En sus últimos días, la administración de Biden, a través de un acuerdo a puerta cerrada con Cuba mediado por el Vaticano, reactivó varias concesiones controvertidas de la era de Obama. El 14 de enero de 2025 Cuba acordó liberar a 553 prisioneros. A cambio, Estados Unidos eliminó a Cuba de la Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo, suspendió el Título III de la Ley Helms-Burton y suavizó las restricciones sobre entidades cubanas vinculadas al ejército.
Al día siguiente, el 15 de enero, en su audiencia de confirmación en el Senado, el nominado a secretario de Estado Marco Rubio reafirmó con contundencia el estatus del régimen cubano como estado patrocinador del terrorismo invocando pruebas irrefutables. Pocos días después, el 20 de enero, el presidente Donald Trump restableció esta designación en su primera orden ejecutiva, anulando varias políticas de la administración Biden. Con esta reclasificación socavó el poder de negociación que Cuba había conseguido con la liberación de prisioneros y señaló su apoyo al terrorismo durante décadas, lo que representa una amenaza significativa para la seguridad nacional de Estados Unidos. También reimpuso sanciones a entidades dirigidas por el ejército, reduciendo recursos dedicados a reprimir la disidencia y exportar el autoritarismo.
La historia demuestra que el régimen cubano utiliza recurrentemente a su pueblo como moneda de cambio, como evidencian la Crisis de los Balseros de 1994, el exilio de los prisioneros de la Primavera Negra y la liberación, en 2014, de un contratista estadounidense que fue intercambiado por espías cubanos para aliviar las sanciones contra la isla. El gobierno cubano presenta sus recientes liberaciones de prisioneros como un gesto humanitario hacia el Vaticano, pero el hecho de que Cuba y Estados Unidos lo hayan anunciado el mismo día plantea serias dudas sobre esta afirmación.
Si bien el reencuentro de los presos políticos cubanos con sus familias es una buena noticia, se trata de excarcelaciones condicionales, no de verdaderas liberaciones. Por ejemplo, algunos líderes destacados como José Daniel Ferrer se enfrentan a la amenaza de volver a ser encarcelados si violan ciertas disposiciones ambiguas de la “legalidad socialista” diseñadas para criminalizar la disidencia. Otros presos, como Donaida Pérez Paseiro, han denunciado amenazas similares. En un sistema carente de independencia judicial, en el que los presos políticos que son víctimas de tortura no pueden recurrir a la justicia para defenderse de sus agresores, las alusiones a las intenciones humanitarias no tienen credibilidad alguna. Esta apariencia de progreso oculta una cruda realidad: la “puerta giratoria de represión” en Cuba no ha dejado de funcionar. De los 553 prisioneros políticos cuya liberación condicional fue anunciada, solo 166 han sido excarcelados, mientras que otros 1.161 siguen tras las rejas, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y Prisoners Defenders.
Si no se hubiera anulado, la orden ejecutiva del presidente Biden para retirar a Cuba de la Lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo habría debilitado la posición internacional de Estados Unidos. Intercambiar prisioneros por concesiones contradice compromisos adquiridos de Estados Unidos como la Declaración contra la Detención Arbitraria, que lucha contra el uso de vidas humanas como moneda de cambio con fines políticos. Estas negociaciones, revertidas por la administración Trump, habrían sentado un peligroso precedente, ya que habrían alentado a autócratas de todo el mundo a recurrir a los prisioneros como fichas de negociación y amenazado el derecho internacional, la seguridad y los derechos humanos.
La evidencia histórica respalda de manera clara la designación de Cuba como estado patrocinador del terrorismo. Durante más de seis décadas, el país ha dado apoyo a grupos armados y terroristas internacionales, e incluso ha dado refugio a líderes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización colombiana narcoterrorista involucrada en el tráfico de drogas, la minería ilegal y la extorsión. Esto coincide con su estrategia, vagamente disfrazada en las últimas décadas como promoción de la paz.
