Los anuncios de Xiomara Castro arrancan con una polémica amnistía

En medio de una enfervorizada multitud que copó las tribunas del Estadio Nacional de Tegucigalpa, con las calles de los alrededores repletas de seguidores del Partido Libre y sus aliados, Xiomara Castro dio su primer discurso como mandataria. Lo hizo en medio de una crisis política marcada por la rebelión de un sector de la bancada de su propio partido en el Congreso Nacional, motorizada desde el entorno del ahora ya ex presidente, Juan Orlando Hernández, para dilatar las esperadas ofensivas en su contra por corrupción y supuesta relación con el narcotráfico.

La nueva presidenta no dijo nada inesperado, pues todo había sido anunciado previamente en el plan para los primeros cien días de gobierno y en documentos partidarios. La mandataria indicó que tras 12 años de gobiernos que dispusieron de los dineros públicos sin rendir cuentas, recibe un Estado en bancarrota. “Debemos arrancar de raíz la corrupción de los 12 años de dictadura, tenemos el derecho de refundarnos sobre valores soberanos, no sobre la usura y el agiotaje”, señaló.

La catástrofe económica que recibe su gobierno—indicó—no tiene antecedentes en la historia de Honduras. Con un aumento del 700 % de la deuda externa y un incremento de la pobreza de un 74 % de la población, Honduras se ha convertido “en el país más pobre de América Latina”. Estas condiciones, según Xiomara Castro, son las causales de la masiva emigración irregular.

Por ello, la mandataria anunció que más de un millón de familias que consumen menos de 150 kilovatios mensuales, no pagarán su factura de energía eléctrica. Ese consumo será aplicado a las facturas de los altos consumidores, para lo cual será necesario hacer cambios en la ley el reglamento interno de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Entre otros anuncios, Castro señaló el envío de un proyecto al Congreso Nacional para subsidiar los combustibles y reducir sus precios actuales y ordenó al Banco Central y a la Secretaría de Finanzas la creación de los mecanismos legales para disminuir los intereses bancarios para la producción nacional. Además, la Secretaría de Educación deberá restablecer la matrícula gratis y asegurar la merienda escolar, el calendario de vacunación y la provisión de mascarillas para volver a las clases presenciales.

Entre los principales esfuerzos de su administración, agregó, estará el desarrollo agropecuario para lograr la soberanía alimentaria, para lo cual se buscará renegociar las cláusulas del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA). Asimismo, indicó que las Fuerzas Armadas trabajarán en la protección del medio ambiente.

Sobre la minería, uno de los temas más conflictivos del país, prometió “no más permisos de minas abiertas o explotación de nuestros minerales, no más concesiones en la explotación de nuestros ríos, cuencas hidrográficas, parques nacionales y bosques nublados”. Su administración pondrá especial atención en el desarrollo agroforestal e industrial, la promoción del turismo y el establecimiento de una estricta política fiscal monetaria.

La multitud estalló cuando la presidenta llamó a la libertad de los presos políticos de Guapinol y a perseguir a los responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. En estos dos casos, su administración deberá confrontarse a intereses poderosos, acostumbrados a ejercer su voluntad. Por ello, afirmó que se deben desmontar de inmedianto las reformas constitucionales “ilegales, con contratos del Poder Ejecutivo avalados por el Congreso Nacional, que violentan la soberanía popular, como las ZEDEs”, como se conoce a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, promocionadas por el gobierno anterior y que podrían convertirse en refugio para ex funcionarios perseguidos por la justicia.

La novel mandataria indicó, también, que debe sancionarse una Ley de Condena al Golpe de Estado “que destruyó el hilo constitucional, además de la Ley de Condena a la sentencia de la reelección que es un delito de traición a la patria, así como la Ley de Amnistía para los presos políticos”. Se refirió también a la eliminación de las leyes dirigidas a destruir la protección social y a criminalizar las protestas. En este marco, Castro indicó que este mismo año deberá realizarse la primera consulta popular sobre reformas constitucionales.

Otro tema relevante de su discurso fue la instalación de una Comisión Nacional e Internacional para el combate a la corrupción y la impunidad, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, semejante al que tuvo Guatemala en el pasado.

Una controvertida Ley de Amnistía

A pocos días del discurso inaugural, quedó claro que la presidenta deberá enfrentar enormes desafíos para poder llevar adelante estas propuestas. El Congreso aprobó rápidamente una ley de amnistía para los presos políticos, exiliados y otros perseguidos por sus actividades contra las ilegalidades de los pasados gobiernos nacionalistas. Empero, un articulado no lo suficientemente claro, podría incluir en la amnistía a quienes han cometido actos de corrupción. Por ello, desde diferentes sectores de la sociedad civil, ya se ha criticado lo que consideran un “pacto de impunidad”.

A raíz de las quejas, incluyendo las de la segunda designada presidencial Doris Gutiérrez, los defensores de la ley indicaron de inmediato que no serán incluidos los casos de corrupción u otros delitos conexos. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), será el ente encargado de evaluar los casos. Ello también derivó en quejas, pues se asigna la labor a un solo organismo, cuando en el país hay muchos sectores que han luchado en favor de los derechos humanos y no son tenidos en cuenta. 

En paralelo y para angustia de los cachurecos, -como se conoce a los nacionalistas-, especialmente de los más allegados al régimen saliente, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU, Robert Menéndez, envió recientemente una carta al secretario de Estado de su país, Antony Blinken, y a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, para que la Casa Blanca anule la visa a Juan Orlando Hernández (JOH) y lo califique como “traficante de narcóticos extranjero”. Hace pocos días, EEUU anuló la visa de JOH y el Departamento de Estado los calificó de “corrupto y narcotraficante”, en tanto la congresista Norma Torres auguraba un pronto pedido de extradición para el ex mandataro.

Estas decisiones endurecerán las acciones del entorno del ex presidente hondureño para evitar que un Congreso unido o una Corte Suprema desleal a quien hasta ahora fue su “amo y señor” ceda a eventuales presiones desde el norte y deje a JOH expuesto a la Justicia estadounidense.