El resultado (provisorios, de momento) de las recientes elecciones generales de Guatemala fue insólito si no se tratara, precisamente, de Guatemala. Este hermoso país centroamericano viene de arrastrar una crisis tras otra, y no solo económica, sino, fundamentalmente, social y política. Esto se debe, en parte, a que en los últimos tiempos todos los Gobiernos han representado, en mayor o menor medida, los intereses de una clase privilegiada de empresarios y políticos corruptos. Este sector ha arrasado con los recursos estatales y ha sometido a la población mediante la violación sistemática de sus derechos humanos y económicos.

Bloqueos y persecuciones

Durante el proceso antes de las elecciones, este sector se encargó de bloquear todas las opciones que podrían poner en riesgo el sistema de corrupción e impunidad existente en el país. El Tribunal Electoral, por ejemplo, negó la inscripción para participar en las presidenciales a candidatos críticos con el Gobierno, entre ellos a la reconocida dirigente aborigen Thelma Cabrera, del Movimiento por la Liberación de los Pueblos (MLP).

Además, las amenazas y acciones contra periodistas y dirigentes opositores no han cesado, como en el caso del periodista José Rubén Zamora, fundador del diario El Periódico, y quien fue un fuerte crítico del gobierno del presidente Alejandro Giammattei. Por medio de su periódico, el periodista dejó al descubierto importantes casos de corrupción en la política nacional, en los que aparecieron funcionarios y empresarios de muy alto nivel.

Zamora fue condenado recientemente por un tribunal a seis años de prisión “inconmutables” por lavado de dinero. Y es que la persecución por crímenes comunes a referentes como Zamora, evitando relacionarlos con temas políticos, ha sido la estrategia preferida por los círculos del poder.

Pero las cifras de la reciente elección describen nítidamente la situación del país: un elevado índice de abstención y votos nulos con dos “ganadores” que apenas juntan, entre ambos, alrededor del 30% de los votos. Insólito, pero toda una declaración política de la ciudadanía.

La ex primera dama Sandra Torres, candidata por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y quien obtuvo el 15% de los votos, y Bernardo Arévalo de León, del Movimiento Semilla, quien alcanzó el 12%, disputarán el balotaje el próximo 20 de agosto. El segundo lugar de Arévalo, ubicado muy abajo según las encuestas previas, se explica por diferentes factores que van desde la exclusión de candidaturas antisistema hasta el desencanto que generaron algunas alianzas antes de las elecciones. Como reflejo del desinterés y, sobre todo, la desconfianza en el proceso electoral, hubo un alto número de votos nulos (17,41%), cuatro veces más que en 2019, y en blanco (6,98%).

Y es que uno de los problemas de la política guatemalteca es la ausencia de partidos fuertes. El sistema político está compuesto por un puñado de pequeños grupos que se presentan bajo nuevos lemas a cada elección, lo que confunde al electorado.

La oposición proscrita

La proscripta lideresa indígena Thelma Cabrera Pérez de Sánchez, referente a escala nacional de los Comités de Desarrollo Campesino (Codeca) y de ascendencia maya mam, fue candidata presidencial en 2019 por el MLP y obtuvo un destacado cuarto lugar con un 10,3% de los votos.

Para estas elecciones, el “sistema” vislumbró en ella un riesgo inaceptable, por lo cual, con diferentes excusas, tanto ella como su candidato a la vicepresidencia, el exprocurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, fueron desautorizados como candidatos. De esa forma, el MLP, que tiene una militancia concordante con los Codeca, no pudo ni siquiera obtener un diputado ni alcanzó el 5% de los votos emitidos, lo que lo eliminaría de los registros oficiales como partido político, de acuerdo con lo que dictamina la ley electoral.

El artículo 93 de la actual Ley Electoral dice que, si un partido político no alcanza el 5% de los votos válidos emitidos en unas elecciones presidenciales o si no consigue al menos una diputación al Congreso, debe ser cancelado como tal. Por ello, tras las recientes elecciones, 12 partidos políticos estarían encaminados a su desaparición, de los cuales, 5 están representados en la actual legislatura. Los otros nacieron para las elecciones de este año, pero es evidente que su propuesta no convenció a un número suficiente de votantes.

Además del caso del MLP, el histórico Partido de Avanzada Nacional (PAN), creado en 1989 y que hizo presidente de la república al fallecido Álvaro Arzú, también desaparecerá al no haber contado con candidato a la primera magistratura ni haber obtenido un solo diputado.

Otros de los partidos que recibirán la extremaunción son el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), el Partido Popular Guatemalteco, Podemos y el Partido Humanista de Guatemala y Prosperidad Ciudadana (PC), así como otros cinco partidos políticos que fueron creados para el reciente proceso electoral: Mi Familia, Unión Republicana, Partido Republicano, Poder y el Partido de Integridad Nacional (PIN).

El analista e investigador estadounidense-guatemalteco Matthew Creelman ha descrito la situación del país en pocas palabras: “El perro mueve la cola, pero cuando las cosas están de cabeza se dice que: ‘La cola mueve al perro’. Las elecciones, en lugar de tomar el pulso de la gente, se vuelven acontecimientos que buscan convencer, comprar e incentivar voluntades”. Esto es lo que está pasando en Guatemala desde hace bastante tiempo.