Desde noviembre se ha confirmado diariamente en América, que es ahora el epicentro de la pandemia, una tendencia creciente en el número de nuevos casos y muertes por COVID-19. El curso letal continúa en la región, que alberga más de la mitad de los casos y muertes del mundo, y los Estados Unidos y Brasil, lamentablemente, lideran esta triste estadística. Desde el comienzo de la pandemia hasta el 12 de diciembre se registraron alrededor de 30 millones de casos y 800.000 muertes. Estas cifras incluyen los 14 millones de casos y 500.000 muertes registradas en América Latina. Brasil está cerca de 200.000 muertes y 8 millones de casos. Pero todas estas cifras, hemisféricas, subregionales y nacionales, son ciertamente más altas, porque el acceso a las pruebas es reducido y muchas muertes aún no han sido confirmadas.
¿Por qué la América Latina ha sido tan intensamente golpeada por la pandemia? En primer lugar, debido a la grave pobreza en la que vive una gran parte de la población. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha estimado que la pobreza, que ha estado aumentando desde 2017, ha pasado de 185,5 millones en 2019 a 230,9 millones en 2020, lo que supone un incremento de 45,4 millones de personas (Figura 1). Esto significa que hoy en día el 37,7% de la población latinoamericana vive en la pobreza.
Figura 1. Población en situación de pobreza de América Latina (18 países)
2019-2020
Fuente: Cepal (2020)
Además, la misma institución proyecta que el coeficiente de Gini aumentaría entre el 1% y el 8% y que las principales economías de la región mostrarían los peores resultados.
Además de la desigualdad de ingresos, la pandemia de la COVID-19 también abrió otras dimensiones de desigualdad en América Latina: los pobres, los negros, los indígenas, los habitantes de las periferias, los barrios marginales, los quilombos y las aldeas se ven más afectados por la enfermedad que otros. Está muy claro que, con la pobreza y la desigualdad, la vulnerabilidad de la población también crece de manera asombrosa: cuanto más pobres, más susceptibles son de enfermarse de COVID-19 y mayor es la fatalidad, es decir, las muertes por caso.
Las autoridades sanitarias (y los dirigentes nacionales) de los países están asombradas y a menudo están perdidas y no logran actuar de forma eficaz para mitigar o atenuar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas causadas por la pandemia. En Brasil, y quizás en México, la situación es aún más caótica, con la postura negativa de los respectivos presidentes y la abierta incompetencia del Ministerio de Salud.
No obstante, se están formulando muchas propuestas para hacer frente a esta desastrosa situación de manera heterogénea tanto a escala nacional y regional como en los acuerdos subregionales de los países.
La diplomacia sanitaria regional en las respuestas multilaterales y plurilaterales
Las sesiones especiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA) son raras: desde la creación de la ONU en 1945, solo se han celebrado 30 sesiones de este tipo. La sesión número 31 se realizó de forma virtual los días 3 y 4 de diciembre y tuvo como tema la pandemia de la COVID-19. A los debates asistieron el secretario general, António Guterres, los presidentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo Económico y Social, el presidente del Consejo de Seguridad y el presidente del Movimiento de los Países No Alineados, que propuso la sesión. Más de 90 jefes de Estado hablaron durante el debate general.
El segundo día se celebraron tres paneles: 1) la respuesta del sistema de las Naciones Unidas a la COVID-19; 2) el camino hacia la vacuna contra la COVID-19: un bien público mundial; 3) la resistencia y la recuperación para mejorar la COVID-19. En todos ellos, la figura común era el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom. El mensaje central fue que la comunidad internacional debe reforzar la lucha contra la pandemia y buscar la recuperación, que debe provenir del compromiso mundial e individual de los países con la aplicación del Programa de Desarrollo Sostenible de 2030 (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2020: Alcázar, Galvão y Buss, 2020).
En el mismo período, los acuerdos plurilaterales, como el G20 y el Brics, también se reunieron con la COVID-19 como tema prioritario. En el blog del Centro Fiocruz de Estudios Estratégicos (CEE) se publicaron artículos centrados en estas dos cumbres y en los que se detallaban los principales debates y sus conclusiones.
La semana anterior a la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Asamblea Mundial de la Salud se reunió virtualmente para finalizar la sesión que empezó en mayo de 2020, y obviamente la pandemia de la COVID-19 volvió a ser el tema prioritario del programa, sin dejar de aprobar un importante conjunto de resoluciones sobre otros aspectos del programa mundial. Los Estados miembros reiteraron los términos de la resolución única de la sesión de mayo de 2020 de la AMS sobre la COVID-19 y debatieron la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional, sin que, sin embargo, para nuestra sorpresa, se estableciera un proceso para un examen exhaustivo de lo que funcionaba y lo que no funcionaba en relación con lo que se esperaba del reglamento.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS), que reunió el 10 de diciembre a todos los ministros de Salud de las Américas, examinó las formas de hacer que la distribución de vacunas en la región sea equitativa»
El brazo hemisférico de la OMS, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que reunió el 10 de diciembre a todos los ministros de Salud de las Américas, examinó las formas de hacer que la distribución de vacunas en la región sea equitativa, incluyendo el mecanismo del Fondo de Vacunas, que existe desde hace muchos años con una gran eficiencia en la organización.
