Las recientes controversias en torno al fallo de la Corte Suprema que rechazó la acción de inconstitucionalidad presentada por la exsenadora Kattya González han vuelto a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para Paraguay: ¿hasta qué punto las principales instituciones del Estado son percibidas como independientes de los centros reales de poder político?
La cuestión no es jurídica. Es política. Independientemente de los méritos del fallo, buena parte del debate público se ha concentrado menos en los argumentos de los magistrados que en una pregunta más amplia: ¿quién ejerce realmente el poder en Paraguay?
Esa percepción importa. En una democracia, la confianza en las instituciones depende no solo de su independencia real, sino también de su independencia percibida. Cuando amplios sectores de la ciudadanía comienzan a interpretar que las decisiones de organismos supuestamente autónomos han sido influenciadas por un líder político, surge un problema que va más allá de cualquier fallo específico.
No es casualidad que la Constitución de 1992 defina a Paraguay como un Estado social de derecho organizado bajo los principios de la democracia representativa, participativa y pluralista. La lógica de la Constitución es institucional. El poder pertenece a la República, no a una persona. Los partidos son instrumentos de la democracia, no sustitutos de ella.
Ese problema en Paraguay se debe a la excesiva concentración del liderazgo político.
Durante más de una década, Horacio Cartes ha sido la figura dominante del Partido Colorado. Tras dejar la presidencia en 2018, no se retiró de la política. Por el contrario, consolidó su influencia hasta convertirse en el principal centro de gravedad del partido gobernante. Sus seguidores consideran que esa continuidad ha permitido preservar la unidad interna, evitar divisiones y asegurar victorias electorales. No les falta razón. Los resultados recientes del oficialismo colorado muestran una maquinaria política disciplinada y eficaz.
Sin embargo, la historia política demuestra que la fortaleza de un movimiento puede convertirse, con el tiempo, en su principal debilidad.
Los partidos políticos necesitan liderazgos fuertes. Pero también necesitan renovación. Necesitan mecanismos que permitan el surgimiento de nuevas figuras, nuevas ideas y nuevas generaciones de dirigentes. Cuando el liderazgo se concentra durante demasiado tiempo en una sola persona, incluso dentro de estructuras democráticas, los incentivos comienzan a cambiar. La lealtad adquiere más valor que la innovación. La cercanía al líder pesa más que la construcción de legitimidad propia.
Gradualmente, el partido deja de formar sucesores y comienza a formar administradores.
El problema no es exclusivo de Paraguay. América Latina está llena de ejemplos de movimientos políticos que alcanzaron gran éxito bajo liderazgos carismáticos, pero que encontraron enormes dificultades cuando llegó el momento de la transición. En algunos casos, la falta de renovación produjo divisiones internas. En otros, provocó largos períodos de estancamiento. En casi todos, debilitó la capacidad de adaptación de las instituciones políticas. Paraguay enfrenta hoy ese riesgo.
El desafío no radica únicamente en la figura de Cartes. El problema es más profundo. Se trata de la creciente dificultad para distinguir entre partido, liderazgo e instituciones. Cuando esas fronteras comienzan a difuminarse, la política pierde capacidad de renovación y las instituciones pierden capacidad de generar confianza.
A ello se suma un factor internacional que tampoco puede ignorarse. En 2022, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó públicamente a Cartes por presunta participación en corrupción significativa. En 2023, el Departamento del Tesoro impuso sanciones financieras en su contra bajo el régimen Global Magnitsky. Aunque esas sanciones fueron posteriormente levantadas en 2025, el episodio dejó una huella duradera sobre la reputación internacional del expresidente y, por extensión, sobre la imagen externa del propio Paraguay.
La cuestión no es si Washington tenía razón o no. Tampoco si las sanciones debieron mantenerse o levantarse. El punto relevante es otro. Los mercados, los inversionistas y los actores internacionales observan las instituciones tanto como observan a las personas. Cuando una figura política acumula un nivel extraordinario de influencia y, al mismo tiempo, se convierte en objeto de controversias internacionales de alto perfil, el costo reputacional trasciende al individuo.
Paraguay necesita inversión. Necesita confianza. Necesita fortalecer su posición internacional en un momento de creciente competencia regional por capital, comercio y oportunidades. Ninguno de esos objetivos se beneficia de una percepción de excesiva concentración de poder.
Aprender del pasado
La transición democrática posterior al régimen de Alfredo Stroessner buscó precisamente construir instituciones capaces de limitar la concentración del poder y garantizar que ninguna persona estuviera por encima de las reglas de la República. La Constitución de 1992 fue, en muchos sentidos, la expresión jurídica de esa aspiración nacional. Su objetivo no era simplemente reemplazar a un gobernante por otro, sino fortalecer un sistema donde las instituciones fueran más importantes que los individuos.
Esa preocupación no es nueva en la historia paraguaya. A comienzos del siglo XX, Cecilio Báez advertía sobre el peligro de aquellos que, “usurpando los inalienables derechos del pueblo, pueden encaramarse en el poder, con menoscabo de los grandes fines de la institución del gobierno democrático”. La observación conserva vigencia porque apunta a una verdad permanente de toda república: las instituciones existen para limitar el poder, no para concentrarlo.
Décadas después, Augusto Roa Bastos exploró una inquietud similar en Yo el Supremo. La obra gira en torno a una pregunta que ha acompañado a Paraguay durante generaciones: qué ocurre cuando el poder político se identifica demasiado con una sola persona y las instituciones comienzan a confundirse con la voluntad del líder. Aunque escrita en otro contexto histórico, la pregunta sigue siendo profundamente relevante para cualquier democracia moderna.
Por supuesto, los líderes políticos no tienen la obligación de retirarse simplemente porque sus críticos lo deseen. En democracia, la permanencia depende del respaldo político y de las reglas institucionales. Pero precisamente por eso la responsabilidad de promover la renovación recae también en quienes ocupan posiciones de liderazgo. Los grandes líderes no son recordados únicamente por las victorias que obtuvieron. También son recordados por las instituciones que dejaron detrás.
El desafío que enfrenta Paraguay hoy no es el de una dictadura ni el de una crisis institucional comparable a las de su pasado. Es un desafío más sutil. Consiste en asegurar que la fortaleza de sus partidos políticos, de sus tribunales y de sus instituciones republicanas no dependa excesivamente de una sola figura, por influyente o exitosa que esta sea.
La verdadera prueba de fortaleza de un partido no es su capacidad para ganar elecciones bajo un líder dominante, es su capacidad para seguir siendo relevante cuando ese líder ya no esté.
El Partido Colorado ha demostrado una extraordinaria capacidad de supervivencia a lo largo de su historia. La pregunta que enfrenta ahora es más compleja: si también posee la capacidad de renovarse antes de que la dependencia de una sola figura termine limitando su propio futuro.
Autor
Abogado y ex alto funcionario del Gobierno de los Estados Unidos con décadas de experiencia en América Latina. Fue asesor principal para Sudamérica en la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
