La defensa del medio ambiente crece desde el pie

Coautor Leonardo E. Stanley

Desde los inicios de la Revolución Industrial el promedio de las temperaturas se incrementó gradualmente. Sin embargo, al día de hoy nos encontramos ante una situación sin precedentes. En las últimas cinco décadas el aumento se ha acelerado y ha colocado a la humanidad al límite de la seguridad ecológica. Según el Informe publicado en 2018 por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU, de persistir esta tendencia, en menos de diez años podría sobrepasarse el umbral de los 1.5 grados en relación a la temperatura que había antes de la radical transformación de los métodos de producción. Las consecuencias podrían ser dramáticas: la vida en numerosos puntos del planeta se vería afectada y miles de personas deberían migrar.

La urgencia agudiza las contradicciones del sistema productivo y pone en el tapete la pertinencia de abandonar el modelo actual de desarrollo y reconsiderar los costos ambientales de ciertos sectores industriales. El tan mentado “business as usual” ya no es una respuesta válida. Pero quienes se resisten a modificar los comportamientos se encuentran muchas veces protegidos por esquemas jurídico-institucionales creados como trajes a medida para proteger a inversores extranjeros.

En diversas partes del mundo se han gestado movimientos desde la sociedad civil en pos de los derechos ambientales y sociales, lo cual en varios casos implica un riesgo para sus miembros. América Latina y el Caribe sigue siendo la región más peligrosa para los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente. Países como Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay aún no cuentan con protocolos ni políticas que protejan a quienes trabajan en temas de medioambiente, según establece el último Informe de Amnistía Internacional.

Controversias inversor-Estado

Los asesinatos en El Salvador de los defensores ambientales Marcelo Rivera, Felicita Escheverría y Dora Alicia Resinos Sorto—embarazada de 8 meses—se enmarcan en la oposición de la comunidad local contra el proyecto minero PacRim. Este es un caso emblemático y la controversia inversor-Estado está siendo dirimida en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones.

Aun sin poder determinarse los autores de los delitos, la Procuraduría entendió que había indicios para pensar que los homicidios podían tener un origen común, como señala el escrito amicuscuriae presentado por la organización no gubernamental CIEL y que fuera rechazado por el tribunal. Finalmente, el laudo de 2016 fue favorable al Estado y a partir de allí El Salvador se convirtió en el primer país en el mundo en prohibir la minería metálica.

América Latina: cuna de las otras voces

Las voces invisibles en el arbitraje Inversor-Estado van ganando espacio en otros ámbitos. En Colombia, un grupo de 25 niños y jóvenes —entre 7 y 25 años—inició una demanda ante la justicia debido a que sus derechos humanos estaban siendo amenazados por la desforestación de la Amazonia colombiana y el consecuente efecto invernadero.

Con una visión amplia de los derechos humanos, en la sentencia de 2018 la Suprema Corte de Colombia reconoció los derechos de las generaciones presentes y futuras por el perjuicio inminente que genera la desforestación. Esta además consideró a la Amazonia colombiana como una entidad sujeta de derecho.

Otro caso es el del guía de montaña peruano, Luciano Lliuya, quien interpuso una demanda ante los tribunales de Essen, en Alemania, contra la proveedora de electricidad alemana RWE en relación a su responsabilidad en la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. Si bien el tribunal falló en su contra en primera instancia, Lliuya apeló ante el Tribunal Regional Superior de Hamm y se encuentra a la espera de resolución.

La defensa del medioambiente crece desde el pie. En el año 2013, el incumplimiento en el monitoreo de glaciares y descarga de agua al Río Estrecho por parte de la minera canadiense Barrick Gold generó daños ambientales y a la salud de la población local en la frontera entre Chile y Argentina. En la sentencia el Tribunal Ambiental de Antofagasta estableció la clausura total y definitiva del proyecto aurífero Pascua Lama.

En la Corte Constitucional de Ecuador se está dirimiendo otro caso respecto a la explotación del proyecto minero Río Magdalena en el Bosque Protector Los Cedros por parte de la Empresa Nacional Minera. El caso llegó a la Corte Constitucional después de que el fallo en segunda instancia de la Corte Provincial de Imbabura concluyera que no se estaban vulnerando los derechos de la naturaleza. El juicio es particularmente interesante debido a que la empresa minera es estatal y por consiguiente responsabilidad del Estado.

¿Nada nuevo bajo el sol?

En las disputas mencionadas se observan una serie de cambios institucionales, respaldados en las obligaciones asumidas por los Estados en tratados internacionales, que protegen la biodiversidad o los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales. Asimismo, en América Latina se han consolidado cambios a nivel interno. Ecuador y Bolivia han protegido los derechos de la naturaleza a nivel constitucional, Colombia reconoce los ríos como sujeto de derecho, y en Chile el tema se está debatiendo en el seno de la Asamblea Constituyente. 

Los litigios en materia climática no resultan novedosos, sí los argumentos de los demandantes y la mayor receptividad por parte de los tribunales a analizar estos temas. La Corte Suprema del Reino Unido aceptó la demanda presentada por las comunidades Ogale y Bill, de Nigeria, contra la empresa Royal Dutch Shell y la filial nigeriana Shell Petroleum Development Company. En febrero de este año la Corte falló a favor de los demandantes.

Aunque las empresas petroleras no desconocen el efecto nocivo de su actividad, han logrado evadir responsabilidad durante años. La imposibilidad de reconocer el origen de las emisiones frustraba las querellas e impedía actuar contra el cambio climático. Hoy existen datos que brindan mayor precisión, identifican la fuente responsable, el nivel de contaminación y pueden estimar el tiempo que perdurarán los efectos.

Estos mismos conceptos podrían aplicarse a sectores como la desforestación, la contaminación hídrica y la mega minería. Los casos relatados son solo un ejemplo de que la defensa del medioambiente también crece desde abajo y ha comenzado a calar hondo en América Latina y otras partes del mundo. Esas voces, muchas veces olvidadas, son las que cuestionan un escenario internacional donde la actividad industrial genera un daño ambiental que termina afectando a la mayoría.

_{Leonardo Stanley es economista e investigador asociado del Centro de Estudios de Estado y Sociedad – CEDES (Argentina).  Es autor de “Latin America Global Insertion, Energy Transition, and Sustainable Development», Cambridge University Press (2020).}

_{Foto de aguscruiz no Foter.com}