En julio de 2025, el Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití (IJDH) publicó datos alarmantes sobre la escalada de violencia en el país. El informe afirma que, tan solo en los últimos seis meses, más de 4.000 personas fueron asesinadas —un aumento del 24% con respecto al mismo período del año anterior— y 1,3 millones se vieron obligadas a huir de sus hogares, lo que equivale a casi el 11% de la población, la mayoría de las cuales eran mujeres, niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad. Estas cifras récord revelan no solo el colapso del Estado haitiano, sino también los efectos previsibles de un modelo de intervención internacional que sigue imponiendo soluciones externas, ajeno a las realidades y necesidades locales.
Según el IJDH, la crisis actual es consecuencia directa de las acciones de la comunidad internacional. Fue moldeado por políticas históricas de explotación, el continuo apoyo al partido Pati Ayisyen Tèt Kale (PHTK) mientras este desmantelaba las instituciones democráticas, y la imposición de cambios en el Consejo Presidencial de Transición (CPT) para favorecer a aliados vinculados a grupos armados. A esto se sumó la incapacidad para frenar el tráfico de armas, en particular desde Estados Unidos, y la retirada de fondos humanitarios en medio de la creciente emergencia.
El asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 marcó la ruptura definitiva del frágil orden institucional de Haití. Aunque gobernó por decreto y enfrentó protestas masivas, Moïse aún encarnaba la figura de un jefe de Estado. El vacío de legitimidad se profundizó con los sucesivos gobiernos interinos, lo que permitió que los grupos armados se consolidaran como poderes paralelos. El IJDH informa que entre el 85% y el 90% de Puerto Príncipe está bajo el control de bandas que regulan la circulación de personas y controlan infraestructura estratégica.
El escenario que se despliega es de caos e ingobernabilidad, precisamente los elementos que allanan el camino para la intervención extranjera con el pretexto de garantizar la estabilidad local y regional. Pero no podemos caer en la trampa del diagnóstico internacional que naturaliza la presencia externa como única salida a la crisis, ignorando sus raíces históricas, muchas de las cuales están asociadas a la propia intervención extranjera. Insistir en modelos fallidos, misiones militarizadas, pactos entre élites deslegitimadas y fórmulas desconectadas de la realidad local es repetir los errores del pasado.
La crisis en Haití no se deriva de la ausencia del Estado, sino de la presencia de un Estado capturado, moldeado por lógicas excluyentes y sostenido por intereses internacionales que se benefician de la inestabilidad. Superar este ciclo requiere una escucha activa y abandonar la creencia colonial de que los haitianos son incapaces de autogobernarse.
El Costo Humano de la Violencia
La emergencia humanitaria no es paralela a la crisis de seguridad; es su consecuencia directa. Haití es actualmente uno de los cinco países en riesgo de hambruna severa, con 5,7 millones de personas que enfrentan inseguridad alimentaria aguda. Las pandillas controlan rutas, bienes y puntos de distribución, impidiendo que los suministros lleguen a los más necesitados. La lógica para desmantelar la situación implica el cierre de más de mil escuelas y aproximadamente el 40% de los hospitales. Esto se vuelve especialmente preocupante dado el nuevo brote de cólera que asola el país, debido al gran número de desplazados internos sin acceso a agua potable ni saneamiento básico. El colapso de los servicios públicos forma parte de una estrategia consciente que debilita la gobernabilidad y socava el sentido mismo de Estado.
El informe señala la complicidad de funcionarios públicos con grupos armados, con acusaciones de financiación del crimen, tráfico de armas y drogas, y explotación política de las pandillas. El propio CPT está acusado de obstruir las operaciones policiales y malversar fondos públicos. A pesar del discurso oficial sobre seguridad y gobernanza, las acciones internacionales siguen marcadas por contradicciones, el mantenimiento de élites corruptas y el apoyo a estrategias mal concebidas como la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), que, dos años después de su autorización, todavía no ha logrado contener la violencia.
