El pasado viernes 14 de junio la Cámara de Representantes del Congreso colombiano aprobó la reforma pensional promovida por el presidente Gustavo Petro. Una de las pocas victorias legislativas que ha podido conseguir al mando de la Presidencia de la República a pocas semanas de cumplirse la mitad de su gestión.
Un instrumento legal que entraría en vigencia a mediados del 2025, y que buscaría una mayor participación del sector público, con lo cual ampliar la cobertura a un importante segmento de la población, ahora mismo en estado de vulnerabilidad. Una de las varias iniciativas que, conjuntamente con la reforma laboral, de salud y educativa, forman parte central de su campaña electoral y de su plan de gobierno ya instalado en la Casa de Nariño.
Tras esta aprobación legislativo el propio Gustavo Petro aseguró que sería el primer paso para construir “un gran acuerdo nacional” que más allá del relato oficial, contrasta con la pugnacidad política que reinante en el Poder Legislativo. Es importante destacar, que antes de la implementación de esta reforma pensional, la Corte Constitucional de Colombia podría ejercer su facultad de rechazar total o parcialmente este instrumento normativo antes de su aplicación.
Lo cual revela el ambiente de contestación que existe, que con toda certeza se extenderá para el segundo semestre del 2024 cuando se discuta la reforma educativa. Ante este estado de cosas, ¿Qué aspectos pudieron facilitar este anuencia parlamentaria? ¿cuál sería la estrategia política a seguir por el gobierno dado el ambicioso paquete legislativo que busca impulsar? ¿Ha demostrado el gobierno de Petro capacidad de concesión a los sectores políticos críticos a su gestión?
