Ecuador es uno de los países de América Latina con mayor afectación por la COVID-19. Además de muerte y desolación, la pandemia ha traído consigo la exposición descarnada de otra de las enfermedades crónicas del país: la corrupción pública. Así, entre coronavirus y delincuentes enraizados en el Gobierno central y subnacional, el país ha debatido profusamente sobre los medios más eficaces para combatirlos en unidad de acto. Sin embargo, y aunque los resultados definitivos aún están por verse, las noticias más halagadoras vienen desde la vertiente sanitaria: Ecuador ha superado parcialmente al virus y se encuentra en franco proceso de retorno a la nueva cotidianeidad.
En cuanto a la otra pandemia, habrá que esperar la acción judicial. Algunos pasos se han dado, sobre todo desde la acción de la fiscal general, pero eso no es suficiente. El largo y tortuoso camino de las cortes de justicia recién ha iniciado y la población cree que la vacuna contra la COVID-19 llegará antes de que una sentencia condenatoria firme en contra de los corruptos. En fin, cuestión de percepciones.
Hasta tanto, la crisis sanitaria que afronta el Ecuador también ha servido para evidenciar la debilidad estructural del Estado. El sector de la salud, por ejemplo, carece de una agenda específica y las políticas públicas. En el sentido de directrices articuladas y coherentes entre diferentes actores e instituciones, son prácticamente inexistentes. A diferencia de otras fatales herencias recibidas por el presidente Lenín Moreno de su antecesor, la precaria situación de la salud pública es una deuda social que viene arrastrándose al menos tres o cuatro décadas atrás. Algo parecido sucede con el sistema de gestión de riesgos. La pandemia ha servido para poner al descubierto que un sector tan importante como este, y que requiere personal sumamente especializado en su dirección, ha sido entregado a personas que, aunque podrían tener buenas intenciones, carecen de conocimientos científicos para el efecto.
Un nuevo intento de reforma del Estado ha sido anunciado por el Gobierno. Sin embargo, si el presidente Moreno no hizo nada al respecto en tres años de gestión, difícilmente procesará tamaño emprendimiento en los meses que le restan»
En medio de las vicisitudes señaladas, un nuevo intento de reforma del Estado ha sido anunciado por el Gobierno. Sin embargo, si el presidente Moreno no hizo nada al respecto en tres años de gestión, difícilmente procesará tamaño emprendimiento en los meses que le restan para dejar el Palacio de Carondelet. Peor aún con una emergencia sanitaria de por medio y con niveles de popularidad similares a los que tuvieron los presidentes Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad o Lucio Gutiérrez en los días previos a sus caídas. En definitiva, el horizonte a corto plazo de Ecuador se ve marcado por el incremento de la conflictividad social que se dará como respuesta no solo al descontento ciudadano ante un jefe de Estado sin orientación política y con nula capacidad de decisión en los temas más trascendentales, sino también como reacción a las medidas de ajuste aplicadas por el Gobierno en los últimos días. La reducción del 16% del sueldo de todos los servidores públicos es solo un ejemplo de lo dicho.
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Así, en una situación que vincula la esperanza que genera la rehabilitación de las actividades económicas y sociales con la desazón que emana de los letales efectos de la COVID-19 y la delincuencia organizada alrededor de diferentes sectores de la administración pública, el país se apresta a un nuevo proceso electoral a inicios de 2021. Difícil y desafiante es, por tanto, la coyuntura que tendrán que afrontar quienes postularán a la legislatura y la Presidencia no solo por la profunda crisis económica que afronta el país, esta sí herencia del gobierno de Rafael Correa, sino también porque las plataformas de los candidatos deberán ser innovadoras y aplicables a una turbulenta realidad.
Más difícil es el ejercicio que les viene por delante a los políticos del país, pues se han acostumbrado de a poco a otorgar menos tiempo a la construcción de ideas, y más, mucho más, a la generación de clientelas políticas financiadas ilícitamente. En resumen, la COVID-19 en pocas semanas ha sido capaz de evidenciar lo que por mucho tiempo se ha mantenido oculto: un Estado incompetente para resolver los problemas ciudadanos básicos y una audacia sin límites para atracar los recursos públicos.
Foto de Asamblea Nacional de Ecuador ed Foter.com / CC BY-SA
Autor
Cientista político. Decano del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO-Ecuador. Georg Foster Fellow en la Fundación Alexander von Humboldt. Doctor en Ciencia Política por FLACSO-Ecuador.