Intervenciones de la ONU: Entre principios, fracasos y reinvenciones ambiguas
Las operaciones de la ONU se basan en tres pilares: consentimiento, imparcialidad y uso moderado de la fuerza. Sin embargo, estos principios se están desmoronando en Haití. Con las pandillas en control territorial, el consentimiento se vuelve imposible; la imparcialidad se traduce en represión generalizada; y los límites de la fuerza son cada vez más estrechos, legitimados por mandatos internacionales.
En 2023, el Consejo de Seguridad autorizó nuevamente el despliegue de tropas extranjeras en Haití, pero fuera del ámbito tradicional de las operaciones de mantenimiento de la paz. La Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS), conocida como una «misión no perteneciente a la ONU», opera bajo el Capítulo VII de la Carta de la ONU —que permite el uso de la fuerza—, pero sin subordinación a la cadena de mando, mecanismos de rendición de cuentas ni financiación regular de la ONU. Si los marcos institucionales anteriormente no protegían a la población, su ausencia ahora expone un sistema aún más propicio para las violaciones. El ejemplo más evidente es la MINUSTAH (2004-2017), que prometió restablecer la seguridad y fortalecer las instituciones, pero dejó un legado de violencia, abusos sexuales, impunidad e ira.
La propuesta del Consejo Presidencial de Transición de transformar el MSS en una misión de mantenimiento de la paz fue rechazada por el Secretario General, argumentando que tal cambio solo sería posible tras una reducción sustancial del control territorial de las pandillas. Sin embargo, esta condición invierte la lógica de la intervención: exige alcanzar el objetivo antes de proporcionar los medios necesarios para lograrlo y coloca sobre el pueblo haitiano la responsabilidad de generar, bajo fuego enemigo, los requisitos previos para recibir una ayuda eficaz. La paz no se puede construir mediante el chantaje diplomático.
Mientras tanto, la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) opera con un mandato político y demuestra impotencia ante la escalada paramilitar. Entre la falta de acción efectiva y la dependencia de intervenciones sin apoyo institucional, se repite un patrón de misiones sin arraigo local ni mecanismos sólidos de estabilización. La ONU también propone la creación de una Oficina de Apoyo al Ministerio de Seguridad. Los programas de desarme, desmovilización y reintegración (DDR), la reforma policial y la posibilidad de elecciones directas vuelven a estar en el punto de mira: medidas útiles, pero insuficientes cuando se centran en instituciones frágiles y carecen de coordinación con la sociedad civil.
De la omisión a la escucha: la urgencia de la participación haitiana
Haití, históricamente considerado un laboratorio de intervenciones, puede —y debe— ser reconceptualizado como terreno fértil para enfoques basados en el diálogo, la inclusión y la iniciativa local. Integrar el conocimiento y las perspectivas haitianas en las agendas internacionales no solo es ético, sino que es una condición esencial para generar un cambio estructural duradero. En las últimas décadas, las misiones internacionales de diversos formatos no han logrado los objetivos establecidos en sus mandatos. Presentadas como soluciones para la estabilización, subestimaron la complejidad del país e ignoraron las concepciones locales de desarrollo, democracia y paz.
Es necesario poner fin a las promesas condicionales, los experimentos fallidos y las resoluciones improvisadas. La cuna de una revolución impensable puede ser un espacio para transformaciones genuinas, centradas en el protagonismo haitiano y la escucha activa de los sectores de la sociedad que sustentan la vida y la resistencia en el país. Haití necesita una solidaridad comprometida y el reconocimiento de que cualquier reconstrucción se hará con los haitianos, o nunca se hará.
Serie de ocho artículos sobre Haití en colaboración con el Grupo de Investigación Haití: Descolonización y Liberación – Estudios Contemporáneos y Críticos, bajo la dirección de UNILA. El grupo publicó recientemente el libro: “Haití en la encrucijada de los tiempos actuales: Decolonialidad, anticapitalismo y antirracismo”.
Autor
Doctora en Antropología Social por la Universidad Federal de São Carlos (UFSCar), con investigación sobre cooperación internacional y operaciones de paz de la ONU en Haití.
