Tras años de colapso económico, represión sistemática y elecciones abiertamente manipuladas, la salida de Nicolás Maduro del poder el 3 de enero de 2026 se percibe, a primera vista, como una ruptura definitiva con un pasado fallido. Durante más de una década, Venezuela sufrió una de las contracciones económicas más severas registradas en tiempos de paz: entre 2013 y 2021, la economía se redujo a cerca de una cuarta parte de su tamaño original, y aunque hubo una leve recuperación posterior impulsada por el repunte petrolero, esta nunca se tradujo en bienestar generalizado. Para millones de venezolanos, exhaustos por la pobreza, la emigración forzada y la ausencia de horizontes, el fin del madurismo parece cerrar un ciclo histórico iniciado con Hugo Chávez en 1999. Sin embargo, la forma en que se produjo este desenlace —una invasión breve pero extremadamente violenta— obliga a una reflexión más sobria. La historia demuestra que, aunque los regímenes autoritarios pueden caer rápidamente por la fuerza, la construcción de un orden democrático estable es siempre un proceso largo, frágil y profundamente incierto.
No existe duda razonable de que Maduro había perdido el consentimiento popular. La elección presidencial de 2024, ganada de manera contundente por la oposición y respaldada por una recolección rigurosa y digitalizada de más del 80 % de las actas, lo dejó sin legitimidad democrática alguna. La negativa del régimen a reconocer ese resultado confirmó que el poder ya no se sostenía en el voto, sino exclusivamente en la coerción. A esto se sumó un deterioro económico extremo: el salario mínimo oficial cayó a alrededor de 130 bolívares mensuales —menos de un dólar—, incluso los empleados públicos con bonos difícilmente superaban los 100 dólares al mes, y alimentar a una familia costaba varias veces esa cifra. La inflación, que había descendido transitoriamente, volvió a acelerarse, con proyecciones que apuntaban a niveles cercanos al 700 % anual. Cerca de ocho millones de venezolanos abandonaron el país en poco más de una década, convirtiendo el éxodo venezolano en uno de los mayores desplazamientos humanos del mundo contemporáneo fuera de una guerra convencional.
En ese contexto, no sorprende que una parte significativa de la población estuviera dispuesta a respaldar casi cualquier vía que prometiera un cambio rápido, incluida la intervención militar extranjera. La desesperación social reduce el margen para el cálculo político de largo plazo. Sin embargo, la idea de que la caída violenta de un autócrata conduce automáticamente a la democracia es una ilusión peligrosa. Venezuela no es una hoja en blanco.
Durante los años finales del chavismo, el poder se fragmentó entre múltiples actores armados y burocráticos. Altos mandos militares controlaban sectores clave de la economía; los servicios de inteligencia operaban con amplia impunidad; redes de corrupción ligadas al narcotráfico y la minería ilegal se consolidaron; y los colectivos armados se afianzaron en zonas urbanas como fuerzas parapoliciales. A ello se sumó la presencia de grupos armados extranjeros, en particular la guerrilla colombiana del ELN, que llegó a contar con miles de combatientes operando en territorio venezolano bajo una relación de cooperación con el Estado.
El crimen organizado también adquirió una dimensión transnacional. El Tren de Aragua, surgido en Venezuela y tolerado durante años mediante pactos informales, se expandió por América Latina y se convirtió en una de las redes criminales más poderosas de la diáspora venezolana. Funcionarios del régimen se beneficiaron de estas relaciones, que ayudaron a reducir temporalmente los homicidios, pero a costa de fortalecer estructuras armadas autónomas. Ninguno de estos actores desapareció con la salida de Maduro. Por el contrario, una transición súbita y violenta amenaza con romper los equilibrios informales que, aunque perversos, habían contenido una violencia aún mayor, incentivando disputas por territorio, rentas ilegales y poder político.
El riesgo más inmediato se encuentra dentro de las propias fuerzas armadas y de seguridad. Aunque algunos oficiales pueden alinearse con las nuevas autoridades, otros siguen profundamente comprometidos por corrupción, narcotráfico o violaciones de derechos humanos documentadas por instancias internacionales. Un estamento militar dividido —o uno que perciba las reformas democráticas como una amenaza existencial— puede convertirse en un factor permanente de inestabilidad. Sustituir a un caudillo por otro, o por una junta militar que gobierne tras un rostro civil, sigue siendo una posibilidad real.
A estos riesgos internos se suma una dimensión externa inquietante. La operación que puso fin al gobierno de Maduro fue impulsada por una administración estadounidense que, pese a proclamarse «antiguerras», ha demostrado una clara disposición al uso unilateral y expansivo de la fuerza. La invasión no solo plantea serias dudas éticas y políticas, sino también problemas evidentes de legalidad internacional y constitucional. El secuestro de un jefe de Estado extranjero y el uso de la fuerza sin autorización multilateral sientan un precedente peligroso para la región y para el orden internacional.
Las justificaciones ofrecidas —desde el narcotráfico hasta la restauración de la democracia— resultan débiles y selectivas. Venezuela no ha sido un actor central en el flujo de cocaína hacia Estados Unidos, y el énfasis posterior en el acceso a sus vastas reservas petroleras, junto con la reactivación explícita de una versión endurecida de la Doctrina Monroe, revela motivaciones geopolíticas más amplias: reafirmar la primacía estadounidense en el hemisferio y contener la influencia china en América Latina. Las amenazas posteriores contra otros países de la región refuerzan esta lectura.
Lejos de tratarse de una operación quirúrgica con un final claro, ya se observan señales tempranas de deriva hacia la ocupación y el «nation-building.» En un país social y políticamente fragmentado como Venezuela, incluso ejercicios de planificación militar estadounidenses habían advertido que un colapso abrupto del régimen podía derivar en un período prolongado de violencia y caos, con efectos directos sobre la migración regional.
La oposición venezolana, ahora llamada a liderar la transición, debe aprender tanto de su historia interna como de este nuevo contexto. Sus avances más duraderos en las últimas dos décadas no se lograron mediante atajos violentos ni delegando la estrategia en potencias extranjeras, sino a través de elecciones, unidad y negociación. El referéndum de 2007, las legislativas de 2015 y la victoria presidencial de 2024 demostraron que el autoritarismo podía ser derrotado políticamente cuando la oposición actuaba de forma cohesionada.
La elección de 2024, pese a haber sido desconocida por el régimen, fue uno de los mayores triunfos estratégicos del campo democrático. Ese capital moral y político constituye hoy uno de los activos más valiosos del período post-Maduro. Dilapidarlo mediante exclusiones, venganzas o purgas indiscriminadas sería repetir errores ya conocidos.
Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica. El fin del madurismo cierra un capítulo oscuro, pero no abre automáticamente uno democrático. La estabilidad, la justicia y la prosperidad exigirán paciencia, negociación y una transición gradual. La democracia no se impone por la fuerza: se construye lentamente, con instituciones, acuerdos y el arduo trabajo de restaurar la confianza en el Estado. El verdadero desafío de Venezuela comienza ahora.
Como se dice en latín: «Optimus dies post malum imperatorem est primus.» El mejor día después de un mal rey es el primero.
Autor
Investigador asociado en ICAEPA, con sede en Sheffield, Reino Unido. Econmetrista. Consultor de análisis de riesgos, inteligencia empresarial, análisis de la cadena de valor y precios de transferencia.
