El mes de octubre estuvo lleno de acontecimientos en Sudamérica. Se celebraron elecciones presidenciales en Argentina, Bolivia y Uruguay, una elección local en Colombia y una crisis institucional en Perú, donde un conflicto entre la base de Alberto Fujimori y la oposición dio lugar a la clausura del Congreso a finales de septiembre.
Los resultados de los procesos electorales en la región, en al menos dos de los casos mencionados, no solo apuntan a cambios en las relaciones entre las fuerzas internas, sino que también sugieren la importancia de factores específicos en los contextos nacionales. En Colombia, a pesar de las tensiones no resueltas en el proceso de paz, las elecciones locales sugieren una reconfiguración política en el país, con predominio de los partidos de centro-izquierda, como la elección de la exsenadora Claudia López, de la Alianza Verde, quien será la primera mujer en ocupar el cargo a la Alcaldía de Bogotá. De origen popular, es abiertamente gay y apoya el proceso de paz con las FARC.
En Argentina, la victoria de la dupla Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en la primera vuelta representó una reacción de la población al gobierno de Mauricio Macri, las reformas promercado y el aumento del endeudamiento externo, que sumieron al país en una profunda recesión.
En Venezuela, estamos siendo testigos de la naturalización de una profunda crisis institucional que tiene su prolongación desde la muerte de Hugo Chávez y ha continuado con la sucesión del eternamente disputado Nicolás Maduro. El país cuenta actualmente con dos presidentes, uno electo y otro autoproclamado, y viven en una grave crisis económica con un continuo éxodo de venezolanos a los países vecinos.
Los levantamientos populares en Ecuador y en Chile fueron, sin embargo, los dos acontecimientos más significativos del ‘octubre sudamericano»
Los levantamientos populares en Ecuador y en Chile fueron, sin embargo, los dos acontecimientos más significativos del «octubre sudamericano», ya que se destacan el tamaño de la reacción popular contra las medidas de austeridad fiscal que han dominado desde los años noventa. En Ecuador, el levantamiento fue causado por la eliminación del subsidio al combustible que ha estado en vigor durante los últimos 47 años. A esto siguieron manifestaciones y protestas generalizadas, con la participación de estudiantes, campesinos, trabajadores urbanos, movimientos de mujeres, ecologistas y artistas. Por su parte, el Gobierno autorizó el uso de las Fuerzas Armadas y declaró el estado de excepción. Veinte mil indígenas marcharon hacia Quito, seguido por el traslado de la capital a Guayaquil. Al final, el Gobierno revocó el fin de los subsidios y anunció un proceso de diálogo con los movimientos sociales, al que llamó «diálogo por la paz».
El proceso de Chile ha seguido un camino similar. El anuncio del aumento de las tarifas del transporte fue seguido casi inmediatamente por la reacción popular encabezada por los estudiantes de secundaria. Las Fuerzas Armadas fueron llamadas a reprimir las protestas y el Gobierno declaró el estado de excepción en las ciudades de Santiago y Valparaíso. Luego revocó el aumento en el precio del transporte, declaró un toque de queda en Santiago y anunció un paquete de medidas sociales. A pesar de haber una posición más conciliadora del Gobierno, las protestas continuaron, reuniendo a un millón de personas en una manifestación pacífica en Santiago, la más grande de la historia de Chile. Para finales de octubre, el Gobierno pidió la dimisión de los ministros, solicitó un diálogo con la oposición y prometió reformas estructurales.
¿Qué sugieren estos acontecimientos sobre la dinámica política de la región? En primer lugar, la diversidad de los procesos indica que sus orígenes y posibles explicaciones se basan en factores específicos en sus contextos nacionales respectivos. Para no hacer interpretaciones erróneas, el enfoque analítico debe ser el de la pluralidad.
