Guillermo Lasso cumple sus primeros seis meses de gobierno en Ecuador de un periodo de cuatro años. El balance presenta múltiples matices en un contexto de crisis económica heredada, pero que se exacerba debido a la pandemia. En los 100 primeros días cumplió su principal oferta de campaña: vacunar nueve millones de personas con la finalidad de reactivar la economía, propiciar confianza y legitimidad, sobre todo en los sectores que no votaron por él. Arrancó bien, sin embargo, hay tres factores que complejizan su gestión: carece de cualquier mayoría en Asamblea (relativa, absoluta y calificada), su equipo está en curva de aprendizaje pues proviene del sector privado y le desborda la realidad: desempleo e inseguridad.
La crisis económica impide que Lasso amplíe su margen de maniobra política con los sectores sociales que insisten en un conjunto de medidas que son difíciles de resolver, más aún, cuando el Gobierno enfrenta el reto de reducir un déficit fiscal de USD 11 mil millones para el 2022 y se le agotan los recursos con los multilaterales de crédito. El Parlamento de los Pueblos es el principal contradictor del oficialismo y aglutina a sectores con capacidad de movilización, protesta y paro como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), el Frente Unitario de Trabajadores (Fut), la Unión Nacional de Educadores (Une), el Partido Socialista, Unidad Popular y el movimiento Pachakutik.
El diálogo entre el Gobierno y la Conaie configura un escenario de suma cero en las dos ocasiones que se han propiciado encuentros para buscar salidas conjuntas, por cuanto las demandas de la dirigencia indígena más radical no están dentro de la hoja de ruta del Presidente, es decir, que se detenga el incremento de los combustibles y se congele el precio a como estaba antes de la presidencia de Lasso, el fin de las relaciones con los multilaterales (FMI), la no extracción minera, la lucha contra la evasión tributaria, entre las más importantes. Pese a que hay coincidencias de la situación de crisis por parte de los dos grandes actores, no hay acuerdo. La Conaie ha puesto un ultimátum al Gobierno hasta fin de mes, sino vuelven a las calles.
Desde el lado del Gobierno se ha enfatizado en mejorar la agenda que reivindica el sector indígena, ya que hay varios problemas que, paradójicamente, no constan en las demandas de la Coanie. Las comunidades de la Sierra Centro son las que más padecen de desnutrición crónica infantil (38%), acceso a servicios básicos como el agua, deserción escolar en los diferentes niveles de formación, no cuentan con conectividad, ni crédito para el desarrollo de actividades de agricultura familiar y campesina. Desde esta perspectiva, parece que el Gobierno y la dirigencia indígena miran los problemas y las soluciones con distintos lentes.
A la dificultad de encontrar una salida consensuada entre el sector social y el Gobierno se agrega el problema de inseguridad que, si bien no es una expresión nueva en este periodo, se recrudece debido a las masacres registradas en los centros de rehabilitación social, en donde la violencia y el descontrol entre las bandas han registrado 316 muertes en lo que va del año. El manejo de las cárceles desbordó al Estado, pues no hay respuestas contundentes, más bien un conjunto de ensayos. El Gobierno defiende la hipótesis de que el crimen organizado y los carteles de México provocan el caos, mientras que por el otro lado, dicen que las masacres evidencian una disputa entre bandas por controlar las cárceles.
La crisis carcelaria abrió un espacio de gobernabilidad, pues el Ejecutivo logró el espaldarazo de los representantes de las demás Funciones del Estado y el sistema de justicia para trabajar en soluciones conjuntas, sin embargo, se vive una tensa calma, pues el Estado está en indefensión mientras los diferentes sectores de la sociedad discuten si la delincuencia debe ser resuelta con mano dura o sobre la base de procesos de negociación con las bandas criminales. Desde el partido de derecha, Social Cristiano (PSC), se levanta la propuesta del porte de armas, mientras que los sectores más moderados han brillado por su ausencia debido a la complejidad que entraña la inseguridad.
En este contexto, la mayoría de los integrantes de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea aprobó el informe de investigación acerca de los Pandora Papers, en donde se insiste en la necesidad de que el Presidente concurra al Legislativo para explicar si violó o no el Código Ético, es decir, si al momento de inscribir su candidatura mantenía empresas off shore. Lasso ha dejado todo en manos de sus abogados, en un escenario en donde el correísmo y el bloque político de la Conaie, Pachakutik, han afilado en su contra. Pese a la debilidad del Ejecutivo, la tesis de una posible destitución se ha diluido.
Desde la sociedad civil emerge la propuesta de impulsar un diálogo nacional entre los principales actores políticos y sectores de la sociedad con la finalidad de acercar posiciones entre las partes en controversia, pero además de ir más allá de la coyuntura, pues no se trata de que haya soluciones coyunturales o medidas parches cuando a la vuelta de la esquina la conflictividad puede aparecer con más fuerza. Este llamado se hace a un Gobierno que peca de autosuficiente cuando la complejidad le sobrepasa y a una oposición que asume una postura intransigente sin contar con propuestas concretas para salir de la crisis.
Es un reto para el Gobierno llegar a diciembre con dinero para pagar el salario del sector público y haber capeado las distintas amenazas de paros, movilizaciones y protestas. El desenlace de la aprobación de la reforma tributaria enviada a la Asamblea por el Ejecutivo será un termómetro para lo que se viene. Si entra por el Ministerio de la Ley, la consecuencia será un escenario que deslegitime la propuesta, mientras que si se logran los votos para su aprobación habrá un mínimo respiro para iniciar el siguiente año. Apenas son seis meses de Lasso y la crisis política es intensa.
Foto da Casa de América en Foter
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