Los ciudadanos latinoamericanos tienen una idea clara de lo que falla en sus ciudades. Quieren calles más seguras, mejores hospitales y gobiernos transparentes y responsables. Sin embargo, no priorizan los cambios estructurales que solucionarían esos problemas de raíz. Esta desconexión es más profunda de lo que parece a simple vista y se observa de forma notable en toda la región. Los residentes identifican los síntomas, no las causas.
Lo que los ciudadanos dicen necesitar
En 13 ciudades latinoamericanas, los residentes tienen claro lo que más les importa. La seguridad encabeza la lista con un 72,4% de sus prioridades. Le siguen los servicios de salud con un 53,7%. La corrupción y la transparencia ocupan el tercer lugar con un 49,2%. Estas prioridades surgen en un contexto de estrés crónico y desconfianza institucional.
Menos visible, pero más trascendental, es lo que los residentes sitúan al final de la lista. La participación cívica se registra con apenas un 9,4%, el porcentaje más bajo de todas las dimensiones medidas. La movilidad social y la inclusión se sitúan en un 12,6%. La educación escolar, considerada durante mucho tiempo un motor principal del progreso social, solo llega al 23 % y, en la mayoría de las ciudades, se sitúa por debajo de la congestión del tráfico
Se observa una clara inconsistencia. Los residentes sitúan la corrupción y la transparencia entre sus tres principales preocupaciones, pero la participación ciudadana, el mecanismo mediante el cual se construye la rendición de cuentas, se considera un tema secundario. En efecto, identifican el problema, pero restan prioridad al mecanismo que lo abordaría. Este no es un hallazgo aislado. En ciudades tan diferentes como Ciudad de Guatemala, Lima y Santiago, se repite el mismo patrón. Existe una gran preocupación por los resultados, pero poca inversión en los procesos que los generan.
La cuestión no es si estas prioridades son legítimas. Claramente lo son. La cuestión es por qué los mecanismos para abordarlas permanecen tan sistemáticamente fuera de la vista.
Visión de túnel
Este patrón tiene una explicación clara. Los investigadores lo denominan «visión de túnel». Cuando las personas se enfrentan a limitaciones apremiantes relacionadas con los ingresos, la seguridad o el acceso a los servicios básicos, estas limitaciones captan su atención y desplazan las consideraciones a largo plazo. La toma de decisiones se centra en lo inmediato y urgente. Las preocupaciones sistémicas más amplias quedan relegadas a un segundo plano porque la vida cotidiana deja poco espacio para ellas.
En toda la región, se observa el mismo patrón. Al preguntarles si aceptarían tecnologías de reconocimiento facial para reducir la delincuencia, la mayoría en todas las ciudades respondió afirmativamente, alcanzando el 82,4 % en Medellín, el 78,4 % en Río de Janeiro y el 71,2 % en San José. Los residentes están dispuestos a renunciar a la privacidad, una de las libertades civiles más fundamentales, a cambio de seguridad.
Estas mismas ciudades obtienen malos resultados en participación cívica digital, con poca confianza en que las plataformas en línea para proponer ideas hayan mejorado la vida urbana. La gente está dispuesta a renunciar al derecho a tratar los síntomas, pero muestra poca confianza en las herramientas que les permitirían expresar su opinión sobre las causas subyacentes.
Esta dinámica está muy extendida en las ciudades latinoamericanas. La gente vive en un estado permanente de atención primaria, tratando los síntomas mientras las afecciones que los generan quedan sin tratamiento. Una ciudad donde la gente no participa políticamente no puede exigir responsabilidades a los gobiernos por las deficiencias de los sistemas de salud. Una sociedad donde la movilidad social está estructuralmente bloqueada seguirá reproduciendo la desigualdad que alimenta la delincuencia. Lo que los residentes priorizan contribuye a mantener lo que consideran más urgente.
Patrones y excepciones
No todas las ciudades se ajustan al patrón regional. San Salvador se distingue. En este caso, la seguridad se sitúa en apenas un 4,8%, muy por debajo del promedio regional, mientras que la vivienda asequible (65,6%), la congestión vial (56,0%) y los servicios de salud (50,4%) son las principales preocupaciones de los residentes. Las presiones económicas priman sobre la seguridad física, y la atención pública se centra en lo que se percibe como más inmediato.
San Salvador también se encuentra entre las ciudades con menor movilidad social e inclusión en la región, con solo un 7,2%, solo superada por el 2,4% de la Ciudad de México. Cuando la inmovilidad estructural es significativa, pero rara vez se manifiesta como una preocupación expresada, plantea una pregunta relevante en toda la región sobre si los desafíos a largo plazo más importantes reciben la atención cívica que merecen. Los factores determinantes pueden variar de una ciudad a otra, pero la brecha estructural entre lo que los ciudadanos experimentan y lo que exigen sigue siendo una característica constante del panorama regional.
Una encuesta sobre prioridades declaradas no puede establecer causalidad. Es posible que la gente se haya desvinculado no porque no valore la participación cívica, sino porque la experiencia les ha demostrado que produce pocos resultados. Los bajos índices de participación pueden reflejar tanto una desilusión racional como una indiferencia genuina. De ser así, la región se enfrenta a algo más que una falta de alineación de prioridades: se enfrenta a una forma de atrofia democrática. La capacidad de acción política colectiva se debilita cuando más se necesita.
Del diagnóstico a la acción
Los debates sobre políticas urbanas suelen centrarse en la tecnología, pero la principal limitación reside en otro lugar. Lo que realmente importa es más difícil de construir. Son las condiciones institucionales y cívicas las que ayudan a las personas a pensar más allá de lo inmediato. Esto requiere gobiernos que se ganen la confianza mediante acciones coherentes y transparentes, educadores que ayuden a los ciudadanos a desarrollar las habilidades y la confianza necesarias para participar, y líderes dispuestos a abordar las condiciones estructurales en lugar de simplemente tratar sus síntomas.
También requiere que las ciudades midan no solo lo que ofrecen a sus residentes, sino también la eficacia con la que les permiten influir en lo que se ofrece. En este sentido, la mayoría de las ciudades latinoamericanas tienen mucho camino por recorrer.
La región cuenta con una amplia experiencia relevante. Desde el presupuesto participativo en Buenos Aires hasta la planificación urbana liderada por la comunidad en Medellín, existen modelos que vale la pena seguir. Sin embargo, estos siguen siendo excepciones, no la regla, y su impacto en la confianza ciudadana y las prioridades a largo plazo ha sido limitado. Ampliar lo que funciona y comprender por qué los modelos prometedores han permanecido aislados puede ser tan importante como cualquier inversión tecnológica.
En todas las ciudades de América Latina, la gente tiene prioridades claras, pero se enfrenta a presiones que desplazan constantemente las preocupaciones a largo plazo. Ayudar a las personas a mirar más allá de lo inmediato, sin ignorar las presiones que enfrentan, puede ser uno de los compromisos más importantes que las ciudades pueden asumir.
El texto se basa en datos de la encuesta del Índice de Ciudades Inteligentes 2026 del IMD sobre las prioridades de los residentes en 13 ciudades latinoamericanas.
Autor
Economista Senior del Centro de Competitividad Mundial del IMD. Doctor en Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Warwick y una maestría en Ciencias Sociales y Gobierno de la Universidad de Harvard.