A pesar de reafirmar la diversidad, es posible establecer elementos comunes en los levantamientos populares de Ecuador y Chile y en las elecciones de Argentina. En Chile, el levantamiento popular se centró en la crítica hacia la desigualdad producida por treinta años de gobiernos neoliberales y el grito por la dignidad. El sistema de pensiones chileno, basado en la capitalización individual, el cual fue adoptado bajo el régimen de Augusto Pinochet, ha llevado al empobrecimiento de grandes sectores de la población jubilada, que hoy reciben alrededor del 60% del salario mínimo.
Es imposible no mencionar el «doble movimiento» de Karl Polanyi que, ya en 1944, en su clásico La gran transformación, advertía de la fractura del tejido social cuando el molino satánico del mercado autorregulado se convierte en el centro de la vida social y amenaza el componente humano y natural del organismo social. En estas condiciones, según Polanyi, se esperaría que la sociedad se movilice en busca de protección. Así, como sucedió en la situación que estudió, con la sociedad industrial del siglo XIX en Inglaterra, la misma reacción de la sociedad civil para buscar su protección se manifestó en los levantamientos populares en Ecuador y en Chile, así como en las elecciones de Argentina de 2019.
Otro aspecto que llama la atención en los casos de Ecuador y Chile es la diversidad de los sectores movilizados. Participaron personas normalmente ajenas a las manifestaciones, las llamadas «personas comunes». El clamor por la dignidad, la consigna de esas manifestaciones, sugiere un malestar social generalizado entre la población chilena: la reacción no fue por 30 pesos, sino por 30 años.
Si las causas de los hechos mencionados son endógenas, no existe ninguna razón lógica y analítica para postular que fuerzas ocultas del «eje del mal», constituido por Cuba-Venezuela, estén en acción. De la misma manera, a menos que se adopte un punto de vista ideológico, desprovisto de razón, no se debe esperar un contagio a los países vecinos, salvo que las condiciones estipuladas por Polanyi estén presentes y pongan en marcha el “doble movimiento” y la consiguiente reacción popular al molino satánico.
Las crisis no se limitaron al mes de octubre. A principios de noviembre, América del Sur experimentó la libertad del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil después de más de 500 días en prisión. La puesta en libertad se debe a un cambio en el entendimiento del Supremo Tribunal Federal (STF) sobre la posibilidad de encarcelamiento después de una segunda instancia. En su primer discurso, ya siendo libre, el tono de Lula indicó que volverá a ser el líder de la oposición contra el avance conservador en Brasil.
En Bolivia, hubo cierta fatiga electoral después de tres mandatos consecutivos de Evo Morales. La oposición consideró que al presentarse a las elecciones, el presidente estaba violando las reglas que impedían un nuevo mandato. El resultado: la falta de transparencia en el recuento de votos condujo a la acusación de fraude electoral, opinión respaldada por la Organización de los Estados Americanos (OEA). Siguieron las manifestaciones de la oposición, y las Fuerzas Armadas entraron en escena. El comandante del Ejército, Williams Kaliman, sugirió públicamente que Morales renunciara. Horas más tarde, el presidente dimitió, junto a los demás miembros de la línea de sucesión. Morales acusó a sus dos principales opositores, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, de organizar un golpe de Estado.
Esta inestabilidad en Sudamérica llega en un momento en que no hay instituciones regionales que puedan actuar. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), creada en 2008, fue el foro en el que se planificó abordar estos temas, pero desde abril de 2018 la organización ha estado vacía. Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Ecuador y Guyana se han sumado al proceso de sustitución de Unasur por el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosul) como instrumento de integración regional. De carácter conservador, Prosul prescinde de la institucionalidad y, hasta la fecha, no ha sido utilizado como instancia de integración.
Foto de todosnuestrosmuertos en Foter.com / CC BY-NC-SA
Autor
Coordinadora adjunta del Observatorio Político Sudamericano (OPSA). Miembro del Centro Brasil no Clima (CBC). Doctora en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad del Estado de Rio de Janreiro (IESP/UERJ)
Profesora e investigadora del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Univ. del Estado de Rio de Janeiro (IESP/UERJ). Coordinadora del Observatorio Político Sudamericano (OPSA). Doutora en Ciencia Política por Vanderbilt University.
