El 9 de agosto, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) publicó un informe concluyente con actualizaciones sobre la emergencia climática mundial. En más de 3.500 páginas, los estudios realizados por científicos de más de 60 países son concluyentes: la humanidad ha entrado ya en una fase de irreversibilidad de los efectos del cambio climático.
El informe sobre la emergencia climática
Entre los puntos destacados por el informe, hay pruebas irrefutables de que la principal responsabilidad de esta situación recae en las emisiones antrópicas de gases de efecto invernadero. Este escenario no es ignorado por los mayores emisores históricos, como los países europeos, que adoptaron compromisos e incentivos para la recuperación económica verde a través del Green Deal europeo, Estados Unidos, tras la brecha de aislamiento bajo Trump, y China, que incluyó el daño ambiental como indicador de riesgo para las inversiones y garantizó la neutralidad de las emisiones hasta 2060.
Sin embargo, hay un país que va en contra de la tendencia mundial: el Brasil de Jair Bolsonaro. Desde que asumió la presidencia en enero de 2019, Bolsonaro ha adoptado varias políticas que han llevado a Brasil, de actor central en el régimen internacional de cambio climático a paria. Bolsonaro ha dado marcha atrás en su promesa de campaña de extinguir el Ministerio de Medio Ambiente, pero no sin antes despojar al organismo de varias competencias y nombrar a Ricardo Salles al frente de la cartera. A modo de ejemplo, para Salles la atención a la pandemia fue una oportunidad para «pasar la pelota» y asegurar la relajación de las políticas medioambientales.
Otro ministro, el canciller Ernesto Araújo, criticó abiertamente el Acuerdo de París, ha afirmado que las políticas climáticas son un dogma marxista, un ejemplo del discurso negacionista y anticientífico propagado por la base de apoyo bolsonarista. La sustitución de ambos por compañeros con discursos más moderados no ha sido suficiente para revertir la imagen negativa que recae sobre Brasil.
En el centro el Amazonas
En el centro de las críticas está el Amazonas. Mediante el proceso biológico de la fotosíntesis, las zonas forestales funcionan como mecanismos centrales de absorción de carbono. Por lo tanto, la deforestación y los incendios provocan emisiones directas, a través de los gases liberados por la quema, pero también indirectas, debido al desequilibrio en el régimen de lluvias y los índices de humedad. Con menos árboles, hay una reducción territorial de los vectores que absorberían el carbono y limitarían los gases de efecto invernadero.
En 2019, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe) dio a conocer datos que apuntaban a un aumento del 88% de la deforestación ilegal en la zona forestal respecto a 2018. La reacción de Bolsonaro fue cuestionar la veracidad de los datos y exonerar al entonces director del órgano, Ricardo Galvão. La medida vino acompañada de recortes presupuestarios, vaciando instituciones centrales para el seguimiento y la aplicación de políticas públicas en la región, como el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y la Fundación Nacional del Indio (Funai).
El desmantelamiento no ha pasado desapercibido: los países europeos han interrumpido la financiación del Fondo de la Amazonia. El asunto se ha convertido en un obstáculo para la aprobación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, y varias empresas han anunciado la interrupción de la importación de productos originarios de Brasil.
Las políticas de Jair Bolsonaro
Bajo presión, Jair Bolsonaro adoptó la estrategia de cobrar a los países desarrollados el apoyo financiero para garantizar la preservación del medio ambiente en el país. La petición se hizo pública durante la Cumbre de Líderes convocada por Biden en abril de 2021.
En el corazón de este argumento hay dos narrativas principales que son de particular interés para la base de apoyo del presidente. La primera es que la preocupación ambiental de otros países en realidad esconde el proteccionismo contra los productos agrícolas brasileños competitivos. El segundo es una distorsión del principio histórico de «responsabilidades comunes pero diferenciadas», según el cual los países desarrollados deben asumir los costes de las políticas medioambientales, dando a los países en desarrollo más margen para impulsar su propio crecimiento.
Ninguna de las narrativas se sostiene ante el «estado del arte»: para pedir ayuda, Brasil debería al menos hacer sus deberes. En este sentido, la postura de Bolsonaro en la Cumbre conmocionó a dirigentes y expertos por dos razones principales: en primer lugar, la preservación del medio ambiente está protegida y garantizada no sólo por los acuerdos internacionales de los que Brasil es parte, sino también por la Constitución Federal. En la práctica, Bolsonaro pidió dinero para algo que es una obligación legal y para lo que ya debería haber una previsión presupuestaria a corto, medio y largo plazo.
En segundo lugar, la insólita petición vino acompañada de medidas que van en contra: el cuestionable compromiso de acabar con la deforestación ilegal para 2030 sin ninguna presentación de los mecanismos para obtener tal objetivo, y la revisión de los datos de referencia de la Contribución Nacionalmente Determinada de Brasil antes del Acuerdo de París, una medida que, de hecho, aumentó el objetivo de volumen de emisiones del país.
En 2021, nuevos datos del Inpe complejizan el escenario. Un estudio realizado por la investigadora Luciana Gatti señala que la degradación de las políticas medioambientales en Brasil ha provocado que la Amazonia emita más carbono del que absorbe. Según la investigación, la zona que requiere más atención es el llamado «Arco de la Deforestación», cercano a la frontera agrícola.
Esta información nos ayuda a entender por qué los escenarios del informe del IPCC recientemente publicado son especialmente alarmantes para la región. Se esperan efectos como el retraso de los ciclos de lluvia, la sequía, la desertificación y el compromiso de los cultivos agrícolas. Las proyecciones alertan de que la temperatura media en la Amazonia aumentará 2º C, por encima del 1,5º que el Acuerdo de París establece como objetivo máximo deseable. Con ello, la tendencia es que al menos 150 días al año haya temperaturas superiores a 35º C en la región, lo que contribuye a aumentar la velocidad de propagación de los incendios forestales.
El vacío dejado por el Gobierno Federal ha intentado ser ocupado por otros actores. Uno es la iniciativa Gobernadores por el Clima, que cuenta con la adhesión de 25 estados brasileños. A través de compromisos para implementar políticas y buscar la neutralidad del carbono, los gobernantes están articulando contactos directos con líderes extranjeros, además de preparar delegaciones propias e independientes para participar en la COP 26, en Glasgow.
El sector privado también se ha posicionado, colocando las políticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en el centro de las estrategias corporativas, orientando el mercado por la adhesión a mecanismos de neutralidad de carbono y la comercialización de bonos verdes. Las grandes empresas del país también se han manifestado contra la política medioambiental del gobierno que provoca pérdidas económicas debido a los boicots y restricciones de otros países a los productos brasileños.
En dos años de gobierno, el verde de la naturaleza no ha sensibilizado al gobierno. Tal vez lo haga el verde del dinero.
Foto de Amazônia Real
Autor
Coordinadora adjunta del Observatorio Político Sudamericano (OPSA). Miembro del Centro Brasil no Clima (CBC). Doctora en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Rio de Janreiro (IESP/UERJ)
