La expansión del crimen organizado en América Latina ya no solo amenaza la seguridad, sino que erosiona silenciosamente las instituciones y pone en jaque la democracia en toda la región.
Nombrar al crimen organizado como terrorismo no solo endurece las penas: redefine la amenaza, reconfigura las respuestas del Estado y tensiona la soberanía en América Latina.
El tráfico de fauna se ha consolidado como una red del crimen organizado transnacional que explota vacíos legales, exigiendo cooperación y protección más allá de las fronteras.
La expansión de redes criminales transnacionales revela fallas estructurales del Estado y la consolidación de una gobernanza ilícita que desafía la seguridad regional.
Ecuador ha dejado de ser un actor marginal para integrarse de lleno, y tardíamente, a las dinámicas del crimen organizado transnacional, en un contexto de profundas debilidades estatales.
La violencia que siguió a los hechos recientes en Jalisco no habla solo de una organización criminal, sino de la capacidad —y los límites— del Estado para administrar los vacíos de poder.
