El 29 de noviembre España elige Congreso y Senado, y una parte de esa elección se decide muy lejos de Madrid. De los 38,7 millones de electores llamados a las urnas, 2.769.645 viven fuera del país, un 7,15% del total. El país con más votantes españoles no es Francia ni Alemania: es Argentina, con 520.023 electores, casi uno de cada cinco. Cuba, México, Venezuela, Brasil y Uruguay completan un mapa en el que América Latina pesa más que cualquier otra región del mundo.
La Ley de Memoria Democrática de 2022 abrió la nacionalidad a los descendientes de quienes salieron de España por la Guerra Civil y la dictadura. Una instrucción del Ministerio de Justicia de ese mismo año fue más allá y presumió exiliados a todos los que emigraron entre julio de 1936 y diciembre de 1955. Solo en el consulado de Buenos Aires se presentaron 645.052 solicitudes, cuando antes de la ley había 337.980 españoles inscritos en esa demarcación.
En septiembre, a petición del partido de ultraderecha Vox y de la asociación Iustitia Europa, el Tribunal Supremo suspendió cautelarmente el voto de quienes accedieron a la nacionalidad al amparo de aquella presunción. En octubre rechazó el recurso del Gobierno y mantuvo la suspensión para el 29N: afecta a 163.020 inscritos, salvo que los consulados certifiquen que cumplían los requisitos de la ley. El Gobierno sostiene que, con la participación habitual del voto exterior, apenas unos 14.000 de ellos habrían llegado a votar. La disputa es más simbólica que aritmética. Y precisamente por eso es política.
La paradoja es que el latinoamericano con pasaporte español es, precisamente, el elector que menos vota. En las generales de 2023, más de la mitad de los electores del exterior residía en América Latina, pero quienes viven en Europa emitieron el 62% de los votos. Influyen el desarraigo y la logística: ese año Cuba tenía un solo consulado, en La Habana, aunque menos del 30% de los españoles de la isla vive en la capital.
España conoce bien el coste de las trabas. Entre 2011 y 2022 obligó a sus emigrantes a solicitar previamente el voto, y la participación exterior cayó del 31,7% en 2008 al 4,9% en 2011. Yo mismo formé parte de ese censo durante mis años como expatriado, con el voto rogado todavía en vigor, y doy fe de lo difícil que resultaba participar desde fuera.
Además, el voto no cuenta donde se vive. España no tiene circunscripción exterior: cada elector se adscribe a su último municipio de residencia o, si nunca vivió en el país, al de mayor arraigo suyo o de sus antepasados. Un nieto de gallegos en Rosario vota a los diputados de Ourense, una provincia donde casi el 31% del censo vive en el extranjero. Elige representantes a diez mil kilómetros a los que difícilmente podrá pedir cuentas.
Al otro lado del Atlántico la tendencia es la contraria: los Estados no restringen a sus diásporas, las cortejan. Casi todos los países latinoamericanos permiten votar desde el exterior, y varios les dan representación propia. Colombia tiene un escaño para sus residentes en el exterior desde 2002; Ecuador reserva 6 de los 137 escaños de su Asamblea, y República Dominicana, 7 de los 190 de su Cámara. Perú estrenó en 2021 un distrito para sus residentes en el extranjero, y México garantiza diputaciones migrantes desde 2021 por una acción afirmativa que el tribunal electoral ordenó al INE.
El caso más reciente es El Salvador, que en mayo de 2026 creó una circunscripción exterior con 6 de los 60 escaños de su Asamblea. Es revelador: Nayib Bukele ha cultivado a la diáspora, sobre todo la residente en Estados Unidos, como base política, y la nueva circunscripción institucionaliza ese vínculo.
Conviene no idealizarlo. El electorado exterior pesa más en el discurso que en las urnas: en República Dominicana, uno de los países con más tradición de voto exterior, la abstención de la diáspora superó el 82% en 2024. El reparto es desigual, con un solo representante colombiano para unos cinco millones de ciudadanos en el exterior frente a uno por cada 400.000 en Ecuador. Y el voto a distancia exige controles exigentes. Las diásporas importan por lo que representan (remesas, influencia, legitimidad) más que por los votos que depositan.
España no es el único país europeo que discute qué hacer con los descendientes de sus emigrantes. Italia, cuya ciudadanía por ascendencia alimentó durante décadas una enorme demanda en Argentina, Brasil y Uruguay, endureció en 2025 la transmisión por sangre. Los dos grandes orígenes de la emigración europea al Río de la Plata han tomado caminos opuestos: uno abrió la puerta en nombre de la memoria; el otro la entornó en nombre del control.
Detrás hay geopolítica. La inestabilidad económica y el endurecimiento migratorio de Estados Unidos han convertido el pasaporte europeo en un seguro vital para muchas familias latinoamericanas. Para España, esa demanda es también poder blando: una comunidad transatlántica de ciudadanos con vínculos afectivos, económicos y, ahora, políticos con el país.
En España la propuesta de una circunscripción exterior existe: el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior planteó siete diputados y cinco senadores, y partido de izquierda Sumar ha recogido la idea este verano. Pero la Constitución fija la provincia como circunscripción, y cambiarlo exige reformarla. Hay además objeciones serias, empezando por quienes sostienen que la residencia debe ser la base del voto.
La decisión del Supremo plantea una cuestión que trasciende la próxima elección del 29N: si la ciudadanía concedida en nombre de la reparación histórica es plena o queda bajo sospecha. Mientras los países latinoamericanos convierten a sus diásporas en distritos, España se arriesga a convertir la suya en un frente de disputa partidista. En el espacio iberoamericano, las fronteras del cuerpo electoral ya no coinciden con las del territorio. El voto ya cruza el Atlántico; lo que todavía no cruza es la representación.
Autor
Consultor político internacional y fundador de Ramón Ramón & Cía (RRyCía). Lleva casi treinta años asesorando campañas electorales y gobiernos en España y América Latina, y ha colaborado en comunicación institucional con organismos como la CEPAL, el PNUD, la OEA y el BID.
