En mayo se cumplirá un año del gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador y el primer escollo del Ejecutivo ha sido gobernar sin el respaldo de la Asamblea. Su agrupación política CREO, ha debido acomodarse ante una mayoría de congresistas que van del centro a la izquierda y con una presencia relevante del correísmo con 48 de los 137 legisladores. Mientras tanto, en las calles se vive un aumento desenfrenado del crimen y la violencia..
El principal problema del estancamiento que vive el país es que el partido oficialista, CREO, apostó por una estrategia que personaliza la política sin ubicar en su contexto la relación inevitable entre el Ejecutivo y el Legislativo. Antes de que se posesionen las autoridades de la Asamblea, el presidente ensayó un acuerdo político con sus dos rivales: el expresidente Rafael Correa y el líder histórico de la derecha del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot.
El rechazo en redes sociales, así como en diversos sectores, fue tan alarmante que Lasso reculó y más bien tendió puentes con el partido Pachakutik, los independientes y la Izquierda Democrática (ID) con la finalidad de asegurarse el control en la Asamblea mediante el nombramiento de las autoridades. Sin embargo, ninguna de las movidas en el tablero resultó eficiente. Un año después, el Gobierno no ha sabido establecer vínculos efectivos con la oposición ni con los aliados naturales de la derecha, y persiste la vieja práctica de mayorías móviles.
Sin mayores posibilidades de maniobra, el presidente envió a la Asamblea su megaley económica que incluía la reforma tributaria, la Ley de Inversiones y la reforma laboral. El proyecto fue rechazado porque la normativa ecuatoriana impide el tratamiento y aprobación de tres materias de manera simultánea cuando son urgentes.
El Gobierno replanteó su estrategia y envió un cuerpo a la vez sin contar ―en primera instancia― con los votos suficientes, es decir, 70. La Ley de Reforma Tributaria podía entrar en vigencia por el Ministerio de la Ley si no había acuerdo entre los diferentes bloques; sin embargo, con los votos del correísmo pasó. Esta misma maniobra no se repitió con la Ley de Inversiones, que fue rechazada, lo que prevé el fracaso de la reforma laboral. Frente a este traspié, el presidente fustigó contra asambleístas de Pachakutik y el líder de la ID, Xavier Hervas, a quienes acusó de intercambio de favores.
La complejidad para que el Gobierno saque adelante su Plan Nacional de Gobierno, debido al bloqueo de la Asamblea, se agudizó cuando su exministra de Gobierno, Alexandra Vela, dimitió del cargo por estar a favor de la Muerte Cruzada o el cese de funciones de la Asamblea por obstrucción al Ejecutivo. Frente a este escenario, Guillermo Lasso enfatizó en “gobernar sin la Asamblea a futuro”, como si eso fuera posible, y peor aún cuando descartó la Muerte Cruzada.
Ahora el Ejecutivo apuesta por una consulta popular de la cual nadie conoce su contenido, en un contexto donde ha bajado su aceptación y donde enfrenta un escenario de elucubraciones que reiteran la alianza con su rival Rafael Correa, debido al habeas corpus otorgado al exvicepresidente Jorge Glas, pese a que recaen sobre él dos sentencias por corrupción en el caso de Odebrecht. Pérdida para el Gobierno, triunfo para la Revolución Ciudadana.
Ante este panorama, el país vive, además de las manifestaciones, una ola de masacres en las cárceles, reiterados encautamientos de toneladas de droga y muertes violentas bajo la figura de sicariato en la costa, en los cantones de Durán, Guayaquil y Samborondón.
En lo que va del año ha habido más de 200 muertes violentas, y la inseguridad se ha convertido en la primera preocupación de la población. El clima se tensiona aún más por el asesinato de Don Naza, un militar que estaba dedicado al negocio de las pirámides financieras, donde además se investiga a otros elementos de las Fuerzas Armadas.
Ante este contexto, la sociedad civil toma fuerza, en el sentido de que la aceptación y la credibilidad de las Funciones del Estado están en los peores niveles desde la transición a la democracia en 1979. Las insinuaciones de que “se vayan todos” son recurrentes y las propuestas para mejorar la gobernabilidad están a la orden del día.
En esa línea, varios colectivos están impulsando una consulta popular ciudadana para preguntar a la población si está de acuerdo con quitar las atribuciones de designar autoridades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, reformar el Capítulo V del Código de la Democracia, referente al sistema de partidos, usar el excedente del petróleo para la salud y la seguridad social, y la evaluación de los operadores de justicia. Hay varias propuestas que serán presentadas a la Corte Constitucional.
Entre las complejidades e incertidumbres, el mayor logro del Gobierno ha sido la vacunación, lo que convierte a esta administración en una de las pocas que ha cumplido con su oferta de campaña de manera rápida, eficiente y con reconocimiento internacional. Esto dinamizó la economía y restauró un importante margen de confianza en el futuro, pese a que la situación económica sigue siendo dramática, puesto que siete de cada diez ecuatorianos no tienen empleo.
Otro aspecto positivo es el retorno a clases en todos los niveles educativos y la voluntad de implementar una política pública para combatir la desnutrición crónica infantil. No se puede perder de vista que el Gobierno no ha enfrentado casos de corrupción y eso es un mérito entre tanta impunidad. A ello, se suma la gestión en la búsqueda de inversiones extranjeras.
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