Desde el pasado mes de enero Guatemala inició una nueva etapa de su vida política, caracterizada entre otras circunstancias, por las tensiones institucionales entre el entrante presidente Bernardo Arévalo y el Poder Judicial. Una pugnacidad que ha continuado durante los primero meses de su mandato y que no ha mitigado el creciente descrédito político de la ciudadanía. Los escándalos de corrupción, la politización de la justicia, la inseguridad ciudadana y el estancamiento económico, siguen siendo parte de la cotidianidad de una democracia acechada por años de corrupción política a lo interno, así como también a nivel internacional por los efectos devastadores del crimen organizado, la migración forzada y la disgregación de políticas públicas a nivel regional, que permita un desarrollo sostenible en Centroamérica.
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