A pocos meses de las elecciones que definirán quién estará al frente del Poder Ejecutivo Federal a partir de 2023, el actual mandatario y candidato a la reelección, Jair Bolsonaro, volvió a criticar el 18 de julio el sistema electoral brasileño en una reunión convocada por él con la presencia de decenas de embajadores. El tema de la reunión eran las urnas electrónicas, pero se convirtió en un encuentro para cuestionar los resultados de las urnas en las últimas elecciones y un ataque a la independencia de los otros poderes del Estado a través de críticas dirigidas contra la Justicia Electoral y el Supremo Tribunal Federal (STF).
Un mes y medio antes, el 31 de mayo, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Edson Fachin, ya se había reunido con representantes de embajadas y jefes de misiones diplomáticas para presentar el funcionamiento de las elecciones en Brasil y reforzar el papel de la Justicia Electoral para garantizar la transparencia y la seguridad de los resultados de las urnas. En la ocasión, Fachin incluso invitó a la comunidad internacional a mantenerse «alerta contra las acusaciones frívolas» y a evitar contaminarse con el «virus de la desinformación sobre el sistema electoral brasileño». Una clara referencia a las actitudes del presidente Bolsonaro y su base electoral más radical. Quedó claro, por tanto, que la actitud del jefe del Ejecutivo al convocar la reunión con los embajadores fue «responder» al presidente del TSE y descalificar sus afirmaciones.
El TSE, a través de la Secretaría de Comunicación y Multimedia del tribunal electoral, rebatió las críticas y acusaciones hechas por Bolsonaro. El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, en sus discursos y publicaciones en las redes sociales defendió «que la seguridad de las urnas electrónicas y la fluidez del proceso electoral ya no pueden ponerse en duda» y que cualquier cuestionamiento en sentido contrario es «malo para Brasil en todos los aspectos». Otros candidatos presidenciales y líderes políticos también adoptaron esta postura.
No es la primera vez que el jefe del Ejecutivo federal arremete contra las instituciones democráticas del país. Desde que asumió la Presidencia, Bolsonaro ha desplegado la idea, rápidamente apropiada por sus votantes más fieles, de que hubo fraude en el resultado de las elecciones presidenciales de 2018, impidiendo su triunfo ya en la primera vuelta de estas, y que las urnas electrónicas no son fiables.
En otras situaciones, los jefes de la legislatura federal (Senado y Cámara de Diputados), junto con el STF, han intentado apaciguar la situación, pero todos los intentos han sido en vano. Los constantes ataques a los ministros de la Corte Suprema y al sistema electoral hicieron imposible un diálogo institucional más fructífero. En agosto de 2021, en otro de estos episodios, concretamente a los jueces Roberto Barroso y Alexandre de Moraes, y de denuncias sin pruebas de fraudes electorales, el presidente del STF, Luiz Fux, llegó a cancelar una reunión a la que asistían los jefes de los tres poderes del Estado.
Todo parecía ir en otra dirección después de que Bolsonaro sufriera una importante derrota en el Legislativo contra la propuesta de enmienda constitucional que pretendía instituir el voto impreso. 218 diputados votaron en contra de la propuesta, 229 votaron a favor del cambio defendido por el presidente, y hubo una abstención. Al tratarse de un intento de reforma constitucional se necesitaba que al menos 308 diputados votaran a favor de la propuesta para que siguiera adelante en el Congreso. La legitimidad del resultado no fue suficiente para evitar que el tema volviera a ser una prioridad para el presidente.
¿Por qué Bolsonaro cuestiona el sistema electoral por el cual fue elegido?
Se trata de la adopción de una clara estrategia de desinformación, es decir, que busca confundir al votante y provocar inestabilidad en el juego político. Volver a este tema, en este momento, muestra una gran preocupación con una posible derrota en las elecciones de este año. Desde que su principal rival político, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva recuperó la elegibilidad y se presentó como precandidato a la Presidencia, Bolsonaro no ha conseguido volver a ser el candidato preferido de los votantes brasileños.
Al observar el crecimiento y la consolidación de Lula como favorito en las encuestas, incluso en bastiones que votaron abrumadoramente por Bolsonaro en 2018, como el caso de los estados de Minas Gerais y São Paulo, el Gobierno se ha movilizado para aprobar un conjunto de medidas económicas para intentar revertir tal situación.
El principal ejemplo fue el apoyo parlamentario obtenido para aprobar en dos rondas la enmienda constitucional conocida como «kamikaze», que aprueba un estado de emergencia en el país para abrir una laguna en la legislación electoral que autoriza al presidente a conceder beneficios sociales en año de elecciones (como el aumento de Auxílio Brasil para las familias de bajos ingresos y la creación de ayudas para los camioneros, entre otros). La aplicación de las prestaciones comenzó el 9 de agosto y finalizará en diciembre de 2022.
Desde que se aprobó la medida, nuevos sondeos han apuntado a una mejora en la valoración del Gobierno, fundamentalmente en las capas sociales más vulnerables. Pero ninguna encuesta ha mostrado hasta ahora una mejora suficiente de las intenciones de voto a Bolsonaro como para cambiar el actual escenario electoral y reducir el alto rechazo a su candidatura.
¿Qué impacto tendrán los ataques en el proceso electoral de este año?
El 16 de agosto comienza oficialmente la campaña electoral, momento en el que la propaganda electoral estará liberada. A partir del 23 de agosto, la campaña también ocupará las radios y la televisión. Difícilmente los ataques al sistema electoral dejarán de formar parte de la agenda de campaña de los candidatos bolsonaristas. Por el contrario, mantener los ataques a las urnas electrónicas y reforzar la idea de que existe un grupo de trabajo para «sacar» al actual presidente del poder (y que esto ocurrirá a través de un fraude electoral) es parte de las estrategias de una candidatura de extrema derecha que anhela repetir la campaña de 2018, marcada por la desinformación.
A lo largo de su mandato, Bolsonaro no se ha alejado de aquella retórica y ahora, y en esta próxima campaña, mantendrá su estrategia, que seguirá causando daños a la democracia. Si hasta ahora todas las respuestas institucionales no han sido capaces de frenar los ataques a las instituciones brasileñas, esperemos que los votantes lo hagan en las urnas electrónicas este año, las mismas urnas que, desde 1996, han garantizado a Bolsonaro sucesivas victorias parlamentarias y la victoria presidencial de 2018.
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Autor
Cientista política. Profesora de la Univ. Federal de Alagoas - UFAL (Brasil) e investigadora del Centro de Estudios Legislativos (CEL) de la Univ. Federal de Minas Gerais (UFMG). Doctora en C. Política por la UFMG. Especializada en estudios legislativos y políticas públicas.