Los fenómenos meteorológicos extremos han impactado, directa o indirectamente, la vida de todas las personas en diversas partes del mundo. Inundaciones, sequías prolongadas, incendios forestales y el aumento del nivel del mar obligan a miles de personas a abandonar sus hogares, a menudo sin posibilidad de regresar, es decir, de forma permanente. Estos eventos agravan las desigualdades sociales, los conflictos y la vulnerabilidad, configurando un escenario de policrisis.
En países con escasa capacidad de respuesta e infraestructura limitada, los impactos ambientales se vuelven aún más severos. Las comunidades vulnerables enfrentan riesgos adicionales ante la intensificación de los eventos climáticos. En este contexto, la movilidad humana deja de ser una opción y se convierte en una necesidad urgente para la supervivencia. Sin embargo, también existen situaciones de inmovilidad: personas que, incluso ante riesgos inminentes, no pueden desplazarse por falta de recursos, apoyo o alternativas seguras. La crisis climática no sólo desplaza, sino que también aprisiona.
Los expertos advierten que la mayoría de los refugiados y desplazados internos viven en regiones altamente expuestas al cambio climático. Sin políticas públicas eficaces y cooperación internacional, estas poblaciones se enfrentan a obstáculos para reconstruir sus vidas y son vulnerables a nuevos ciclos de desplazamiento.
La movilidad humana en el siglo XXI está condicionada por factores ambientales que exigen respuestas urgentes, integrales y basadas en los derechos humanos. Reconocer esta realidad es el primer paso para garantizar la protección y la dignidad de las poblaciones afectadas. En las últimas décadas, el desplazamiento ambiental destaca entre los desplazamientos forzados a nivel mundial, con 264,8 millones de movimientos forzados de personas en 210 países y territorios entre 2015 y 2024 (IDMC, 2025).
Si bien los factores ambientales y climáticos que provocan el desplazamiento siguen aumentando —como se observa en las recientes inundaciones en Rio Grande do Sul en Brasil o las intensas sequías en la Amazonía—, la mayoría de las personas que ya se encuentran desplazadas por la fuerza debido a la persecución, los conflictos y la violencia viven en países altamente vulnerables con dificultades estructurales para adaptarse al cambio climático. El cambio climático se relaciona con los flujos migratorios de dos maneras: generando nuevas personas desplazadas por causas ambientales y afectando gravemente a quienes ya son refugiados por otros motivos.
Además, las poblaciones afectadas que ya viven en lugares con acceso limitado a servicios básicos o infraestructura están altamente expuestas y son vulnerables a los riesgos climáticos. Las inundaciones, las sequías, las tormentas y las olas de calor las exponen a un riesgo constante de desplazamiento o, en el extremo opuesto, a la inmovilidad forzada, cuando no pueden trasladarse a un lugar seguro. La crisis climática perturba los medios de subsistencia y dificulta que las personas desplazadas recuperen su autonomía, obstaculizando el acceso a los derechos fundamentales y las garantías para su supervivencia.
Con base en los datos anteriores, y con el objetivo de garantizar la protección y visibilizar a todas las personas afectadas por desastres ambientales y los efectos adversos del cambio climático, un grupo de mujeres —investigadoras y extensionistas que estudian, trabajan y operan en los territorios afectados— buscó contribuir en el marco de la COP-30 mediante la redacción y presentación de la Declaración de la Academia sobre la Protección Integral de las Personas Desplazadas por el Medio Ambiente y Refugiadas, Otras Migrantes o Personas Necesitadas de Protección Internacional Afectadas por Problemas Ambientales y Climáticos: la Declaración de la Academia en el marco de la COP-30
La Declaración es el resultado de un proceso colectivo y colaborativo. Inspirada en la experiencia de la Declaración de la Academia en el marco de Cartagena +40, fue elaborada por un Grupo de Trabajo (GT) integrado por profesoras, investigadoras y personal de investigación de UniSantos, RESAMA y la Cátedra Sérgio Vieira de Mello. El texto fue sometido a consulta pública y recibió aportaciones de expertas de más de 15 países, entre ellos Brasil, Colombia, India, Australia y Senegal.
El objetivo era ambicioso: elaborar de forma colaborativa una declaración que situara la protección de las personas desplazadas por causas climáticas y ambientales en el centro de los debates internacionales de la COP-30, que se celebrará en Belém do Pará en noviembre de 2025.
La Declaración se basa en el principio de que la academia no debe limitarse a observar las crisis, sino contribuir activamente a su transformación. Al unir teoría y práctica, reivindica el papel del conocimiento científico como herramienta para la justicia y la solidaridad. Esta visión cobra fuerza en un momento en que la movilidad humana por causas climáticas desafía los límites del derecho internacional. Si bien la legislación nacional es insuficiente, las respuestas globales aún avanzan lentamente. En este contexto, el documento se presenta como una propuesta concreta para subsanar las deficiencias en materia de protección, inspirar nuevas políticas públicas y complementar las existentes.
Esta diversidad de voces refleja el espíritu de la iniciativa: pensar globalmente, actuar regionalmente y escuchar localmente. Cada contribución se incorporó de forma crítica, dando como resultado un documento que plasma las experiencias reales de las personas y comunidades afectadas por el cambio climático.
¿Qué propone la Declaración?
La Declaración de la Academia, en el marco de la COP-30, contiene un preámbulo y 30 recomendaciones centrales. Pero más que recomendaciones, el texto es un llamado a la acción conjunta entre gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil para orientar y fortalecer la lucha por la justicia climática y la visibilidad de todas las personas afectadas y obligadas a reubicarse debido a desastres ambientales o los efectos adversos del cambio climáticoLa Declaración de la Academia, aún abierta a nuevas adhesiones, se presenta como un manifiesto de esperanza y responsabilidad, que nos recuerda que los impactos del cambio climático son tanto sociales como ambientales. Con este documento, la Academia Brasileña y Latinoamericana envían un mensaje claro: es hora de actuar de forma coordinada, solidaria y comprometida para garantizar la dignidad de todas las personas, territorios y comunidades.
Autor
Profesora e investigadora en la Universidad de Passo Fundo (UPF), Brasil. Coordinadora del Proyecto de Extensión del Servicio de Asistencia a Migrantes y Refugiados y la Cátedra Sérgio Vieira de Mello.
Abogada e investigadora especializada en derecho público. Es doctora en Derecho Internacional por la Universidad de São Paulo (USP) y cofundadora de RESAMA, la Red Sudamericana para la Migración Ambiental