En 2019, después de que el ELN atentara contra una academia de policía en Bogotá, matando a 22 cadetes, Cuba rechazó la solicitud de Colombia de extraditar a los negociadores del ELN alegando protocolos diplomáticos mientras seguía dándoles refugio. Aunque menos evidente que sus vínculos con Venezuela, la relación de larga duración de Cuba con el ELN sugiere que sus líderes aún podrían coordinar actividades desde territorio cubano. Dado el papel del ELN como fuerza paramilitar del régimen de Maduro, financiada por el narcotráfico, la implicación de Cuba en este tema no tiene nada de neutral o pacífica.
El argumento humanitario para retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo ignora el alto costo humano de los grupos a los que respalda. El ELN, con 6.000 miembros, financia al ejército de Venezuela mediante el narcotráfico mientras comete atrocidades. Desde el 16 de enero de 2025, ha lanzado una ofensiva contra disidentes de las FARC en Catatumbo, una zona clave en la producción de cocaína cerca de la frontera con Venezuela. En pocas semanas, este conflicto ha dejado entre 60 y 80 civiles muertos y ha provocado el desplazamiento de más de 48 mil personas, según la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Norte de Santander y el Ministerio de Defensa.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, quien en su momento abogó por retirar a Cuba de la lista del terrorismo y revocó órdenes de arresto contra líderes del ELN, acusa ahora al grupo de cometer crímenes de guerra. En línea con el mandatario, la Fiscalía General de Colombia anunció el 22 de enero que había reactivado órdenes de arresto internacionales contra 31 líderes del ELN, incluidos algunos a los que en distintos momentos Cuba había dado refugio, lo que refuerza aún más la justificación para volver a designar a Cuba como estado patrocinador del terrorismo.
Cuba también da refugio a fugitivos de Estados Unidos como Assata Shakur y William Morales, ambos vinculados al terrorismo, y mantiene estrechos lazos con Irán, con quien intercambia inteligencia a cambio de beneficios financieros. Además, el régimen fortalece redes terroristas globales como Hezbollah y Hamás mediante apoyo diplomático y logístico.
El papel clave del régimen cubano en el fortalecimiento del régimen de Maduro en Venezuela, acusado de crímenes de lesa humanidad y de vender pasaportes a operativos de Hezbollah, resalta aún más su influencia desestabilizadora. De hecho, Cuba ayudó a Venezuela a rediseñar sus fuerzas armadas y el servicio de inteligencia militar, según detalló una Misión de Determinación de los Hechos de la ONU en 2022. Al exportar su modelo de control totalitario, Cuba ha ayudado a Maduro a mantenerse en el poder mediante la represión, consolidando así su condición de patrocinador del terrorismo.
La reinstauración de sanciones por parte de la administración Trump a las entidades controladas por GAESA, el conglomerado militar de Cuba, reintrodujo una política de máxima presión para rechazar estrategias que fortalecían a las autocracias. Entre 2021 y 2023 GAESA desvió el 36% del PIB de Cuba al turismo, descuidando los servicios esenciales y agravando la pobreza, lo que obligó a casi un millón de cubanos a huir. Gracias a unos documentados filtrados se descubrió que GAVIOTA, una subsidiaria de GAESA, tenía 4.300 millones de dólares en cuentas en el extranjero, probablemente destinados a financiar lobbies y generar desestabilización, mientras el régimen afirmaba que necesitaba 339 millones de dólares anuales para alimentos y medicinas. Levantar las sanciones solo habría reforzado el control autoritario y la represión.
La historia muestra que las concesiones a regímenes como el de Cuba refuerzan su control represivo. Así, aunque aumentar la presión puede hacer que se fortalezcan aún más, es la estrategia más eficaz para mermar los recursos que destinan a suprimir la disidencia, exportar el autoritarismo y apoyar el terrorismo. Para contrarrestar su influencia, fomentar la libertad y proteger los intereses de Estados Unidos, esta política debe perdurar más allá de una sola administración, ya que las dictaduras a menudo sobreviven a las presiones democráticas esperando cambios en estas políticas.
Autor
Investigador y director de Espacios Democráticos, una ONG dedicada a fomentar la solidaridad en Canadá con defensores de derechos humanos y la sociedad civil en Cuba. Máster en historia latinoamericana de la Universidad de Toronto.
