Deforestación ilegal, minería ilegal, tráfico de drogas y violencia letal: nombre su flagelo y la cuenca del Amazonas rara vez decepciona. Pero como muestra un pacto inusual entre policías, fiscales, autoridades ambientales y expertos en lavado de dinero reunidos recientemente en Manaus, es posible responder activamente a este desafío.
Si bien es demasiado pronto para decir que la cuenca del Amazonas se está derrumbando, el evento organizado por el Instituto Igarapé, con apoyo de Interpol y de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos fue un paso significativo para revertir la situación. El evento reunió a expertos de Brasil, Colombia y Perú para reflexionar sobre la situación desesperada que enfrenta el icónico bioma tropical, sus pueblos y el clima global.
Los delitos ambientales como el acaparamiento ilegal de baldíos, el tráfico de tierras, la tala ilegal y la extracción de oro están arrasando la cuenca del Amazonas a un ritmo vertiginoso, como lo advierten diversas investigaciones. Esto no es una tragedia ambiental; cada uno de estos actos es un delito, típicamente agrupado con otros delitos.
A esto se suma la creciente participación de facciones narcotraficantes sofisticadas, especialmente en Brasil, Colombia, Perú y también en Ecuador. Debido al aumento de la producción y el transbordo de cocaína, grupos armados como el Primer Comando de la Capital (PCC) y exguerrilleros de las FARC están abriendo un camino de depredación de recursos, inseguridad y violencia en espiral en los municipios de la cuenca del río. Los buscadores de oro, financiados por los capos de la droga y la mafia local, son una amenaza creciente para los bosques y la biodiversidad, especialmente en las áreas fronterizas frágiles.
El estado de derecho se deteriora rápidamente en áreas donde se trafican drogas y productos ilícitos y está desencadenando nuevos ciclos de destrucción ambiental. A raíz del tráfico de drogas sin precedentes en 2021 y 2022, las primeras semanas de 2023 fueron testigos de niveles récord de deforestación. Los analistas se refieren a esto como “narcodeforestación”, ya que las redes criminales lavan sus ganancias a través de la especulación de tierras, la tala de árboles, la agricultura y la producción ganadera.
El encuentro regional coincidió con el inicio de las audiencias del juicio por asesinato del indigenista brasileño Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips, asesinados y emboscados en 2022, mientras trabajaban en el Valle de Javari, en el estado brasileño de Amazonas. Los brutales asesinatos provocaron una protesta internacional y llamaron la atención sobre la emergencia en la Amazonía, donde los crímenes sin sentido alimentan tres crisis interconectadas de proporciones planetarias: contaminación masiva, pérdida de biodiversidad y cambio climático.
Varias organizaciones criminales transnacionales están detrás del creciente ecosistema de delitos ambientales en la Amazonía, muchas de las cuales operan casi con impunidad. De hecho, el oro ilegal es la nueva cocaína , según Oscar Mojica, jefe de protección ambiental de la Policía Nacional de Colombia, quien señaló que un kilo de polvo de cocaína en Cartagena cuesta $2.000, mientras que un kilo de oro cuesta $20.000. Mientras que los productos químicos tóxicos como el cianuro y el mercurio, utilizados para extraer oro, están contaminando los ríos y los sistemas ecológicos de la región con consecuencias devastadoras para la salud de la población.
Una métrica sombría para estas economías criminales es la tasa de homicidios, que en muchos departamentos y municipios de la cuenca del Amazonas duplica los promedios nacionales. Y a medida que aumenta la violencia criminal, los esfuerzos para proteger la biodiversidad y reducir la tala de bosques también fallan. Las provincias amazónicas están marcando el ritmo de la violencia letal en el Perú. La historia es muy similar en Colombia y en Brasil, donde 13 de las 30 ciudades más violentas se encuentran dentro de la cuenca del río.
Los expertos reunidos en Manaus coincidieron en que los dos facilitadores más importantes para los delitos ambientales son el lavado de dinero y la corrupción. El crimen que se extiende por la cuenca del Amazonas, así como por América y Europa, cubre sus huellas filtrando las ganancias de su saqueo a través de bancos legítimos y el mercado legal. De ahí el renovado enfoque transnacional, enfatizado por representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el Grupo de Acción Financiera Internacional para América Latina (GAFILAT) y la iniciativa El Paccto de la Unión Europea para rastrear, investigar e interrumpir los flujos de dinero sucio a través de mejora de la inteligencia financiera y la cooperación regional.
Los cambios políticos sísmicos en varios países que se extienden a ambos lados de la cuenca del Amazonas han elevado la importancia de proteger y conservar colectivamente las selvas tropicales y promover alternativas sostenibles para los residentes locales. El pivote es evidente en Brasil, donde el presidente Lula da Silva ha restaurado la protección de la selva tropical y su gente como una prioridad en la agenda nacional y busca poner fin a la minería ilegal a raíz del desastre humanitario en la región yanomami.
En Colombia, Gustavo Petro se comprometió a tomar medidas enérgicas contra los impulsores legales e ilegales de la deforestación. Petro tiene la intención de aprovechar la iniciativa de su predecesor, la Ley de Delitos Ambientales de 2021, pero enfrenta una fuerte oposición de los ganaderos y la industria del aceite de palma, así como una economía criminal floreciente. Y a pesar de la inestabilidad política crónica de los últimos años, hay una sensación de avances también en Perú.
Es evidente el compromiso creciente para enfrentar los delitos ambientales, incluidos los llamados para revitalizar la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Lula anunció recientemente que Brasil organizará una cumbre de líderes de las ocho naciones amazónicas en agosto de 2023 en Belém, donde la organización del tratado asumirá un papel de liderazgo. La Unión Europea también se comprometió con otra ronda de financiamiento para su Red Jaguar, que se enfoca en la madera ilegal, el oro y los delitos contra la vida silvestre, incluida una llamada para expandir las operaciones en la cuenca del Amazonas.
A pesar de los desafíos que se avecinan, los participantes de la reunión en Manaus se mostraron discretamente optimistas, reconociendo que ofrecer una respuesta global y regional ante la devastación de la Amazonía es urgente y que el saqueo del bosque tropical más grande del mundo se está convirtiendo rápidamente en un problema de dimensiones globales, con efectos colaterales para el clima y la seguridad humana.
Melina Risso es directora de investigación del Instituto Igarapé.
Robert Muggah es cofundador del Instituto Igarapé.
Autor
Politóloga de la Universidad Panteón-Sorbonne. Actualmente es Asesora Regional del Instituto Igarapé, un think tank especializado en temas de seguridad con sede en Brasil.
