Ecuador y sus pandemias

Ecuador es uno de los países de América Latina con mayor afectación por el COVID-19. Además de muerte y desolación, la pandemia ha traído consigo la exposición descarnada de otra de las enfermedades crónicas del país, la corrupción pública. Así, entre coronavirus y delincuentes enraizados en el gobierno central y sub nacional, el país ha debatido profusamente sobre los medios más eficaces para combatirlos en unidad de acto. Sin embargo, y aunque los resultados definitivos aún están por verse, las noticias más halagadoras vienen desde la vertiente sanitaria: Ecuador ha superado parcialmente al virus y se encuentra en franco proceso de retorno a la nueva cotidianeidad. En cuanto a la otra pandemia, habrá que esperar a la acción judicial. Algunos pasos se han dado, sobre todo desde la acción de la Fiscal General, pero aquello no es suficiente. El largo y tortuoso camino de las cortes de justicia recién ha iniciado y la población cree que la vacuna contra el COVID-19 llegará antes que una sentencia condenatoria firme en contra de los corruptos. En fin, cuestión de percepciones.

Hasta tanto, la crisis sanitaria que afronta el Ecuador también ha servido para evidenciar la debilidad estructural del Estado. El sector de la salud, por ejemplo, carece de una agenda específica y las políticas públicas, en el sentido de directrices articuladas y coherentes entre diversos actores e instituciones, son prácticamente inexistentes. A diferencia de otras fatales herencias recibidas por el presidente Moreno de su antecesor, la precaria situación de la salud pública es una deuda social que viene arrastrándose al menos tres o cuatro décadas atrás. Algo parecido sucede con el sistema de gestión de riesgos. La pandemia ha servido para poner al descubierto que un sector tan importante como este, y que requiere personal altamente especializado en su dirección, ha sido entregado a personas que, aunque podrían tener buenas intenciones, carecen de conocimientos científicos para el efecto.

un nuevo intento de reforma del Estado ha sido anunciado por el gobierno. Sin embargo, si el presidente Moreno no hizo nada al respecto en tres años de gestión, difícilmente procesará tamaño emprendimiento en los meses que le restan

En medio de las vicisitudes señaladas, un nuevo intento de reforma del Estado ha sido anunciado por el gobierno. Sin embargo, si el presidente Moreno no hizo nada al respecto en tres años de gestión, difícilmente procesará tamaño emprendimiento en los meses que le restan para dejar el Palacio de Carondelet. Peor aún con una emergencia sanitaria de por medio y con niveles de popularidad similares a los que tuvieron los presidentes Bucaram, Mahuad o Gutiérrez, en los días previos a sus caídas. En definitiva, el horizonte de corto plazo de Ecuador se ve marcado por el incremento de la conflictividad social que se dará como respuesta no sólo al descontento ciudadano ante un Jefe de Estado sin orientación política y con nula capacidad de decisión en los temas más trascendentales, sino también como reacción a las medidas de ajuste aplicadas por el gobierno en los últimos días. La reducción de 16% del sueldo de todos los servidores públicos es sólo un ejemplo de lo dicho.

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Así, en un escenario que vincula la esperanza que genera la rehabilitación de las actividades económicas y sociales con la desazón que emana de los letales efectos del COVID-19 y la delincuencia organizada alrededor de diversos sectores de la administración pública, el país se apresta a un nuevo proceso electoral a inicios de 2021. Difícil y desafiante es, por tanto, la coyuntura que tendrán que afrontar quienes postularán a la legislatura y la presidencia no sólo por la profunda crisis económica que afronta el país, esta sí herencia del gobierno de Rafael Correa, sino también porque las plataformas de los candidatos deberán ser innovadoras y aplicables a una turbulenta realidad. Más difícil es el ejercicio que les viene por delante a los actores políticos del país pues se han acostumbrado de a poco a otorgar menos tiempo a la construcción de ideas y más, mucho más, a la generación de clientelas políticas financiadas ilícitamente. En resumen, el COVID-19 en pocas semanas ha sido capaz de evidenciar lo que por mucho tiempo se ha mantenido oculto: un Estado incompetente para resolver los problemas ciudadanos básicos y una audacia sin límites para atracar los recursos públicos.

Foto de Asamblea Nacional de Ecuador ed Foter.com / CC BY-SA

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