Los acontecimientos políticos de principios de 2026 en Venezuela devolvieron a los venezolanos la esperanza de volver a vivir en democracia y de recuperar las condiciones de vida de un país que, hace pocas décadas, era considerado uno de los más prósperos de América Latina.
En el ámbito económico, esta expectativa parece encontrar respaldo en una disposición favorable de la sociedad hacia la transformación del modelo productivo. Como confirma la última encuesta del Instituto IPSE, realizada entre junio y julio de 2026, la mayoría de los venezolanos apoya reformas que permitan una mayor participación privada en la industria petrolera, principal actividad económica del país. Según el estudio, la mayoría no identifica riesgos relevantes en esta apertura y cree que podría aumentar los ingresos del Estado, ampliar la transparencia y reducir la corrupción.
En el escenario internacional, esta disposición encuentra una oportunidad particularmente relevante. La creciente inestabilidad de la geopolítica energética y la preocupación de Estados Unidos por su seguridad energética a largo plazo coinciden con la necesidad de Venezuela de atraer capital, tecnología y capacidad empresarial para reconstruir su industria de petróleo y gas. Después de décadas de deterioro de PDVSA y de políticas que comprometieron la capacidad productiva del sector, la participación de grandes empresas internacionales será fundamental para recuperar la producción de hidrocarburos en el país.
El problema es que esta oportunidad se presenta en un país marcado por un profundo legado institucional, económico y político del chavismo.
Un pasado que no se puede borrar
Venezuela acumula décadas de un complejo deterioro institucional, una prolongada crisis socioeconómica y política, así como el colapso general de los servicios públicos. En el sector petrolero, se produjo un colapso de la producción después de años de desinversión, una gestión muy deficiente, el deterioro de la infraestructura y el deterioro del clima de inversión.
En la euforia del nacionalismo petrolero de los gobiernos de Hugo Chávez, es imposible olvidar cómo se desincentivó la contribución de las empresas multinacionales a la recuperación de la producción de hidrocarburos en el país y a la viabilidad de la producción en áreas de elevada complejidad, como la «Faja del Orinoco».
También se ignoró el impacto que la ruptura unilateral de los contratos ya firmados y en operación, así como la expropiación de los activos de empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips, generarían sobre la confianza en las instituciones venezolanas.
Los proyectos desarrollados por estas empresas implicaban elevados costos de capital, largos períodos de maduración y capacidades técnicas que, en algunos casos, eran avanzadas para los estándares del sector en aquella época.
El resultado es un entorno empresarial poco atractivo para los inversores privados, principalmente debido a la percepción de que no existe seguridad jurídica en el país para invertir en proyectos de largo plazo.
Reformas en un contexto de opacidad y sin autoridades legítimas
Venezuela es atractiva porque tiene mucho petróleo, por supuesto. El país posee las mayores reservas probadas del mundo y enormes volúmenes de recursos conocidos que, con incentivos regulatorios adecuados, podrían atraer a diversas empresas del sector.
Sin embargo, la forma en que el régimen interino, en estrecha coordinación con Estados Unidos, ha gestionado las reformas ha generado gran preocupación y cuestionamientos sobre las medidas adoptadas.
La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos abrió una ventana inédita para la participación privada, pero dejó elementos preocupantes debido a la preservación de amplias prerrogativas decisorias del Estado.
Aunque la reforma estableció parámetros generales para el régimen fiscal, también preservó un margen para que determinadas condiciones económicas y contractuales sean definidas o ajustadas de acuerdo con las características y la viabilidad de cada proyecto. Esta flexibilidad puede ser necesaria para hacer viables las inversiones en áreas con diferentes niveles de riesgo y complejidad, pero también aumenta la importancia de la previsibilidad para los inversores.
Una parte relevante de las negociaciones para la cesión de activos y áreas se ha llevado a cabo de forma bilateral, con poca información pública sobre los criterios establecidos para la selección de los socios y los términos acordados, sin que, en la práctica, se haya observado de manera sistemática un proceso competitivo y públicamente transparente.
La legitimidad de los actores que están llevando adelante las reformas continúa generando incertidumbre entre analistas e inversores. La presencia, como asesores o interlocutores, de figuras empresariales que estuvieron en el centro de investigaciones y controversias relacionadas con la corrupción, así como la participación de empresas poco conocidas o sin una trayectoria consolidada en el sector, también alimenta las preocupaciones sobre los estándares de gobernanza que acompañarán la apertura de la industria.
Por otro lado, persiste la desconfianza sobre las verdaderas intenciones de Delcy y de los demás líderes del régimen autoritario después de décadas de persecución y estigmatización del sector privado.
Por estas razones, las empresas más reconocidas del sector petrolero todavía se mantienen cautelosas, evaluando los riesgos de entrar o ampliar sus operaciones en el país. El contraste entre los anuncios de nuevas inversiones y su efectiva formalización también merece atención. Hasta el momento en que esta columna fue escrita, solo se ha formalizado un nuevo Contrato de Participación Productiva (CPP) bajo el nuevo marco legal.
A esto se suman los anuncios de un acuerdo que otorgaría a Estados Unidos el control mayoritario sobre más de 65.000 millones de barriles de las reservas probadas de petróleo de Venezuela. Presentado por el Gobierno estadounidense como una asociación con empresas privadas para desarrollar 17 campos petroleros, el acuerdo todavía carece de información pública detallada sobre sus términos económicos, jurídicos y operativos.
La recuperación de la industria petrolera no puede repetir los errores del pasado
Si el objetivo es realmente reconstruir la industria petrolera venezolana sobre bases sostenibles y contribuir a la seguridad energética de Estados Unidos y del hemisferio occidental, la coyuntura actual exige que los actores involucrados prioricen la reinstitucionalización del país, en lugar de acelerar reformas y celebrar acuerdos de gran alcance sin que estén plenamente establecidas las bases institucionales y jurídicas necesarias para sostenerlos.
Para ello, es necesario avanzar rápidamente en la renovación de los poderes públicos y confiar la conducción de las reformas sustanciales a autoridades dotadas de legitimidad democrática para llevar adelante estas iniciativas.
Asimismo, es fundamental que las políticas de apertura al capital privado sean conducidas por instituciones competentes y de acuerdo con las mejores prácticas de transparencia del sector. La experiencia de países como Brasil y Colombia demuestra la importancia de contar con instituciones reguladoras especializadas, dotadas de autonomía y capacidad técnica, y guiadas por procedimientos transparentes para implementar las directrices de la política petrolera.
Bajo la gestión de instituciones serias, la regulación debe garantizar que la cesión de activos o de nuevas áreas al sector privado se realice mediante procesos competitivos, restringidos a empresas que demuestren capacidad técnica y financiera. La selección debe privilegiar las propuestas capaces de maximizar los beneficios para el país, mediante regalías y otras formas de participación gubernamental, dentro de un régimen fiscal competitivo.
Por último, los parámetros fundamentales del régimen fiscal y las demás condiciones esenciales de los contratos deben estar claramente definidos, formalizados y ser conocidos por los inversores antes de la toma de decisiones, reduciendo al mínimo el margen para interpretaciones discrecionales posteriores.
Si el objetivo es que Venezuela vuelva a ser un socio energético relevante y recupere su posición en el mercado internacional, la reconstrucción de su industria debe partir de una lección sencilla, pero fundamental: sin instituciones confiables, no habrá inversiones sostenibles. Y, sin democracia, seguridad jurídica y transparencia, la recuperación de la producción petrolera corre el riesgo de verse atropellada por el resurgimiento de los fantasmas del pasado.
