La reciente reducción de la pobreza en México desafía la idea de que el crecimiento económico, por sí solo, conduce al progreso social. En un contexto regional marcado por la desaceleración económica y la desigualdad persistente, el caso mexicano muestra que la recuperación del papel del Estado mediante políticas sociales universales, mejoras al ingreso laboral y una mayor intervención pública puede generar avances significativos en bienestar. Y es que entre el año 2018 y 2024 unos 13,4 millones de mexicanos salieron de la pobreza, de los cuales 1,7 millones dejaron atrás la pobreza extrema.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de pobreza multidimensional en México se situó en 29,6% en 2025, el nivel más bajo desde que se mide este indicador. A diferencia de la pobreza monetaria, la pobreza multidimensional considera no solo el ingreso, sino también el acceso efectivo a derechos sociales como educación, salud, vivienda y alimentación. En esta misma línea, a finales de noviembre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reportó que la pobreza en América Latina se ubicó en 25,5%, el nivel más bajo desde que se tiene registro. Y esta reducción fue impulsada principalmente por la caída de la pobreza y pobreza extrema en México, seguido por Brasil.
¿Cómo se explica esta reducción de la pobreza?
En 2018, Andrés Manuel López Obrador fue electo como primer presidente de izquierda en la historia democrática reciente de México bajo el lema “por el bien de todos, primero los pobres”. Su llegada al poder marcó un parteaguas al romper con un ciclo de gobiernos neoliberales que habían relegado la política social, privilegiando el crecimiento económico y limitando el papel del Estado bajo la premisa de que ello generaría un efecto de derrame de riqueza hacia el resto de la población.
Desde el inicio de su administración, López Obrador y su movimiento denominado Cuarta Transformación implementaron una serie de programas sociales distintos a los esquemas condicionales del pasado, mediante transferencias monetarias directas a adultos mayores, jóvenes aprendices, campesinos, mujeres trabajadoras, estudiantes y personas con discapacidad. Además, la reforma laboral implementada en 2021 restringió la subcontratación a servicios especializados, lo que permitió que miles de trabajadores transitaran a la formalidad y adquirieran derechos laborales plenos. A ello se sumó un incremento histórico del salario mínimo, que ha aumentado 215% desde 2018. Datos de la OCDE colocaron a México como el país con mayor aumento salarial entre sus miembros.
Este conjunto de políticas no ha estado exento de críticas por parte de sectores empresariales y de la oposición, que cuestionan la dependencia y el clientelismo que, a su juicio, generan los programas sociales. Se señala, por ejemplo, que los programas sociales existentes en México, cuyo gasto representa alrededor de 3% del PIB, responden a una lógica de asistencialismo sin transformación estructural, con padrones de beneficiarios poco transparentes y una débil focalización hacia los hogares de menores ingresos. Asimismo, persiste la narrativa de que se “enseña a pescar, no a dar el pescado”.
No obstante, el énfasis en la política social del gobierno de López Obrador, continuado bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, ha contribuido a desmontar varios de estos supuestos. En primer lugar, resulta difícil “enseñar a pescar” si no existe un río, es decir, si no se mejora el ingreso de los trabajadores y no se coloca la justicia laboral en el centro de la política pública. En particular, el aumento al salario mínimo, que permaneció estancado por más de dos décadas con el objetivo de mantener la competitividad internacional, refutó la noción de que su incremento inevitablemente detonaría una espiral inflacionaria capaz de poner en riesgo la estabilidad macroeconómica.
Carencias persistentes
Pese a estos avances, la política social del Gobierno mexicano no está exenta de carencias. Entre ellas, destaca la falta de una focalización más precisa hacia los hogares de menores ingresos, así como la debilidad- o incluso ausencia- de mecanismos sistemáticos de monitoreo y evaluación. Asimismo, el periodo de incrementos salariales ha coincidido con un estancamiento en la generación de empleos formales, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de aumentos anuales del salario mínimo en un contexto de crecimiento económico por debajo del promedio histórico. A ello se suma que, si bien la pobreza ha disminuido, la desigualdad persiste y la riqueza continúa concentrándose en un reducido sector de la población. El índice de Gini de México (de 43.5 puntos) lo sitúa entre los diez países más desiguales de la región.
Un elemento central y frecuentemente omitido en este debate, es la vulnerabilidad de estos avances cuando dependen de liderazgos políticos específicos y de coyunturas favorables, más que de arreglos institucionales robustos. En este sentido, resulta relevante que varios programas sociales hayan sido elevados a rango constitucional, con el objetivo explícito de blindar los derechos sociales y reducir el riesgo de regresiones ante eventuales cambios en el ciclo político. No obstante, la constitucionalización de derechos, aunque significativa, no garantiza por sí sola su implementación efectiva ni su sostenibilidad fiscal a largo plazo, lo que subraya la importancia de fortalecer las capacidades institucionales del Estado.
El caso mexicano sugiere que la recuperación del papel del Estado es una condición necesaria, aunque no suficiente, para transformar estructuras persistentes de pobreza y desigualdad en la región. Más que ofrecer una receta, México aporta evidencia empírica de que el progreso social no es un resultado automático del crecimiento económico, sino el producto de decisiones políticas, institucionales y distributivas que deben ser preservadas y fortalecidas en el tiempo.
Autor
Miembro del Servicio Exterior Mexicano adscrita a la Embajada de México en Estados Unidos. Maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad de Yale.
