La mañana del 25 de octubre, mientras Brasil elegía a su presidente, inspectores de la Justicia Electoral encontraron autobuses retenidos en cocheras de Salvador, una de las mayores ciudades del país. En una de ellas, los servicios de fiscalización identificaron 55 vehículos estacionados que estaban en condiciones de circular. El tribunal regional exigió la restitución inmediata del transporte gratuito y autorizó a la policía a verificar su cumplimiento. Los electores, entretanto, seguían necesitando esos autobuses para llegar a las urnas antes de las cinco de la tarde.
La Constitución brasileña reconoce el sufragio universal, y votar es obligatorio para gran parte de la población adulta. Ese derecho, sin embargo, se ejerce en un territorio atravesado por desigualdades que van desde las periferias urbanas hasta comunidades a las que solo se llega por río. En 2023, el Supremo Tribunal Federal concluyó por unanimidad que la ausencia de transporte colectivo gratuito durante las elecciones constituía una omisión inconstitucional. Ordenó que, desde 2024, los autobuses urbanos y los servicios intermunicipales y metropolitanos circularan gratuitamente, con una frecuencia equivalente a la de los días laborables. Había, por tanto, una obligación conocida, anterior a la campaña y aplicable a todos los municipios, independientemente de las preferencias políticas de sus alcaldes.
En Salvador, el alcalde Bruno Reis, de Unión Brasil, había firmado incluso un decreto para garantizar esa frecuencia. También había declarado su apoyo a Flávio Bolsonaro, candidato de la derecha y adversario de Luiz Inácio Lula da Silva. Cuando los jueces encontraron vehículos inmovilizados, Reis negó haber ordenado la reducción del servicio y explicó que las empresas habían demorado su salida para retirar adhesivos electorales pegados a los autobuses. La explicación está siendo examinada junto con los registros de circulación y las órdenes impartidas a los operadores. Durante la votación, el tribunal dispuso la detención del secretario municipal de Movilidad, Pablo Souza, que se encontraba en Francia; al día siguiente dejó sin efecto la orden, porque el periodo de flagrancia había terminado, y remitió los hechos al Ministerio Público Electoral y a la Policía Federal para su investigación.
Las denuncias fueron mucho más allá de Salvador. La campaña de Lula señaló dificultades de desplazamiento en localidades de nueve estados. En São Paulo, gobernada por Ricardo Nunes, otro aliado de Flávio Bolsonaro, alegó que no se había puesto en circulación la flota exigida por la Justicia; el alcalde rechazó la acusación. En Feira de Santana, también en Bahía, se denunciaron problemas de transporte bajo la administración de José Ronaldo, que había respaldado al candidato bolsonarista. El Ministerio de Justicia, por su parte, informó de fallas verificadas a partir de datos de organismos públicos en ocho estados, y la Policía Federal abrió o preparó investigaciones sobre posibles actos destinados a dificultar el ejercicio del voto.La presencia de alcaldes próximos al bolsonarismo entre los municipios denunciados alimentó sospechas de que algunas restricciones hubieran sido coordinadas para afectar el comparecimiento electoral. Precisamente por eso importan las investigaciones: los planes operativos, los mensajes entre funcionarios, las instrucciones enviadas a las empresas y los datos de localización de los autobuses pueden establecer si hubo fallas independientes, decisiones deliberadas o alguna articulación entre administraciones. La afinidad partidaria de un alcalde no basta para probar su responsabilidad, pero tampoco sustituye la obligación de esclarecer cómo se organizó el servicio a su cargo.
En los territorios indígenas, la amenaza de quedar fuera de las urnas adquirió otras formas. Según datos divulgados por el Ministerio Público Federal, la abstención de los electores indígenas había llegado al 26% en la primera vuelta, por encima del promedio nacional. Hubo relatos de comunidades sin combustible, embarcaciones, vehículos o intérpretes. El 24 de octubre, a solo un día del segundo turno, el presidente del Tribunal Superior Electoral tuvo que reconsiderar una exigencia de autorizaciones judiciales individuales para utilizar vehículos y embarcaciones de la Unión, tras una intervención de la Fiscalía. La corrección permitió aplicar un plan de transporte previamente aprobado; el riesgo de exclusión había surgido, esta vez, de una exigencia administrativa impuesta demasiado tarde.
Mientras se acumulaban los reclamos, las horas de votación se agotaban. Las campañas de Lula y Flávio Bolsonaro solicitaron ampliar el horario, aunque por motivos diferentes: la primera alegó restricciones de transporte, y la segunda, dificultades causadas por las lluvias en varios estados. El presidente del Tribunal Superior Electoral, Kassio Nunes Marques, pidió información técnica y no resolvió la prórroga antes de las cinco de la tarde. Tras el recurso de la campaña de Lula, el ministro Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal, ordenó extender la votación hasta las siete. Para entonces, numerosas urnas ya habían sido cerradas y no podían reabrirse. La medida terminó aplicándose únicamente a las secciones que continuaban abiertas; en São Paulo, la autoridad electoral informó que al menos el 80% ya había cerrado cuando recibió la comunicación oficial.
Tras semanas de movilización, Lula fue reelegido con 64,2 millones de votos y la abstención descendió del 21,08 % al 19,2 % entre las dos vueltas. Esas cifras no permiten calcular cuántos electores perdieron la posibilidad de votar por falta de transporte ni cuántos alcanzaron las urnas gracias a las decisiones judiciales.
Aquella noche, Flávio anunció que no reconocería la victoria y pediría anular las elecciones. Afirmó que la prórroga había alterado las reglas electorales, pese a que su campaña también había solicitado ampliar el horario por las lluvias. La decisión de Zanin llegó después de las cinco y solo pudo aplicarse en las secciones todavía abiertas. Las objeciones sobre su oportunidad y alcance merecen un examen jurídico, pero una eventual anulación depende de los requisitos legales y de la prueba del perjuicio alegado.
Al día siguiente, el Supremo ordenó al senador entregar sus pasaportes y le prohibió salir de Brasil en una investigación penal distinta de la controversia electoral. Flávio declaró que no pensaba marcharse. Sin entregar los documentos, cruzó la frontera con Argentina el 27 de octubre y llegó con su familia a Miami el 28, después de una escala en Ecuador.
En Salvador, los inspectores encontraron 55 autobuses que podían circular. Las investigaciones deberán esclarecer quién decidió mantenerlos fuera de servicio y si hubo instrucciones compartidas entre las alcaldías denunciadas. La jornada terminó con más electores en las urnas y un resultado proclamado, pero las medidas para garantizar el transporte llegaron cuando el tiempo de votar se agotaba. Para quienes no consiguieron llegar a su sección, las discusiones posteriores sobre la anulación no ofrecen una respuesta sobre quién debía asegurarles el desplazamiento ni por qué ese derecho no pudo ejercerse.
Autor
Abogada e investigadora, graduada en Derecho por la Fundação Getulio Vargas y máster en Justicia Transicional por la Geneva Academy. Sus investigaciones abordan los derechos humanos, la democracia, la memoria y el derecho internacional.
