Las recientes elecciones en Colombia y Perú dejan importantes lecciones de alerta para las democracias latinoamericanas. Si bien en ambos países se desarrollaron dinámicas políticas propias, también fueron escenarios en los que se manifestaron tensiones que enfrentan prácticamente todas las democracias de la región. Se trata de un contexto caracterizado por altos niveles de polarización, fragmentación de los sistemas de partidos y predominio de liderazgos populistas y antisistema, atravesado además por la desinformación, y por embestidas de narrativas de fraude contra la integridad de los procesos electorales.
En Colombia, en un contexto de fuerte polarización política, dos proyectos ideológicamente opuestos concentraron las preferencias ciudadanas, lo que dio lugar al resultado electoral más estrecho de su historia. Con una participación inédita en segunda vuelta del 63,5 %, menos de un 1 % de diferencia separó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, de su contrincante, Iván Cepeda. De acuerdo con los informes de las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea, las elecciones se llevaron a cabo con una organización eficiente y transparente, y con un sistema de conteo que permitió conocer rápidamente los resultados preliminares.
Sin embargo, a pesar de estas fortalezas, las instituciones y la dimensión técnico-electoral estuvieron sometidas a una presión extrema tanto desde el sistema político como desde el entorno informativo, particularmente en el ámbito digital. Algunas narrativas de fraude, amplificadas por la polarización y la circulación masiva de contenidos engañosos, buscaron sembrar dudas sobre los procedimientos electorales, la imparcialidad de las instituciones y la confiabilidad de los resultados.
En paralelo, Perú ofrece un contraste revelador. Al igual que en Colombia, el resultado final de la segunda vuelta fue extremadamente estrecho: apenas 0,27 puntos porcentuales separaron a la ganadora, Keiko Fujimori, de Roberto Sánchez. Sin embargo, en este caso, con 35 candidaturas en la primera vuelta, predominó la fragmentación y el voto de rechazo en un contexto de mayor inestabilidad institucional. Asimismo, la organización electoral, especialmente durante la primera vuelta, evidenció importantes falencias operativas que incrementaron la judicialización y la incertidumbre a lo largo del proceso. Esta situación se vio agravada por la ausencia de un sistema de conteo preliminar, lo que retrasó durante semanas la publicación de los resultados definitivos. Todo ello aumentó la desconfianza social del proceso y alimentó narrativas de fraude y desinformación que ya se habían instalado incluso antes de que surgieran los problemas operativos.
Independientemente de las diferencias políticas y organizacionales entre los dos procesos, las elecciones de estos países muestran cómo el negacionismo electoral se ha transformado en un nuevo riesgo para la estabilidad y la legitimidad de las democracias de la región. Considerados en conjunto, estos casos demuestran que dichas narrativas no necesitan evidencia para irrumpir en el debate público o expandir su impacto. Por el contrario, pueden instalarse y recibir el apoyo de amplios sectores de la ciudadanía y de actores políticos, incluso en contextos donde existe una administración electoral sólida y técnicamente respaldada.
Mientras Perú experimentó problemas operativos objetivos, mayores retrasos en la entrega de resultados y una diferencia final incluso más estrecha que la observada en Colombia, sus líderes políticos terminaron aceptando los resultados y respetando las decisiones de las instituciones. En cambio, en Colombia, con menores niveles de judicialización y un entorno institucional más sólido, actores clave del sistema político han mantenido e incluso profundizado los cuestionamientos a la integridad del proceso electoral, lo que abre la puerta a dinámicas potencialmente riesgosas para la estabilidad política del país.
En conjunto, estos procesos nos recuerdan que la calidad de la democracia no depende únicamente de la celebración de elecciones técnicamente eficientes. Si bien es imperativo mantener una atención prioritaria en cada una de las etapas, procedimientos y normas que garantizan una organización electoral impecable, no basta por sí solo para impedir la proliferación de narrativas de fraude, la desinformación o generar contextos de inestabilidad política. De ahí la importancia de proteger el ecosistema electoral en su conjunto.
La legitimidad y la confianza en los procesos electorales requieren instituciones autónomas e imparciales; partidos políticos responsables y comprometidos con el respeto de las reglas del juego democrático; una ciudadanía y una sociedad civil informadas, activas y vigilantes, y sistemas informativos independientes y plurales, junto con marcos regulatorios que permitan enfrentar eficazmente la desinformación.
En materia de integridad electoral, América Latina no parte de cero. La región cuenta con una trayectoria sólida que ha permitido avances fundamentales para sostener sus democracias. No obstante, los desafíos actuales exigen redoblar esfuerzos, renovar compromisos y promover respuestas coordinadas. Colombia y Perú nos presentan señales de alerta que deben ser atendidas con urgencia para prevenir el debilitamiento de la integridad electoral, uno de los pilares esenciales de los sistemas democráticos.
Autor
Directora regional para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional). Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. Exministra de Justicia y Derechos Humanos de Chile.
