A casi dos semanas de haberse realizado la elección presidencial en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha desplegado una ofensiva represiva sin precedentes en la historia reciente, la cual sigue en curso a día de hoy. Un despliegue de fuerza, que solo consigue paralelismos históricos con los regímenes no democráticos de la segunda mitad del siglo XX en la región latinoamericana. Detenciones arbitrarias, censura de redes sociales y hostigamiento contra ciudadanos que, de alguna u otra manera, han expresado su posición de rechazo ante unos resultados que aún siguen sin publicarse ningún soporte documental, por parte de la autoridad electoral. Lo que a la fecha constituye uno de los mayores fraudes electorales que registre la historia contemporánea.
Un entorno político cada vez más reactivo, que con el paso de los días sigue implementando un mayor violencia de Estado, con un aumento exponencial de víctimas, censura y estado de zozobra generalizado para la ciudadanía, dentro y fuera del país. A la par que incrementa un mayor aislamiento internacional, en el cual se incluyen antiguos aliados ideológicos regionales que siguen exigiendo una transparencia electoral que sigue brillando por su ausencia.
Una contrastante respuesta autoritaria, que lejos de sugerir satisfacción por su reelección, podría estar revelando la existencia de tensiones a lo interno del propio régimen. Apelando a un mensaje de fortaleza política, que contrarreste el notorio desplome del respaldo popular sufrido por el gobierno de Maduro. Tal como ha sido evidenciado por las actas emitidas por el propio sistema electoral y divulgadas por la Plataforma Unitaria Democrática. En este sentido, cabría preguntarnos ¿qué otros aspectos podrían estar detrás de esta ofensiva represiva del régimen de Maduro? ¿Qué alcances regionales podrían llegar a desencadenarse en el futuro inmediato de no lograrse un cese de hostilidades y un eventual espacio de negociación?
