La 30.ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima (COP30), celebrada en la ciudad de Belém, en plena selva amazónica, podría pasar a la historia por algo que va mucho más allá de las negociaciones técnicas sobre emisiones y objetivos internacionales. La conferencia finalmente puso sobre la mesa el debate sobre el acceso a la información, la alfabetización digital y los derechos informativos de las comunidades marginadas.
Esto no es poca cosa. Durante décadas, las conferencias sobre el clima han abordado la ciencia, la economía, la geopolítica y las transiciones energéticas, pero rara vez han abordado la pregunta que define la vida de millones de personas: ¿quién tiene realmente acceso a la información necesaria para afrontar la crisis climática?
En los documentos aprobados, especialmente la Declaración sobre la Integridad de la Información sobre el Cambio Climático y el texto final, conocido como el Grupo de Trabajo Mundial, la ONU reconoce que la desinformación, el negacionismo, los ataques a la ciencia y la desigualdad en el acceso a la información son temas centrales de la agenda climática contemporánea.
Este movimiento es importante porque legitima, a escala internacional, algo que investigadores y comunicadores comunitarios saben desde hace mucho tiempo: el cambio climático tiene mayor impacto donde la información llega menos. Al admitir esto, la COP30 da un paso simbólico importante, reconociendo que la información también es una herramienta para la supervivencia.
La solución queda en manos del voluntarismo de los gobiernos
Pero el entusiasmo inicial pronto choca con la dura realidad política: a pesar de citar temas cruciales, la COP30 lo hace mediante verbos tímidos sin fuerza normativa, como: alentar, apoyar, invitar y promover. No hay obligaciones, plazos, monitoreo, financiación ni objetivos vinculantes. La ONU describe el problema con precisión, pero deja la solución en manos del voluntarismo de los gobiernos.
Esta brecha no es un detalle; produce consecuencias concretas y profundamente desiguales. Cuando un documento global no determina acciones prácticas, el impacto de esta ausencia no se distribuye equitativamente. Al contrario, la carga recae precisamente sobre quienes ya viven en primera línea de la crisis climática.
La Conferencia sobre el Clima menciona a los pueblos indígenas, las poblaciones negras, las mujeres, la infancia, los migrantes y las comunidades locales. Pero nombrar no es lo mismo que priorizar, y mucho menos garantizar la acción. Al no transformar este reconocimiento en políticas operativas, estas poblaciones siguen estando subrepresentadas, ya no por omisión total, sino por una inclusión superficial. La ONU habla de ellas, pero no desde su perspectiva.
Las favelas latinoamericanas, especialmente las brasileñas, son un crudo retrato de esta brecha entre el discurso y la realidad. Estos territorios, marcados por la ausencia del Estado y las persistentes desigualdades, concentran a algunos de los grupos más afectados por la crisis climática: mujeres, niños, población negra, migrantes y personas mayores. Es en estos espacios donde la desigualdad de la información se hace aún más evidente.
Hablar de «acceso a la información» en regiones que coexisten con internet inestable, teléfonos celulares limitados, falta de computadoras y plataformas públicas inaccesibles no es solo un desafío técnico, sino un desafío político.
Estos son los que identifico como desiertos de información: lugares donde los flujos de información son escasos, interrumpidos o distorsionados; territorios donde el conocimiento científico sobre el clima llega demasiado tarde o simplemente no llega. Donde la alerta de lluvia intensa se pierde entre una señal débil, una aplicación que no se abre y datos meteorológicos escritos en un lenguaje que no se adapta a la vida cotidiana.
Manteniendo los privilegios
La ausencia de medidas prácticas expone la lógica que Bruno Latour (2020) ya había identificado: la desinformación y la falta de políticas públicas no son accidentales; funcionan para mantener los privilegios. Cuando la ONU evita comprometerse con mecanismos vinculantes, refuerza la perversa simetría de la crisis climática, en la que quienes menos contaminan siguen siendo los más afectados, y quienes más contaminan siguen decidiendo el ritmo de las respuestas globales.
En definitiva, la COP30 repite un patrón clásico de las negociaciones multilaterales: avanza en el discurso, pero deja la práctica para después. Un «después» que nunca llega para quienes viven al borde de la supervivencia.
Esta distancia entre lo declarado y lo hecho mantiene una brecha entre los principales negociadores internacionales y las poblaciones de los territorios. La norma avanza, el lenguaje se sofistica, los documentos se multiplican, pero la vida en las comunidades periféricas sigue marcada por la falta de infraestructura, una red eléctrica estable, saneamiento, conectividad y políticas territoriales sólidas. Se habla mucho de resiliencia, pero poco de las condiciones materiales e informativas que la hacen posible.
La COP30 abrió un debate importante y necesario: reconoció que la información es un instrumento para la justicia social y climática. Sin embargo, aún vivimos en un mundo donde la velocidad del discurso internacional es infinitamente mayor que la de las políticas públicas. El riesgo es que la COP30 pase a la historia como una reunión importante más que habló de inclusión, pero que no incluyó en la práctica a quienes más sufren la crisis climática. Y sin acción inclusiva, no hay justicia climática posible.
Autor
Doctor en Comunicación por la Universidad Federal Fluminense (UFF) y máster en Economía Creativa, Estrategia e Innovación por la Escuela Superior de Publicidad y Marketing (ESPM). Es investigador y consultor en Comunicación Comunitaria en Favelas.
