El reciente atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, una vez más ha posicionado a la violencia política en el centro de la vida pública en Colombia. Un hecho de sangre sobre el cual prosigue una investigación criminal, que conforme pasan los días revela detalles muy perturbadores sobre las motivaciones y las formas en las que se ejecutó. Un evento violento más en una de las naciones más conflictivas de la región, con un pasado de guerrillas y enfrentamientos armados que siguen anclados con diferentes formas en el presente. Una violencia estructural que va desde lo simbólico en el tono amenazante del discurso presidencial y el debate público, extendiéndose a los ataques furtivos de los grupos armados en distintos puntos de la extensa geografía colombiana.
Si bien la clase política en su conjunto emitió un contundente mensaje de repudio a la violencia política, esto no ha amainado la crispación, el clima de sospecha permanente en la opinión pública y en especial la proliferación de acusaciones cruzadas en un momento en el que las posibilidades reales de acuerdos y consensos de gobernabilidad lucen cada vez más remotos. Mientras tanto, hasta el momento de publicar este episodio, el parlamentario Uribe sigue en una condición de máxima gravedad y con pronóstico reservado, quien ha permanecido por más de quince días en la Unidad de Cuidados Intensivos.
Ante las circunstancias aún por esclarecer de este crimen y en el marco del contexto político colombiano, nos preguntamos ¿qué intereses pudieran estar detrás de este nuevo atentado político? ¿este incidente convalida el fracaso definitivo de la “paz total” que prometía Gustavo Petro? ¿Qué medidas debería adoptar el gobierno y la clase política en su conjunto, en el corto y mediano plazo, para que la violencia política pueda contenerse en Colombia? Esta y otras interrogantes, serán parte del episodio de hoy.
