El lawfare, más allá de las dificultades para confirmarlo, existe y no es patrimonio de ninguna ideología. Sin embargo, en la actualidad su utilización unidireccional lo pone en entredicho respecto a su real naturaleza.
La instrumentalización política del poder judicial ha sido una práctica recurrente de todos los gobiernos en Bolivia. El país ha quedado atrapado en un círculo vicioso y actualmente, con el gobierno de Arce, muchos desconfían de la promesa de “un nuevo tiempo”. Tras cuatro meses en el poder sus acciones contradicen el discurso.
El “lawfare”, como se conoce a la utilización de instrumentos jurídicos para articular una persecución política, se extiende por América Latina. En el último lustro la “guerra jurídica” se ha intensificado convirtiéndose en una estrategia regional coordinada que utiliza la legitimidad del aparato jurídico del Estado para manipular los procesos democráticos.