De forma conjunta, la Cepal y la OPS se manifestaron a principios de julio de este año, con el documento Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y resumir el camino hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. Desde entonces, ambas instituciones han señalado que, si no se controlaba la curva de contagio de la enfermedad, no sería posible reactivar las economías de los países y de la región en su conjunto. También indicaron que tanto la lucha contra la pandemia como la reapertura económica requerían un liderazgo eficaz y dinámico de los Estados mediante políticas nacionales que integraran las políticas económicas, sociales y sanitarias. Desde entonces, el documento abogó por un aumento del gasto fiscal para controlar la pandemia y promover la reactivación y la reconstrucción, además de ser más eficiente y equitativo, de modo que el gasto público en salud alcanzara al menos el 6% del PIB.
A continuación se presentaron otras propuestas de la Cepal en el ámbito económico y social, entre ellas el documento de posición presentado a los Estados miembros en el 38.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Período de sesiones de la Cepal: «Construir un nuevo futuro: una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad».
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), por su parte, bajo la presidencia de México, trató de colocar el tema de la COVID-19 en la agenda del debate latinoamericano, pero sin mucho éxito. Brasil, por otra parte, player histórico regional, ha renunciado a todas las reivindicaciones de liderazgo en relación con la pandemia en la agenda regional y no ha mostrado ninguna voluntad de participar activamente en la configuración del mundo después de la pandemia. De hecho, Brasil, e incluso México, no han sido los mejores ejemplos en el enfoque de la epidemia en sus territorios.
En un reciente artículo publicado en L21, Nolte hace un análisis muy apropiado de los efectos secundarios de la COVID-19 en la integración de Latinoamérica. Señala que «la crisis de Covid-19 ha expuesto despiadadamente los déficits estructurales del regionalismo latinoamericano. Una crisis también puede ser una oportunidad. Pero esto requiere liderazgo y una agenda común». Para el autor, a diferencia de la Unión Europea, no existe un liderazgo suficientemente fuerte en América Latina (ya sea singular o compartido) que pueda promover proyectos regionales o poner fin a la parálisis que sufren algunas organizaciones regionales.
En el Mercosur, los presidentes Jair Bolsonaro y Alberto Fernández se reunieron a principios de diciembre para recuperar los lazos que se han debilitado por asuntos políticas e ideológicas y priorizar temas de interés común para ambos países. Paralelamente, el 3 de diciembre se realizó la LXVII Reunión de Ministros de Salud del Mercosur, que dio como resultado cuatro declaraciones: 1) sobre la importancia de garantizar la salud ambiental y laboral en el contexto de la pandemia; 2) sobre la asistencia alimentaria a poblaciones vulnerables en el marco de la COVID-19; 3) sobre el control del tabaco y la COVID-19; y 4) sobre el mecanismo COVAX de la OMS.
También alienta el apoyo al mecanismo COVAX de la OMS para garantizar que la capacidad de pago de los países no se convierta en un obstáculo para el acceso a las vacunas contra la COVID-19″
También alienta el apoyo al mecanismo COVAX de la OMS para garantizar que la capacidad de pago de los países no se convierta en un obstáculo para el acceso a las vacunas contra la COVID-19, situación que dejaría a muchos países de las Américas desprotegidos y llevaría a que esta pandemia durara más de lo necesario, y propone una representación de los países del Mercosur en los órganos de gobierno de ese mecanismo. En esa ocasión, Uruguay pasó la presidencia pro tempore del Consejo a Argentina.
El Prosul creó cinco mesas de trabajo para hacer operativos los compromisos establecidos por los presidentes: migración y fronteras; compras conjuntas; acceso a créditos internacionales; epidemiología y disponibilidad de datos; y tránsito de mercancías, que se encuentran en una fase preliminar de acción.
Para la CEPAL (2020; 2020a), a fin de hacer frente a la crisis sanitaria y a sus graves efectos sociales y económicos, «será necesario que una amplia variedad de actores construya pactos políticos y sociales para lograr la protección social y sanitaria universal, reorientando el desarrollo sobre la base de la igualdad y las políticas fiscales, industriales y ambientales hacia la sostenibilidad».
Al fin y al cabo, se trata de una propuesta de «un Estado de bienestar que garantice el acceso universal a la salud, una fiscalidad redistributiva, el aumento de la productividad, una mejor prestación de los bienes y servicios públicos, la gestión sostenible de los recursos naturales y el aumento y la diversificación de las inversiones públicas y privadas». Con ese fin, «la solidaridad regional e internacional debe contribuir a construir sobre valores comunes y responsabilidades compartidas para el progreso de todos».
Como se desprende de lo anterior, todas las organizaciones multilaterales y plurilaterales de América Latina han establecido acuerdos en torno a un enfrentamiento que podría decirse que es parte integrante de la COVID-19. Son excelentes noticias. Con este arsenal de declaraciones y resoluciones, se da la base política necesaria. El poder público tiene responsabilidades intransferibles; solo un Estado transformado, con Gobiernos comprometidos, una gobernanza adecuada y la movilización de la sociedad civil, podrá trascender la retórica de estas manifestaciones y encontrar los mecanismos nacionales y subregionales para llevarlas a la práctica, así como la financiación de medidas sociales, políticas y sanitarias imprescindibles e impostergables.
Episodio relacionado de nuestro podcast:
Foto de la colección de fotos del Banco Mundial en Foter.com / CC BY-NC-ND
Autor
Profesor Emérito de la Fundación Oswaldo Cruz - Fiocruz (Rio de Janeiro). Director del Centro de Relaciones Internacionales en Salud (CRIS) en dicha institución. Miembro Titular de la Academia Nacional de Medicina de Brasil.
