¿Debe una democracia permitir que sus adversarios utilicen las elecciones y los derechos políticos para destruir el propio orden democrático? Esta pregunta se encuentra en el centro de la idea de democracia militante: en situaciones extremas, la democracia puede restringir la actuación de quienes intentan eliminarla. El concepto fue formulado por el jurista y politólogo Karl Loewenstein, exiliado de la Alemania nazi, en artículos publicados en 1937. Casi nueve décadas después, Tom Theuns retomó el debate para preguntarse si la Unión Europea también actúa como una democracia militante ante el retroceso democrático de sus Estados miembros. La respuesta es sí, pero en un sentido restringido.
Cuando defender la democracia exige establecer límites
La distinción que plantea Theuns es importante. Las multas, los procedimientos judiciales y los bloqueos de fondos sancionan conductas o ejercen presión sobre los gobiernos. En cambio, prohibir un partido, retirar a un actor político el derecho a presentarse a las elecciones o suspender el voto de un Estado en instituciones comunes afecta directamente a su participación política. Para el autor, eso es lo que caracteriza a la democracia militante.
Esta respuesta solo se justifica bajo dos condiciones: debe existir una amenaza real para la continuidad democrática y la restricción debe ser necesaria porque las medidas menos severas resultan insuficientes. En la Unión Europea, los procedimientos por infracción previstos en los artículos 258 a 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el bloqueo de fondos contemplado en el Reglamento de Condicionalidad del Estado de Derecho son instrumentos jurídicos y financieros. El artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que permite suspender el derecho de voto de un Estado, se aproxima más a la definición estricta de Theuns.
Hungría, Polonia y Eslovaquia
El Gobierno de Viktor Orbán debilitó los controles institucionales, modificó las reglas electorales y amplió su influencia sobre los medios de comunicación y el poder judicial. La Unión Europea respondió con acciones judiciales y restricciones financieras, pero no suspendió el voto de Hungría en el Consejo. En abril de 2026, Orbán perdió el poder en las urnas tras 16 años de gobierno. La derrota demostró que la alternancia en el poder seguía siendo posible; sin embargo, no borró los efectos de los cambios institucionales acumulados.
En Polonia, el Gobierno del partido Ley y Justicia (PiS) también entró en conflicto con las instituciones europeas debido a medidas que ampliaban el control político sobre el poder judicial. La respuesta incluyó procedimientos judiciales, multas y bloqueo de fondos. El PiS dejó el Gobierno en 2023, pero reconstruir las instituciones después de años de erosión es más difícil que ganar unas elecciones.
Eslovaquia, bajo el Gobierno de Robert Fico, constituye una advertencia más reciente. Los cambios en los organismos anticorrupción, las normas penales y los medios de comunicación públicos provocaron críticas de las instituciones europeas. Estos casos muestran que el retroceso democrático suele avanzar mediante modificaciones legales graduales. También ayudan a comprender por qué la Unión Europea prefiere recurrir a sanciones jurídicas y financieras antes de suspender derechos políticos.
El Mercosur ya cuenta con una cláusula democrática
El Mercosur no necesita convertirse en una Unión Europea para defender la democracia. El Protocolo de Ushuaia, firmado en 1998, establece que la plena vigencia de las instituciones democráticas es una condición para la integración. Si se produce una ruptura, los demás países pueden suspender al Estado afectado de los órganos del bloque y de sus derechos de participación. Según la definición de Theuns, esta suspensión constituye una medida de democracia militante.
El mecanismo se utilizó por primera vez en 2012, cuando Paraguay fue suspendido tras la destitución acelerada del presidente Fernando Lugo. La decisión sigue siendo controvertida. Los investigadores Túlio Sérgio Henriques Ferreira y Ana Cláudia Alves Cunha Paiva sostienen que la suspensión no estuvo motivada únicamente por la defensa de la democracia: también facilitó la entrada de Venezuela en el bloque, hasta entonces bloqueada por el Senado paraguayo.
En 2017, el Mercosur suspendió a Venezuela alegando una ruptura del orden democrático. Se retiraron los derechos y las obligaciones vinculados a su condición de Estado parte. Por tanto, el bloque sudamericano ya ha aplicado la herramienta a la que se hace referencia cuando se propone una respuesta regional al Gobierno de Nicolás Maduro.
Ambos episodios ponen de manifiesto problemas diferentes. El caso de Paraguay plantea dudas sobre la parcialidad y el uso político de la cláusula. La suspensión de Venezuela, por su parte, no condujo a la restauración de la democracia y pone en cuestión la eficacia del instrumento. La existencia de una cláusula en el tratado no garantiza que los gobiernos la apliquen de manera coherente ni que esta consiga modificar el comportamiento de un régimen autoritario.
Brasil y los límites de la respuesta
Brasil también experimentó una erosión democrática. Durante el Gobierno de Jair Bolsonaro, se produjeron ataques reiterados contra el sistema electoral, el Supremo Tribunal Federal, la prensa y las normas de convivencia institucional. Los acontecimientos del 8 de enero de 2023 y las investigaciones sobre un intento de ruptura del orden constitucional confirmaron que la amenaza no era abstracta.
Al mismo tiempo, las elecciones de 2022 dieron lugar a una alternancia en el poder, y el Congreso, el poder judicial, la prensa y la sociedad civil mantuvieron su capacidad de resistencia. Esto no elimina la gravedad de aquel período, pero distingue el caso brasileño de una captura institucional más consolidada.
Esta diferencia es importante a la hora de clasificar las respuestas. Los procesos judiciales y las condenas por violencia, daños materiales o intento de golpe de Estado sancionan conductas tipificadas por la ley; las multas y las reparaciones tampoco constituyen, por sí mismas, democracia militante en sentido estricto. La inhabilitación electoral de un dirigente se aproxima más al concepto porque restringe el derecho a presentarse a las elecciones. En el caso de Jair Bolsonaro, la inhabilitación fue decidida por la Justicia Electoral, no por el Supremo Tribunal Federal.
Las restricciones políticas pueden ser legítimas ante una amenaza grave, pero exigen responsabilidad individual, proporcionalidad, derecho de defensa y criterios públicos. La firmeza institucional contribuyó a impedir una ruptura en Brasil; la confianza en ella depende de que los límites se apliquen con rigor.
Una integración que proteja la democracia
Mi hipótesis es que el Mercosur ya dispone de una medida extrema, pero carece de instrumentos intermedios y de garantías que permitan hacerla fiable. El bloque podría avanzar mediante un seguimiento independiente de la calidad democrática, criterios transparentes para reconocer una ruptura, el derecho de defensa y la revisión de las decisiones. También necesita fortalecer sus instituciones y ampliar la capacidad financiera del FOCEM para apoyar a la prensa, la sociedad civil y la recuperación institucional.
La experiencia europea demuestra que las normas permanentes, los recursos financieros y los mecanismos jurídicos permiten ejercer presión sobre los gobiernos antes de llegar a la exclusión política. La trayectoria del Mercosur enseña que una cláusula democrática, sin una aplicación imparcial y eficaz, puede convertirse en motivo de disputa o tener escasos efectos. El objetivo no es copiar a la Unión Europea, sino lograr que la democracia sudamericana cuente con una defensa regional previsible, legítima y capaz de funcionar incluso cuando cambian los gobiernos.
Autor
Politólogo, graduado por el, Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), Brasil y estudiante de maestría en el programa profesional de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP).
