Hace un año (marzo de 2024) en Latinoamérica 21 nos preguntábamos si la miopía del Gobierno Abierto en México sería curable. A un año de distancia y varias reformas políticas de por medio, hoy tenemos el desenlace de la intervención quirúrgica realizada por el denominado “Segundo piso de la Cuarta Transformación”. En términos de nuestra metáfora: la extirpación de un quiste y el implante de un nuevo órgano. Es decir, la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la creación de Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. La nueva pregunta es: ¿la ciudadanía ganará visión?
Diagnóstico de la miopía
El Gobierno Abierto consiste en gobernar bajo tres principios: la rendición de cuentas, la transparencia y la incorporación efectiva de la participación ciudadana. El propósito del Gobierno Abierto es lograr un gobierno que involucre el máximo posible de actores sociales en el diseño, ejecución y vigilancia de las políticas públicas. Para ello, de manera inicial se requiere de los Datos Abiertos, es decir, el cúmulo de información que el gobierno posee (cuenta pública, gestión, registros, etc.) para ser reutilizados en nuevas políticas públicas y la asignación de compromisos e instancias ante las cuales rendir cuentas.
La apertura del gobierno y los datos en México surgió con la incorporación del país a la Alianza internacional para el Gobierno Abierto, nacida en la Asamblea General de la ONU en julio de 2011. El Gobierno de México asumió esa responsabilidad con cuatro Planes de Acción de Gobierno Abierto (desde el 2011 hasta la proyección del Plan 2021). Sin embargo, la alianza nació miope porque se estableció entre gobiernos y no entre los gobernantes y los ciudadanos gobernados. Si bien es cierto que los Planes de Acción de Gobierno Abierto involucraron a organizaciones de la sociedad civil, la visión democrática estuvo distorsionada.
En la Alianza mexicana para el Gobierno Abierto fueron pocas las organizaciones de la sociedad civil incorporadas en el Secretariado Técnico Tripartita de la Alianza. Las convocatorias para los planes no eran públicas ni abiertas; no podían participar ciudadanos no pertenecientes a alguna organización y las temáticas de la agenda estaban sesgadas por la anticipación definitoria del estado y la ventana de tiempo programada. En el correr de los años, las pocas organizaciones de la Sociedad Civil se autoexcluyeron porque algunos de sus miembros fueron ilegalmente espiados y vigilados por el gobierno federal en el período de 2016 a 2018. La inacción se consumó porque durante el año 2023 el INAI no pudo elaborar el Plan de Acción debido a los conflictos sobre el nombramiento de sus comisionados.
Extirpación de la miopía
En noviembre de 2024 el Senado de la República mexicana aprobó la llamada “reforma de simplificación orgánica” por la cual derogaba/extinguía a siete organismos autónomos, entre ellos el INAI. El INAI era, al menos en el papel, el órgano garante de la transparencia de los actos del gobierno y de poner a salvo los datos personales de cualquier ciudadano común. El universo de leyes, reglamentos, normas y prácticas que el INAI poseía y debería hacer cumplir era colosal. Ningún ciudadano común, aún con mediana instrucción e ilustración, podía transitar exitosamente en el enorme laberinto de términos y condiciones relativos a los datos públicos o privados.
Por otra parte, a reserva de discutir las evaluaciones del INAI y los indicadores de los Planes de Acción del Gobierno Abierto (quizá satisfactorios para algunos y demasiado endogámicos para otros), el INAI acentúo su imagen pública mucho más en la protección de los datos personales que en la transparencia del actuar y del gasto gubernamental. Pocos mexicanos sabían que el INAI costaba 4,000 millones de pesos anuales y muchos sentían que su aportación para un gobierno más transparente y eficaz era nula.
La reforma que extinguía al INAI argumentó que: el ahorro presupuestario con la desaparición de ese organismo era necesario y posible, la transformación del país (la cuarta transformación y su respectivo segundo piso) requieren de los recursos para necesidades más prioritarias y que la reasignación de sus funciones a otras dependencias era fácil y resultaría más eficiente. En la reasignación de las funciones del INAI nació la oportunidad de un trasplante y la implantación de un nuevo órgano.
Trasplante e implantación de un nuevo órgano
Sin duda, la principal cualidad y valor de los “Datos abiertos” no es la accesibilidad, como comúnmente suele pensarse, sino el valor de su reutilización. “Dato abierto” es aquel que puede generar gran valor social cuando tiene efectos en la articulación y concreción de nuevas políticas públicas. Por ejemplo, la información de flora, fauna, ecosistemas, conservación y contaminación que redundan en la participación entre ciudadanos y gobernantes para reconocer y declarar una zona de reserva ecológica, con limitaciones en la extracción de recursos naturales o con planes de mitigación y/o restauración ante impactos ecológicos.
Por ende, a la disposición de información cabe llamarla Dato Abierto, y al uso social y democrático de esos datos denominarla Gobernanza. Es decir, la co-creación, co-producción y co-responsabilidad entre gobernados y gobernantes que define, ejecuta y evalúa las políticas públicas. En este punto, debe considerarse que la cantidad de información y datos que posee el gobierno es casi inconmensurable y, por lo tanto, resulta evidente la necesidad de auxiliarse por las tecnologías digitales.
Para poseer y reutilizar los datos es necesario que los múltiples registros del gobierno estén interconectados. Es decir, que haya interoperabilidad gubernamental como la capacidad de diferentes sistemas y organizaciones para intercambiar y utilizar información de manera segura, eficiente, oportuna, útil y sin sesgos. Resulta concluyente que la interoperabilidad gubernamental requiere la Gobernanza Digitalizada.
Los déficits al acceso y utilización de los datos demandan mecanismos técnico-jurídicos que faciliten la interoperabilidad. Aquí es donde emerge el trasplante de funciones del INAI y el implante del nuevo organismo: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del gobierno federal creada en enero de 2025. Si bien la Agencia es un paso importante en el Gobierno Digital, todavía no alcanza la calidad democrática de una Gobernanza Digitalizada. Pero, por fortuna, la nueva Agencia contempla una Dirección de Gobernanza Tecnológica para: “Coordinar y dirigir el análisis, estudio y, en su caso, dictamen de los anteproyectos y proyectos de iniciativas de leyes […] y de servicios al público”. Es decir, un primer paso para la Gobernanza. Aunque, por lo pronto, todavía tiene al margen la inclusión y participación ciudadana directa.
He aquí la nueva interrogante: ¿ganará visión y visibilidad la ciudadanía con la nueva Agencia? Mantengamos viva esta esperanza.
Autor
Doctor en filosofía por la Universidad Iberoamericana (México) y profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León (México)
