Un clima de imprevisibilidad inusual rodea el proceso electoral costarricense, desafiando la arraigada estabilidad que por décadas caracterizó su vida política. La repetición de resultados sorpresivos en las últimas tres contiendas presidenciales ha transformado el análisis político en un ejercicio de humildad, donde las encuestas han perdido su papel oracular y cualquier pronóstico debe matizarse con escepticismo.
Este escenario volátil contrasta profundamente con el extraordinario legado institucional del país. Poseedora de una de las democracias más longevas y estables de América Latina, Costa Rica construyó su identidad sobre pilares irrenunciables: la celebración ininterrumpida de elecciones, la alternancia en el poder mediante reglas claras y la histórica decisión de 1948 de abolir el ejército, optando por la supremacía del derecho y la vía civil para resolver conflictos.
En este marco, el actual momento de turbulencia no es un fenómeno aislado, sino que se inserta en una corriente regional. Al igual que en otras naciones latinoamericanas, el populismo ha encontrado terreno fértil en Costa Rica. Los partidos políticos tradicionales, otrora canales esenciales de representación e ideología, han visto su influencia mermada frente al ascenso de figuras personalistas que construyen su poder apelando directamente a las emociones del electorado, a menudo dejando en segundo plano los programas de gobierno estructurados.
La próxima contienda a celebrarse el 1 de febrero, ejemplifica esta nueva complejidad. Un panorama abarrotado de veinte aspirantes presidenciales no se traduce en una competencia reñida. Las mediciones otorgan una amplia ventaja a la candidata del oficialismo, Laura Fernández del Partido Pueblo Soberano, quien encabeza las intenciones de voto. Muy por detrás aparecen Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, Ariel Robles, del Frente Amplio, Claudia Dobles, de la Coalición Alianza Ciudadana, y Fabricio Alvarado, de Nueva República, mientras otras candidaturas languidecen con apoyos estadísticamente irrelevantes.
La explicación de esta hegemonía en las preferencias es multifacética. Responde a una estrategia de comunicación gubernamental permanente y sofisticada, ejecutada con intensidad en redes sociales, que ha logrado transferir una popularidad presidencial inusitada a la candidata oficial. Este impulso se ve potenciado por una ventaja material decisiva: el acceso a recursos que permiten una campaña omnipresente, frente a una oposición mayoritariamente debilitada por una severa escasez de financiamiento.
Dicha oposición, además, adolece de una fragmentación paralizante. La proliferación de veinte candidaturas no es sinónimo de riqueza democrática, sino la evidencia de una dispersión profunda que atomiza el discurso, desorienta a la ciudadanía y, paradójicamente, simplifica la contienda al concentrar la atención real en muy pocos actores. La incapacidad crónica para tender puentes y construir alianzas programáticas consolida este panorama, operando como un factor objetivo que favorece al candidato que llega con el respaldo unificado de la maquinaria estatal.
Lo que se juega en estas elecciones trasciende con creces la mera designación de personas para cargos públicos. El desenlace podría reconfigurar el paisaje político e institucional del país para las próximas décadas, abriendo la puerta a reformas sustanciales del Estado, modificaciones al sistema político e, incluso, la posibilidad de un proceso constituyente, todo ello determinado por la correlación de fuerzas que emerja de las urnas.
En este marco, la batalla por la Asamblea Legislativa adquiere una importancia crítica. Aunque tradicionalmente difícil de pronosticar, todo apunta a una redistribución significativa de escaños: el oficialismo emerge con posibilidades concretas de ampliar su bancada de manera sustantiva, y la izquierda muestra signos de crecimiento, mientras el centro y la derecha tradicionales enfrentan un panorama contractivo. La conquista de una mayoría legislativa, ya sea en solitario o mediante coaliciones, dotaría al próximo gobierno de un poder transformador capaz de alterar el equilibrio institucional vigente.
Estas dinámicas han llevado a analistas a establecer comparaciones prudentes, nunca equivalentes, con coyunturas previas en países como Venezuela, Nicaragua o El Salvador. La atención se centra en patrones comunes: legitimidad de origen popular mayoritario, erosión de los partidos establecidos, oposición desarticulada y una potencial concentración progresiva del poder en el ejecutivo, procesos que en otros contextos también comenzaron con amplios mandatos electorales y dentro de la formalidad jurídica.
Sin embargo, atribuir un resultado definitivo a estas tendencias sería prematuro. La reciente historia electoral costarricense es un recordatorio constante de los límites de la predicción. Las encuestas y lecturas en redes sociales, delínean contornos, no destinos, y un segmento considerable del electorado reserva su decisión para el mismo día de la votación, preservando así un margen esencial de sorpresa.
Costa Rica se aproxima a un momento definitorio donde la solidez de su tradición democrática será puesta a prueba por las fuerzas de la fragmentación y la incertidumbre. El proceso electoral no solo decidirá quién ocupará los cargos de poder, sino que calibrará la salud misma de su sistema político.
El verdadero triunfo, en este contexto, no será solo para el candidato que alcance la mayoría, sino para la capacidad colectiva de la nación de navegar este período de transición preservando los pilares de equilibrio institucional, diálogo civil y respeto a las normas que por más de setenta años han garantizado su estabilidad y paz social. El desafío consiste, en última instancia, en renovar el contrato democrático sin fracturar sus cimientos.
Autor
Politólogo, ex Asesor de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, ex funcionario del PNUD, académico e investigador en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Director del medio de opinión La Revista CR.
