La observación electoral es clave para legitimar elecciones. Por ello, los países que regulan la observación acreditan a organizaciones nacionales e internacionales que analizan e informan de manera imparcial la calidad e integridad de las elecciones. Para esto, se obtienen insumos de la sociedad civil y de los partidos políticos, además de los entes electorales, para evaluar las condiciones, organización y normativa de los comicios. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando las elecciones no son libres y transparentes o, peor aún, cuando se celebran en contextos no democráticos? ¿Qué lugar tiene la observación electoral? Ninguna.

Durante los comicios generales nicaragüenses de noviembre de 2021 se encarceló a miembros de la oposición, incluyendo a los aspirantes a la Presidencia y a académicos como José Antonio Peraza, miembro del Consejo de Expertos de Transparencia Electoral y coautor del libro El régimen de Ortega. ¿Una nueva dictadura familiar en el continente? y de una célebre investigación que confirmó el fraude en elecciones municipales anteriores. Además, se silenció a los medios de comunicación independientes, se atacó a sectores de la sociedad civil, y se negó la observación electoral internacional que recomendó la Organización de Estados Americanos (OEA).

Hoy, la integridad electoral en Nicaragua es cosa del pasado. En el año 2011, el Consejo Supremo Electoral (CSE), de composición partidaria, excluyó a los miembros de partidos de la oposición y se negó a acreditar a sus fiscales o permitirles seguir el escrutinio. El año pasado, redujo el tiempo permitido para hacer campaña y para marcar la boleta. El CSE debilitó la autonomía de los partidos y sumó discrecionalidades acerca de las sumatorias (conteo), la publicación de resultados, las quejas, las impugnaciones y los recursos. Fundamentalmente, el CSE tampoco aclaró los criterios para delimitar las circunscripciones, limitó el principio de igualdad del voto y sometió el diseño de distritos electorales a criterios políticos, y no técnicos.

La ausencia de las misiones de observación electoral en Nicaragua en 2021 es una de las variables que explica la ubicación del país en los últimos lugares del Índice de Observación Electoral de América Latina que fue elaborado por Transparencia Electoral. Los comicios de noviembre pasado no contaron con ninguna misión de observación calificada, como las de la OEA, la Unión Europea (UE) o el Centro Carter. Las últimas misiones de observación de la OEA y la UE se dieron en 2011.

En 2021 no hubo misiones de observación de carácter técnico, nacionales o internacionales, dado que la única figura contemplada es la del acompañamiento electoral, que llevan a cabo miembros del partido oficialista, el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Diferenciar la observación electoral del acompañamiento es muy importante actualmente, dada la proliferación de organizaciones que hacen observación electoral falsa y pretenden validar procesos electorales que carecen absolutamente de integridad.

El acompañamiento electoral se diferencia de la observación porque limita la libertad de expresión y la movilidad de los miembros de la misión, exige que el informe no sea publicado en algunos casos y habilita al país anfitrión a controlar las actividades de los acompañantes. Según el Centro Carter (2012), el objetivo del acompañamiento es invitar a extranjeros a observar solo la jornada electoral, y su presencia es más que nada simbólica. Por otro lado, la observación electoral se trata de invitar a organizaciones internacionales a evaluar de forma sistemática e imparcial un proceso comicial, y posteriormente se formulan aportes para mejorar la integridad de los procesos, fortalecer la confianza de los electores en las instituciones e informar a la sociedad y a la comunidad internacional de lo acontecido.

Hay otros términos afines al de observación, como el de veeduría, que implica una libertad y funciones más acotadas que las de observación. La veeduría es un mecanismo de observación mayormente nacional, en la que los ciudadanos fiscalizan distintas etapas del proceso electoral. En Nicaragua, la incorporación de la figura de acompañamiento electoral en la legislación se dio en mayo de 2021, cuando la Asamblea Nacional controlada por el FSLN aprobó la Ley de Reforma y Adición a la Ley Electoral.

Según el observatorio Urnas Abiertas, el cambio de término aprovecha el desconocimiento sobre estas diferencias para explotar ambigüedades y cerrar las puertas a organizaciones calificadas para desempeñar la observación electoral. La ley no especifica la duración del acompañamiento, las fases en las que participa o su vinculación con actores de la sociedad civil; pero la diferencia fundamental del acompañamiento electoral de Ortega y las misiones de observación electoral radica en su imparcialidad, exactitud, independencia y metodología.

Prohibir la observación electoral en favor del acompañamiento genera certeza en solo un aspecto: el régimen se preocupa por mantener las apariencias, el mismo motivo por el cual el 6 de noviembre de este año, Nicaragua celebrará elecciones municipales (aunque todavía no se han convocado oficialmente). Si el proceso electoral presidencial de 2021 es alguna referencia, lo que pasará en noviembre no deberá sorprender a nadie, ya que el objetivo del partido oficial es captar las 153 alcaldías del país sin competencia alguna.

De acuerdo con una medición independiente de la organización Urnas Abiertas, la abstención en esas elecciones alcanzó el 81,5%, aunque la versión oficial del CSE la ubicó en 34,7%. Después de encarcelar a nada más y nada menos que a siete rivales y exiliar a otros dos, Ortega aseguró en esas elecciones su cuarto mandato consecutivo (quinto en total).

De manera que el país se dirige a estos comicios con nulas garantías, sobre todo después de que el 4 de julio, el régimen de Ortega reemplazara a los titulares de cinco alcaldías que se encontraban en manos del partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL). La medida hace recordar al año 2014, cuando en la Venezuela de Nicolás Maduro se destituyó y encarceló ―en un inédito caso de intervención por parte del Poder Judicial politizado― a los alcaldes opositores de los municipios de San Diego y San Cristóbal, en los estados Carabobo y Táchira, respectivamente. Es decir, las elecciones municipales de noviembre van a darse en un contexto en el que se desconoce si las autoridades electas, de pertenecer a un partido de la oposición, podrán asumir y ejercer sus funciones o si podrán terminar su mandato.

En cualquier caso, la supresión de la observación electoral calificada es una consecuencia del declive democrático de Nicaragua. Y es que las misiones de observación estaban entre los actores que alertaron sobre la progresiva (aunque más violenta al compararla con otros casos similares) evolución de la ofensiva de Ortega contra la administración electoral y la institucionalidad democrática, cuya independencia e integridad se ha perdido por completo.

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