Con el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no se ha llegado a un nuevo régimen político nacional. No hay nuevo régimen democrático ni autoritario, no se ha verificado ni una transición al autoritarismo ni a otro tipo de democracia. Tampoco se ha consolidado el régimen democrático ya existente. Hay lo que había: la continuación del deterioro de la democracia. Tal ha sido el efecto político sistémico de un Gobierno que ha empeorado y que se ve más autoritario: más deterioro, sin sustitución propia del sistema de instituciones que definen al régimen. Es falso que se hayan hecho reformas de democratización (reformas ha habido, pero ninguna ha democratizado al régimen político porque no se refieren realmente a ese ámbito —régimen— o porque no se mueven en ese sentido —democracia—).
Examinemos algunos de los deterioros más relevantes.
«El bonillazo”, nombre coloquial de un caso extraordinario: en la provincia de Baja California, un empresario político cercano a López Obrador (Jaime Bonilla) intenta que su gubernatura de dos años, obtenida por elección, sea definitivamente transformada en una de cinco, “ganando” tres años sin proceso electoral (y yendo contra el que lo hizo gobernador), debido a una extraña, tramposa y oscura decisión del Congreso local.
La decisión final, ratificatoria o no, está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Pero el deterioro ya ocurrió y solo podría “estabilizarse” o empeorar. No hay complicación conceptual ni se necesitan eufemismos: lo de Bonilla es un robo; la Corte haría un daño enorme a la democracia si tolera que una mayoría legislativa cómplice establezca que el Ejecutivo se alargue gratuitamente por tres años más.
López Obrador hace lo que otros hicieron, y con agravantes: tres veces en un año y con más agresividad y descaro»
Hablando de la Corte: en un año López Obrador tuvo tres oportunidades de nominación; las tres se convirtieron en designaciones muy cuestionables: dos ministras y un ministro muy cercanos al presidente, pero ninguno jurista destacado ni experto en derecho constitucional. Los casos de las ministras son los más graves: una, Yasmín Esquivel, es esposa de un empresario amigo y colaborador del presidente; otra, Margarita Ríos-Farjat, era jefa de los servicios tributarios federales, es decir, empleada del presidente (fue parte de una terna que incluyó a la viceministra del Interior, lo que habla del proyecto obradorista). Nótese cómo el mandatario nomina a más mujeres que a hombres en un intento por contrarrestar la crítica por proponer a personas sin independencia ni excelencia. Los tres nuevos ministros representan deterioro contra la división de poderes. En vez de reformar antipartidista y prodemocráticamente el artículo 95 constitucional, hace lo que otros hicieron, y con agravantes: tres veces en un año y con más agresividad y descaro.
Otra designación que deteriora al régimen es la de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Con ilegalidades, la mayoría del partido Morena en el Senado nombró a quien el presidente quería: Rosario Piedra, militante real de ese partido, por el que fue candidata a una diputación, entre otras cosas que la hacen una colaboradora de López Obrador y una mala noticia para la comisión. El oficialismo repite con afán justificante que Piedra es familiar de una víctima de violaciones de derechos humanos, pero eso no es mérito profesional ni garantía de nada. Ante el fracaso de tan débil defensa, critican el pasado de la comisión, pero son ilógicos: cualesquiera que sean sus problemas, no se resuelven partidizando.
De modo más general, secundario o indirecto, el proceso de no consolidación democrática (el deterioro democrático se expresa o apoya en otros datos: la pésima relación del presidente con la prensa, la enorme antidemocracia interna de Morena, la continuidad de la corrupción —AMLO insiste en reivindicar al corrupto Manuel Bartlett—, la falta de Estado de derecho y la conservación esencial de la devastadora “guerra contra las drogas”).
Los obradoristas apelan a dos elementos: “consultas populares” y reforma de revocación del mandato (por medio de la consulta popular). Sin embargo, así como ni unas ni la otra son el resultado de una nueva democracia, tampoco apuntan hacia un cambio democrático de régimen. No cualquier cosa nueva que haga un Gobierno nuevo significa cambio de régimen político y, si en este caso, lo denotaran las consultas y “la revocación”, no sería hacia un régimen más democrático.
Las “consultas populares” que ha hecho el obradorismo no son democráticas: son una farsa. Tal como he demostrado, las experiencias más grandes y relevantes (casos Texcoco y Baja California) tuvieron una participación de menos del 2% de los posibles electores y, consecuentemente, dieron menos del 2% del apoyo ciudadano a las opciones gobiernistas (“la ‘democracia’ del menos del 2%. Dos ‘consultas populares’ del obradorismo”. Fuente: Datamex, Instituto Ortega y Gasset, octubre de 2019, ). Son “consultas de ratificación protegida”, no ejercicios de democracia directa ni pasos hacia una mayor y mejor democracia.
La reforma de revocación de mandato es una apuesta: López Obrador calcula que aún tendrá mucha popularidad en 2021, que se traducirá en una mayoría que en una consulta no le revocaría el mandato y lo ratificaría ampliamente. Con esto impulsaría a su partido en la elección intermedia del mismo año y reduciría más el margen de operación de sus opositores. Es todo el fondo intencional de una supuesta gran reforma.
Mario Vargas Llosa dijo que ve en AMLO el riesgo de otra “dictadura perfecta”. El gran escritor peruano siempre ha sido impreciso en el uso de la palabra dictadura sobre México. Sin embargo, no es impreciso que sí hay riesgos de que la democracia mexicana caiga, poco a poco, por acumulación de deterioro y reformas antidemocráticas. No ha sucedido, ni es inevitable, pero tampoco imposible. Es un riesgo por la ruta de los deterioros del primer año obradorista. Si sucede, no será de inmediato y México no se volvería una nueva Venezuela, “regresaría” a una versión del régimen autoritario (no dictatorial) del PRI que formó a López Obrador.
Foto de Eneas en Trendhype / CC BY
Autor
Cientista político, editor y consultor. Ha trabajado en el Centro de Investigación y Docencia Económicas - CIDE (Ciudad de México) y en la Universidad Autónoma de Puebla.
