La tormenta perfecta necesaria para poner en discusión el racismo estructural que afecta los fundamentos de la democracia ciudadana de los Estados Unidos ha comenzado. Las políticas racistas, discriminatorias, y violentas del gobierno de Trump ya habían provocado masivas manifestaciones que dese el año 2017 hasta comienzos del 2019 contabilizaron 27 millones de estadounidenses en las calles según un estudio de Harvard.
Este alto grado de oposición política fue testigo, en los últimos meses, de cómo una enfermedad ponía de rodillas al país mas poderoso del planeta: 25 millones de desempleados, un sistema sanitario ineficiente y colapsado que resultó en la muerte de 115,000 personas. Con una proporción desmedida de muertes afroamericanas, —1 de cada 2,000 de la población total— solo se necesitaba otro acto trágico de injusticia social para detonar una total ebullición.
Durante las ultimas tres semanas la sociedad estadounidense ha sido protagonista de una masiva movilización social a nivel nacional cuyos niveles de participación y protesta no habían sido registrados desde 1968. El detonante fue la muerte por sofocamiento de George Floyd por parte de agentes de la policía de la ciudad de Minneapolis. Floyd fue solamente el ultimo en una seguidilla de afroamericanos asesinados por la policía, en los últimos dos meses, en varias ciudades de Estados Unidos por fuerzas policiales.
Aunque las demostraciones han sido ampliamente pacificas, actos de vandalismo y saqueos, asimismo como la toma de comisarias en varias ciudades, desencadenó el despliegue de la guardia nacional en 25 estados y la imposición del toque de queda en Nueva York, Atlanta, Chicao, Filadelfia, Washington DC, Los Ángeles, Minneapolis, Boston, Austin, Dallas, Denver, entre otras, hasta por una semana en ciertos casos.
parecería que se estaría produciendo un quiebre coyuntural en lo que concierne a la necesidad de acabar con el racismo estructural en el accionar policial y en el sistema jurídico criminal.
Como todo evento sociopolítico, las manifestaciones por la muerte de George Floyd deben ser analizadas como parte de procesos históricos con continuidades y rupturas. En este contexto, y teniendo en cuenta las reacciones de amplios segmentos de la sociedad, los medios, e institucionales estatales, parecería que se estaría produciendo un quiebre coyuntural en lo que concierne a la necesidad de acabar con el racismo estructural en el accionar policial y en el sistema jurídico criminal.
Intentemos, primero, entender si estas protestas verdaderamente son un punto de inflexión. El efervescente racismo de la brutalidad y violencia policial no es un fenómeno nuevo. Si bien los afroamericanos representan el 13% de la población total de los Estados Unidos, ellos representan el 40% de las muertes extrajudiciales (en ciudades como Baltimore o Chicago el porcentaje se eleva a 75-90%), el 70% de las detenciones, el 30% de los arrestos, y el 50% de los convictos. En perspectiva, uno de cada 1,000 afroamericanos es asesinado por la policía (a diferencia de uno de cada 5,000 blancos), y uno de cada tres negros es encarcelado alguna vez a lo largo de su vida, mientras que en el caso de los blancos solo uno de cada 17 es encarcelado. Estas cifras no surgieron a partir del 2017, el racismo es tan antiguo como los Estados Unidos, pero su incidencia en el sistema jurídico-policial creció desde los 70s-80s, disparándose durante la administración Clinton en los 90s, incluso después de una disminución abrupta en delitos violentos, luego de reformas penales y de seguridad.
La organización Black Lives Matter, que ha liderado las recientes protestas, emergió en 2013-2015 para dar fin a la impunidad policial luego de una serie de matanzas de afroamericanos por parte de agentes de seguridad. Aunque BLM tomo cierto protagonismo en 2016, sus iniciativas no habían llegado a resonar a nivel nacional. Eso cambió en las ultimas tres semanas con demostraciones de miles de personas en mas de 2,000 ciudades, en todas las urbes de mas de 50,000 habitantes, y con una participación multicultural y hasta mayoritariamente blanca. La movilización por Floyd es diferente por que ha logrado aprovechar del descontento anti-Trump de los últimos tres años – que aglomera Demócratas liberales y progresistas, e incluso Republicanos moderados- energizado por el desastre sanitario y económico durante la pandemia.
La enorme participación blanca a nivel nacional es lo que también diferencia estas movilizaciones de las anteriores protestas anti-raciales de 1919, 1943, 1955, 1960-68. En todas aquellas, la población afroamericana, en su gran mayoría, era quien tomaba las calles. Inclusive, a diferencia de los saqueos de Detroit de 1968 y de Los Angeles de 1992, los actos vandálicos de estas semanas fueron perpetrados en zonas de alto poder adquisitivo, como Soho y Beverly Hills, y dirigidos contra marcas de lujo, en vez de en barrios afroamericanos o zonas comerciales de clase media baja. De esta forma, estas protestas podrían ser enmarcadas junto con las que tuvieron lugar en Francia, Canadá, Chile, Líbano, Hong Kong y otros, durante 2019, que, si bien tuvieron diferentes orígenes, reflejaban déficits democráticos en cuanto a la igualdad socioeconómica, la representación política, y la inclusión racial.
La identidad misma de los Estados Unidos como un país desarrollado y democrático está en juego. Si bien la segregación legal fue eliminada en 1964-1965, la socioeconómica y policial persiste hasta nuestros días. La sociedad estadounidense necesitó a Trump y una pandemia para darse cuenta.
Foto de Lorie Shaull en Foter.com / CC BY-SA
Autor
Abogado. Doctorando en Sociología e Historia en New School for Social Research (N. York). Especializado en derecho penal internacional, derecho constitucional y derechos humanos. Máster en Estudios Internacionales y Sociología.
