Vivimos en una paradoja cada vez más evidente. Nunca antes la humanidad había producido tanta riqueza, conocimiento y tecnología, y nunca antes esa abundancia había estado tan mal distribuida. Mientras millones de personas luchan diariamente por cubrir necesidades básicas —alimentación, vivienda, salud o educación—, un grupo cada vez más reducido acumula fortunas de una magnitud difícil de imaginar. Esta creciente desigualdad no es solo una cuestión moral o económica: es, también, un problema político y democrático que amenaza la cohesión social y el futuro de nuestras sociedades.
La desigualdad global ha alcanzado niveles históricamente elevados. Como ha documentado Branco Milanovic, una de las voces más influyentes en el estudio de la desigualdad, este fenómeno responde tanto a la brecha entre países como, y cada vez más, a la desigualdad dentro de ellos. En muchas economías, el crecimiento reciente ha beneficiado de forma desproporcionada a las élites económicas, mientras amplios sectores de la población han visto estancarse o incluso deteriorarse sus condiciones de vida. El resultado es una desigualdad global persistente que alimenta la frustración social.
La concentración extrema de la riqueza
Una de las características más preocupantes de la desigualdad actual es la extraordinaria concentración de la riqueza en la cúspide. El reciente informe de Oxfam, publicado en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, pone cifras a una realidad que ya intuíamos. Desde 2020, la riqueza combinada de los milmillonarios ha crecido a un ritmo vertiginoso, superando con creces el crecimiento de la economía mundial. En términos simples: mientras la mayoría de la población se recuperaba lentamente del impacto económico de la pandemia, los más ricos se hicieron aún más ricos.
América Latina y el Caribe ofrecen un ejemplo particularmente extremo de este fenómeno. En la última década, y de forma muy marcada en los últimos años, la región ha registrado uno de los mayores aumentos en la concentración de la riqueza a nivel mundial. En un solo año, la riqueza de los milmillonarios latinoamericanos creció cerca de un 39 %, un ritmo que supera ampliamente el desempeño de las economías nacionales. Esta desconexión entre el crecimiento de las grandes fortunas y la evolución del bienestar general no es casual: refleja poderes económicos y políticos que manipulan el sistema en su propio favor.
Economistas como Thomas Piketty y el propio Milanovic llevan años advirtiendo sobre esta dinámica. En muchos países, el 1 % más rico captura una porción desproporcionada del ingreso nacional, y dentro de ese grupo, el 0,1 % concentra la mayor parte. Estados Unidos, Colombia o Brasil muestran niveles de concentración que no solo son elevados en términos históricos, sino también preocupantes desde el punto de vista institucional. Cuando una fracción tan pequeña de la población controla una parte tan grande de los recursos, la igualdad de oportunidades se convierte en una ficción.
Desigualdad económica y poder político
La concentración de la riqueza no es un fenómeno aislado del ámbito político. Al contrario: riqueza y poder tienden a reforzarse mutuamente. Numerosos estudios muestran que altos niveles de desigualdad económica están asociados con menor cohesión social, peores resultados en educación y salud, menor movilidad social y un crecimiento económico menos sostenible. Sin embargo, el problema se agrava cuando esa desigualdad adopta la forma de una concentración extrema de riqueza.
En estos contextos, el poder económico se traduce fácilmente en poder político. Las grandes fortunas influyen en la financiación de partidos, campañas electorales, medios de comunicación y procesos regulatorios. El resultado es una captura del Estado, en la que las reglas del juego se diseñan para proteger y ampliar los intereses de quienes ya están en la cima. El informe de Oxfam es claro al respecto: en América Latina, la concentración de la riqueza está estrechamente ligada al control político y mediático. No es casual que una gran parte de las fortunas provenga de sectores estratégicos como la energía, las finanzas o las telecomunicaciones, donde la regulación pública es clave.
Además, más de la mitad de estas grandes fortunas son heredadas. Esto implica que la desigualdad no solo se reproduce, sino que se consolida a lo largo del tiempo, socavando la movilidad social y el principio meritocrático que suele invocarse para justificar las diferencias de ingreso. Cuando la posición económica depende más del origen familiar que del esfuerzo o el talento, la promesa de igualdad de oportunidades pierde toda credibilidad.
Democracias debilitadas y clases medias en retroceso
La evidencia comparada sugiere que las sociedades con clases medias amplias y sólidas tienden a mostrar mejores resultados en términos de crecimiento, estabilidad política y desarrollo humano. La clase media actúa como un ancla social: sostiene la demanda interna, invierte en educación, exige servicios públicos de calidad y defiende instituciones inclusivas. Cuando esta se debilita, el tejido social se fragmenta.
La experiencia reciente de numerosos países ilustra los riesgos de esta fragmentación. Desde la Rusia postsoviética hasta los Estados Unidos de Trump, pasando por buena parte de América Latina, la combinación de alta desigualdad y concentración del poder ha ido de la mano de un deterioro democrático. Crece la polarización, disminuye la confianza en la política y se abren espacios para liderazgos autoritarios o discursos simplistas que prometen soluciones rápidas a problemas estructurales.
Una falsa salida: menos Estado, más privilegios
Paradójicamente, frente a una desigualdad creciente, han ganado fuerza proyectos políticos que proponen menos regulación, menos impuestos a los más ricos y un Estado más débil. Estos discursos, a menudo envueltos en retóricas de “libertad” o valores identitarios, reciclan viejas recetas neoliberales que ya demostraron sus límites: austeridad, privatización y reducción del gasto social. El resultado suele ser un mayor deterioro de los servicios públicos y una transferencia adicional de poder hacia las élites económicas.
Esta no es una solución a la desigualdad, sino su profundización. Una “libertad” entendida como ausencia de reglas que beneficia principalmente a quienes ya tienen los recursos para influir, evadir o imponer condiciones. En ese escenario, la democracia se vacía de contenido y se convierte en un mero procedimiento formal, incapaz de garantizar derechos efectivos para la mayoría.
Romper el círculo vicioso
La concentración extrema de la riqueza y la concentración del poder político se retroalimentan en un círculo vicioso que amenaza con arrastrar consigo a las instituciones democráticas, la libertad de prensa e incluso la autonomía científica. Romper esta dinámica exige decisiones políticas valientes: sistemas fiscales más progresivos, una lucha efectiva contra la evasión y elusión fiscal, regulaciones que limiten la captura del Estado y una inversión sostenida en educación, salud y protección social.
No se trata de castigar el éxito económico, sino de reconocer que una sociedad profundamente desigual es una sociedad más frágil, menos libre y menos democrática. El verdadero desafío de nuestro tiempo no es solo generar riqueza, sino decidir cómo se distribuye y con qué fines. De ello depende, en última instancia, la viabilidad de nuestras democracias y la posibilidad de un desarrollo verdaderamente inclusivo.
Autor
Profesor de la Univ. Autónoma de Barcelona. Doctor en Economía por la Univ. de Barcelona. Master en Desarrollo del Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona (CIDOB). Especializado en econ. internacional y econ. urbana.
