El conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche se ha convertido en una problemática irresoluble para todos los Gobiernos que desde 1990 han intentado recetas similares con resultados fallidos. Grandilocuentes planes de intervención, represión o fútiles mesas de diálogo son algunas de las políticas que se han empleado. ¿El resultado? Un abyecto saldo de muertes, violaciones de los derechos humanos, presos, atentados incendiarios y la militarización de las comunidades.

Las primeras semanas del gobierno de Gabriel Boric fueron difíciles. A la visita de la ministra del Interior, Izkia Siches, a la comunidad de Temucuicui, de la cual debió salir apresuradamente ante disparos efectuados en la cercanía, le siguió la renuncia de un asesor mapuche del Gobierno y la posterior implementación del estado de excepción.

Pese a ello, el gobierno creó el Plan Buen Vivir para establecer una relación distinta con los pueblos originarios, incentivando la restitución de tierras o la reactivación del proyecto del Ministerio de Asuntos Indígenas y las inversiones, además de planes de seguridad para enfrentar la violencia, entre otras medidas. Además, el Gobierno ha mantenido su disposición a establecer un diálogo transversal para la solución de un conflicto al que califica de político y que, por tanto, requiere una solución política.

Gran parte de lo anterior no se diferencia en demasía de lo ya implementado por otros Gobiernos. Ya sea por el contexto político o por la presión desde la derecha, el camino político prometido desde la campaña continúa siendo una deuda y en estos días se volverá a discutir otra prórroga del estado de excepción.

Un conflicto que ha marcado a todos los Gobiernos desde el regreso a la democracia

Se sabía que este sería un tema complejo de enfrentar durante el mandato del presidente Gabriel Boric. Existía una miríada de problemas que heredaba del gobierno de Sebastián Piñera: las violaciones de los derechos humanos y los abusos cometidos desde la revuelta de octubre de 2019; los efectos de la pandemia de la COVID-19 en la economía o dirigir al país en el contexto de la redacción de una nueva Constitución, de por sí controversial. A esto se sumaba el conflicto chileno-mapuche.  

Todos los Gobiernos posdictatoriales han experimentado dicha confrontación y ninguno ha logrado avances significativos. Sin ir muy lejos, el gobierno de Boric, al igual que su predecesor, ha mantenido el estado de excepción en el sur del país, en el epicentro del conflicto, un conflicto que hunde sus vergonzantes raíces en la historia de Chile desde la invasión militar de los territorios mapuches a finales del siglo XIX, que eufemísticamente es conocida como la “pacificación de la Araucanía”. A esto siguió el posterior proceso de radicación y reducción de las comunidades y la colonización incentivada desde el Estado para los territorios ocupados.

Los mapuches fueron sometidos de forma vehemente e integrados por la fuerza al nuevo Estado-nación chileno. Su cultura, lengua, cosmovisión e historia carecían de valor, siendo expresión tangible de una supuesta barbarie, la cual, por cierto, se contraponía a la civilización ilustrada, agenciada por el liberalismo decimonónico que la elite chilena imponía en el país.

Sobre estos cimientos se ha construido una relación de dominación con el pueblo mapuche que en los noventa vio el surgimiento de un movimiento que se fue convirtiendo en un actor político constante, presente. Durante la transición a la democracia y con la resistencia ante la conmemoración del V centenario de la conquista hispana de fondo, este movimiento emergió como un actor con incidencia y de confrontación con el Estado y las empresas forestales a partir de 1997 tras la quema de tres camiones forestales en las comunidades de Pichiloncoyan y Pililmico, del sector de Lumaco, en la región de la Araucanía, en el sur de Chile.

Este fue un punto de inflexión para el movimiento y su relación con el Estado, pero también en términos de posicionamiento de sus demandas en la agenda, pasando de la demanda por la tierra de la década de los setenta a la reivindicación de sus derechos colectivos sobre el territorio y la autonomía como expresión del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Este tránsito se desarrolló, además, de forma autónoma, desvinculado de la influencia de los partidos políticos chilenos.

El comienzo del siglo XX ha sido testigo de un movimiento heterogéneo con manifestaciones y repertorios de acción colectiva de todo tipo, que van desde la violencia y el sabotaje hasta la participación en elecciones. Esta multiplicidad de organizaciones comparten como objetivo la lucha por el territorio y la autonomía para el pueblo mapuche, además de la convicción del derrotero propio, desvinculado del paternalismo de los partidos políticos.

Según el historiador mapuche Fernando Pairican, existirían dos vertientes o almas. Por un lado, estarían las organizaciones gradualistas, entre las que menciona Ad Mapu, la Identidad Territorial Lafkenche, la derechista Enama, a lo cual se suma la participación en la Convención Constitucional. Y, por otro lado, aquellas que tilda de rupturistas como la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco (CAM), nacida a fines de los noventa, Weichan Auka Mapu y Resistencia Lafkenche, entre otras.

Estas últimas han implementado desde 2021 algunos procesos de recuperación territorial, sabotaje a maquinarias y camiones forestales, así como también ataques a particulares, por lo que han iniciado un aumento de la violencia que no se ha detenido durante el gobierno de Boric. Por el contrario, pese a los llamados al diálogo transversal y sustantivo del nuevo gobierno, las acciones y la violencia han seguido.

Es más, ante el triunfo de Gabriel Boric, la CAM emitió un comunicado en el que tildaba al Gobierno de “nueva izquierda hippie, progre y buena onda” y manifestaba su derecho a lo siguiente: “Seguir resistiendo y reivindicar la violencia política como un instrumento legítimo de nuestra lucha, sea quien sea que esté gobernando y que mantenga el patrón de acumulación capitalista y su andamiaje colonial”.

Se calcula de forma no oficial que durante 2022 ha habido poco más de 150 acciones violentas en lo que se conoce como la macrozona sur. Esto ha llevado al Gobierno a insistir en la renovación sistemática del estado de emergencia, contradiciendo, así, la desmilitarización de las comunidades que habían planteado durante la campaña.

En este contexto resulta complejo juzgar al nuevo Gobierno de forma taxativa luego de solo tres meses y, de hecho, puede ser que el proceso constituyente no sea el más apropiado para reformas que el Gobierno impulse de este tipo.

Actualmente, se están disputando transformaciones sustantivas y a largo plazo, como señala el apartado primero del artículo 1 de la propuesta de nueva Constitución: “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico”. Pero más allá de los resultados que finalmente se alcancen, parte importante de este logro es debido al trabajo de los representantes mapuches en la Convención, muchos de los cuales provienen de lo que se ha considerado como la vertiente gradualista del movimiento autonomista mapuche.

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