se conoce a la garita que separa a México y Estados Unidos, dos países tan diferentes como sus ciudades fronterizas, Tijuana y San Diego. Los habitantes de este campamento improvisado han sido empujados a emprender el viaje por la falta de oportunidades y la violencia en sus países de origen. Adultos familias y cada vez más niños solos engrosan la población de unas 2000 personas provenientes de países como El Salvador, Honduras y Guatemala, y en menor medida de Haití, Cuba o el mismo México.
Con la victoria de Joe Biden, un nuevo flujo migratorio comenzó a avanzar hacia el norte atraído por los posibles cambios en la política migratoria. Pero rápidamente quedó claro que las promesas democratas de la campaña no dejarían de ser promesas, sobre todo teniendo en cuenta las restricciones fronterizas en plena pandemia.
Anclados en Tijuana, un lugar enigmático que, dependido del punto de vista, puede ser donde “comienza la patria” o donde “termina América Latina”, los migrantes permanecen a la espera de alcanzar su objetivo: el “sueño americano”. Un sueño que de momento es una pesadilla.
Perspectivas diferentes.
Desde el punto de vista de los migrantes, los factores que motivan su desplazamiento son muy diversos. Desde conflictos políticos, necesidades económicas y violencia, hasta las más reciente catástrofes ambientales, cada vez más frecuente en consecuencia del cambio climático.
Estados Unidos, sin embargo, tiene una perspectiva diferente. A partir de los ataques terroristas del 2001, las políticas migratorias se fortalecieron y se convirtieron en un instrumento de seguridad nacional. Esto se tradujo en el aumento de restricciones de movilidad entre fronteras y una criminalización de la migración irregular.
Durante la administración Trump la situación de los migrantes, tanto al interior como al exterior del territorio estadounidense, se complicó aun más. Entre la construcción de un muro fronterizo y la cancelación del programa DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) que beneficiaba a millones de “dreamers”, las políticas migratorias tomaron un giro excluyente.
Vendedores de sueños.
Como si fuera poco, en los países emisores de migrantes abundan los “coyotes”. Se trata de personas que conocen la ruta migratoria y que lucran con la necesidad de la gente. Amparados por el anonimato de las redes sociales engañan a sus futuros clientes ofreciendoles nuevas oportunidades, un aparente cruce “seguro” o documentos falsos para transitar libremente por territorio mexicano. Inclusive ofrecen facilidades a la hora de cobrar por los servicios prestados, que pueden ir desde mil hasta cinco mil dólares por persona, dependiendo de la ruta, el tiempo, las comodidades en el camino y el tipo de cruce.
Muchas familias, alentadas por la falsa promesa del “sueño americano” e impulsados por rumores de que a los menores no acompañados no los deportan, envían a sus niños solos con la ilusión de un mejor futuro. De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, hasta febrero se habían contabilizado 29.010 casos de niños no acompañados.
Fuera del mito
La crisis migratoria actual, demuestra que el cambio de gobierno en Estados Unidos no ha significado una transformación sustancial en temas migratorios. La sobrepoblación en centros de detención para migrantes se ha incrementado a pesar de que el nuevo gobierno ha afirmado que protegería a los niños migrantes. El número de niños detenidos y deportados es alarmante.
La criminalización actual de la migración se ampara en la coyuntura sanitaria. Los migrantes que llegan a Estados Unidos son detenidos y procesados bajo el Código implementada por Trump que determina que debido a la existencia de Covid-19 en México y Canadá, existe un grave peligro de una mayor introducción de la enfermedad en los Estados Unidos.
Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, de noviembre a febrero se han realizado 317.590 expulsiones a los estados del norte de México y su traslado, por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), a albergues que pertenecen a organizaciones de la Sociedad Civil que no cuentan con las condiciones básicas.
Las injusticias a las que se ven sometidos los migrantes a lo largo de sus travesías son innumerables: detenciones a ambos lados de la frontera, deportaciones, violencia policial, extorsiones, violaciones y hasta el asesinato. Por ello, en un acto de resiliencia, los migrantes han implementado mecanismos colectivos de defensa como avanzar en caravanas para protegerse en grupo o formando campamentos para mantenerse unidos en su paso por ciudades como Tijuana, considerada como una de las más violentas de México.
¿Qué pasará con los niños detenidos en los centros de detención estadounidenses o con aquellos que se encuentran solos en los albergues mexicanos? Ante esta desoladora realidad, el futuro de los niños, que representan más del 60% del flujo migratorio actual, es una incognita.
María del Carmen L. Miranda es Licenciada y Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana (México). Consultora independiente en temas migratorios.
Fotos de Hugo J. Regalado
Autor
Cientista Político. Profesor de la Universidad Autónoma de Baja California (México). Doctor en Estudios del Desarrollo Global y Master en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).